Vista aérea del Plan Parcial Villa del Prado.

La Diputación de Valladolid está vendiendo suelos destinados a VPO para construir vivienda libre en Villa del Prado. Esta es la denuncia que ha realizado hoy y que está dispuesto a trasladar a los tribunales el alcalde en funciones y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid Manuel Saravia tras constatarse el desencuentro con la institución provincial por un contencioso que tiene origen en el año 2000 y por el cual ambas instituciones se reclaman el pago de alrededor de 5 millones de euros.

"Hay que indicar que la propia Diputación, que en sus escritos al juzgado califica al Ayuntamiento con expresiones desdeñosas (habla de “dejadez municipal”, dice que utiliza “argumentos engañosos”), está incumpliendo la obligación de vender sus suelos con el destino de viviendas protegidas, y no libres, como lo está haciendo; como se pone de manifiesto en el Escrito de Conclusiones presentado por el letrado del Ayuntamiento el pasado 2 de julio", ha recordado el concejal de Urbanismo tras haber mantenido una infructuosa reunión en busca de acuerdo con el presidente de la Diputación Conrado Íscar.

Se plantean diferencias por la valoración de las parcelas aportadas por la Diputación, en virtud del convenio. Y discrepancias también en cuanto a las bases legales del sistema de cooperación y otras previsiones del convenio de 2000. Unas desavenencias que implican un conjunto muy amplio de debates jurídicos y técnicos muy especializados, según el consistorio.

"La Diputación hace reproches al Ayuntamiento por la aprobación de una liquidación favorable al mismo en 4,7 millones de euros. Una liquidación que ha llevado al contencioso, argumentando que es el Ayuntamiento quien debe a la Diputación 5,8 millones", según resume Manuel Saravia, quien entiende que los argumentos a la institución provincial avalan, precisamente, la conveniencia de un pacto: "El portavoz de la Diputación, Agapito Hernández, dice que no se puede llegar a un acuerdo que contradiga los informes de sus técnicos, porque sería actuar en perjuicio de la Corporación provincial. Pero de la misma forma tampoco se podría llegar a un acuerdo en contra de los informes técnicos municipales. Pero en eso consisten los acuerdos. En pensar que se tiene razón, pero se cede y se busca la conformidad con la otra parte"

El procedimiento judicial, a pesar de que está listo para que probablemente en septiembre se dicte sentencia, no se declara “concluso”, con lo que permite la conciliación o “acuerdo que ponga fin a la controversia”. Tal conciliación podría darse “en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia”, recuerda el concejal.

La propuesta que el Ayuntamiento ha presentado a la Diputación consistía en suscribir un acuerdo por el que ambas partes renunciasen a reclamar cantidad alguna a la otra administración, entendiendo que el mismo pacto supondría una ventaja para ambas administraciones, y el posible perjuicio de una redundaría en beneficio de la otra; ambas administraciones públicas. De manera que se trataría de una solución que no sería “manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico ni lesiva del interés público o de terceros”, como exige la misma ley antes citada para admitir la desaparición pactada de la controversia.

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