Antena de Telefonía. Foto: UOC
Antena de Telefonía. Foto: UOC

El Defensor del Pueblo se ha pronunciado sobre el Plan de Implantación del 5G tras la denuncia presentada por la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE) y la conclusión es clara: La implantación de la tecnología 5G en España no ha sido objeto de evaluación ambiental previa por parte de las autoridades. No se ha hecho oficialmente una evaluación ambiental previa del Plan ni de los proyectos piloto que derivan del mismo y tampoco se ha justificado la negativa del Ministerio de Economía y Empresa a hacerla a pesar de que diversas asociaciones lo solicitaron durante el trámite de información pública del Plan.

En una resolución firmada por Francisco Fernández Marugán y fecha de salida del 21 de agosto, el Defensor del Pueblo destaca que el Ministerio, a través de su Secretaría de Estado para el Avance Digital, ha ignorado diversos artículos de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, evitando consultar el borrador del Plan 5G y los borradores de los proyectos piloto 5G al órgano ambiental correspondiente. Además, como reconoce el Defensor del Pueblo, en los proyectos piloto que se están llevando a cabo se va a utilizar una banda de frecuencias para la cual aún no se han fijado los límites de exposición seguros, lo que es algo totalmente opuesto al principio de precaución. Por todo ello urge a que de una vez por todas se constituya la Comisión sobre Radiofrecuencias y Salud, prevista desde hace más de cinco años en la Ley General de Telecomunicaciones.

Enrique Ríos, Ángel Bayón y Asún Laso, durante la rueda de prensa. Foto: José Galindo
Enrique Ríos, Ángel Bayón y Asún Laso, durante una rueda de prensa de AVAATE. Foto: José Galindo

El Defensor del Pueblo considera que el Plan Nacional 5G no ha tenido en cuenta los aspectos ambientales del mismo y no los ha valorado ni siquiera a los efectos de justificar que no era exigible una evaluación reglada del mismo al amparo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la a la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa recordando el deber legal de “Someter los planes y proyectos en materia de telecomunicaciones a evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental respectivamente, cuando reúnan los requisitos establecidos en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental”.

También ha reiterado su sugerencia de que se elabore conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el proyecto de reglamento por el que debe regularse la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, y que se apruebe por el Consejo de Ministros. Una vez constituida ha pedido que se someta a consulta de la citada Comisión la forma de proceder respecto de la aplicación del principio de precaución en el desarrollo de proyectos que impliquen el uso de la banda de 26 GHz, en tanto no se determinen los límites seguros de exposición a emisiones radioeléctricas exigibles para dicha frecuencia.

Por último ha solicitado a la Secretaría de Estado que informe de las medidas adoptadas para evaluar los posibles efectos sobre la salud que pudieran derivarse de los proyectos piloto 5G en Andalucía y Galicia, si se ha consultado a dichas Comunidades sobre estos proyectos y si se han adjudicado o se van a adjudicar otros nuevos durante el ámbito de aplicación temporal del Plan Nacional 5G.


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