Una persona mayor en un pasillo de una residencia. Foto: 65ymas
Una persona mayor en un pasillo de una residencia. Foto: 65ymas

La Plataforma Social de Valladolid exige a la Junta de Castilla y León que modifique el Decreto de funcionamiento de las Residencias de personas mayores cuya anulación ha sido recientemente ratificada por el Tribunal Supremo. Para el colectivo, los varapalos judiciales "deberían ser suficiente motivo para que la Junta realice una modificación profunda del Decreto que regula el funcionamiento de las Residencias y Centros de Día para personas mayores".

"Desde la Consejería de Familia se insiste en que la sentencia solo afecta a cuestiones de forma, cuando la realidad es que el frustrado Decreto supone un recorte en los medios para atender a las personas mayores, en la medida que elimina la exigencia para que las Residencias dispongan de profesionales que garanticen la adecuada atención. Se suprime la obligación de que las mismas dispongan de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, animadores socioculturales, psicólogos..., así como la reducción de forma muy significativa del personal sanitario. Deja a voluntad de los empresarios de cada Centro residencial los profesionales que debe disponer cada uno de ellos", valora el colectivo.

Desde la Plataforma Social se demanda al nuevo Gobierno de Castilla y León formado por el PP y Ciudadanos que "anteponga los intereses de las personas mayores, a los de los propietarios de las Residencias". "No parece lógico que se empeñe en mantener el frustrado Decreto, que sólo es apoyado por las Asociaciones de Empresarios de Residencias", consideran.

Según Jorge Félix Alonso, portavoz de la Plataforma Social, “es un sarcasmo hablar de la atención centrada en la persona cuando no se le garantizan todas las prestaciones que necesita”. Del Programa “En mi casa”, sólo queda el nombre, denuncia.

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