Rafael Delgado, a la derecha, junto a su abogado, camino de los juzgados. Foto: Jorge Ovelleiro
Rafael Delgado, a la derecha, junto a su abogado, camino de los juzgados. Foto: Jorge Ovelleiro

La Audiencia Provincial de Valladolid ha rechazado los recursos presentados por los imputados en el caso Perla Negra: la cúpula de la Consejería de Economía que durante años dirigió el fallecido Tomás Villanueva, con los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández al frente, y distintos empresarios.

Según la Audiencia, el auto de imputación dictado en su día “contiene todos los elementos requeridos jurisprudencialmente para ser considerado ajustado a derecho”. Según la sala, en el citado auto de imputación de forma “pormenorizada, detalladísima, concienzudamente, se desgranan en los hechos que deben ser objeto de enjuiciamiento, respecto a cada uno de los investigados, delimitan dolos adecuadamente, y todo ello de forma indiciaria, racionalmente”.

“La investigación es clara, no es definitiva porque no puede serlo, pero se efectúa como decimos, una relato absolutamente pormenorizado de qué hechos se entienden cometidos y por quien, y no solo eso, sino que, efectuando un análisis certero de probabilidad, como se exige por el Tribunal Supremo, se hace referencia a informes policiales, del Grupo de Delincuencia económica de la BPPJ, informes de la IGAE e información sobre cuestiones relativas a la ocupación de cargos y facturación de la Junta de Castilla y León”, se indica en la resolución de la Audiencia rechazando los recursos.

En este caso se investiga la compra del edificio de Soluciones Empresariales que fue sede de la antigua ADE y la compra de terrenos en Portillo para el desarrollo de in parque que no se llegó a desarrollar y a los investigados se les imputan delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho.

Entre los 12 procesados que se sentarán en el banquillo (el ex consejero Tomás Villanueva también se apunta como responsable, pero ya ha fallecido) se encuentran los exviceconsejeros de Economía y Empleo, Rafael Delgado y Begoña Hernández ya citados, Juan Carlos Sacristán Gómez, Salvador Molina Martín, Francisco Armero Gutiérrez, Carlos González Maestro y Luis Ángel Rodríguez Herrero, así como los promotores Luis Antonio Recio García, Ángel Román Montes López y Germán José Martín Giraldo, además de Alberto y Francisco Esgueva.

Según el juez instructor, en resumen, “para favorecimiento de la empresa adjudicataria”, ésta recibió “información privilegiada de los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo”, luego se derivó la operación a la empresa pública GESTURCAL “sin ningún tipo de justificación porque era una sociedad pública de más difícil control administrativo y sin ser parte del objeto social de la misma”. “Tras diversas vicisitudes y pese al incumplimiento de las condiciones relacionadas con los informes de tasación se firman dos contratos de arrendamiento y finalmente un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera”, se relata en el auto que pone de manifiesto que “no constan informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía. Tampoco existe informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación. No existe justificación alguna para reducir el periodo de licitación a quince días ni tampoco existe justificación para que siete días después de fallida la operación en la ADE se derive la cuestión al consejo de administración de GESTURCAL. Para esta, se trata de una operación que al margen de ser ajena a su objeto social no se ajusta a los principios orientadores de la gestión económica-financiera que afecta a las empresas públicas de la comunidad pues ni existe un previo análisis de la legalidad, sino una precipitada derivación de la operación, ni existió una separación de funciones al ser los dirigentes del consejo de administración los responsables de parte de la tramitación de los expedientes, ni existió objetividad ni transparencia, ni eficacia ni eficiencia económica”, señala el juez, que entiende que “existe un grave problema legal en la encomienda de gestión entre la Consejería de Economía y Empleo y GESTURCAL”.

El auto es contundente al señalar que todo ello, originó “graves problemas económicos y perjuicios tanto a GESTURCAL como al erario al ser sociedad participada públicamente, como a la propia Consejería de Economía y Empleo. Así, al margen de los problemas con el precio del alquiler y con el precio de la compra en relación con las diversas tasaciones realizadas y que se han verificado en esta instrucción, se añade el análisis de toda una serie de facturas abonadas, análisis que remitiéndonos a todas las consideraciones del informe de 4/12/2015 de la IGAE, pueden resumirse del modo siguiente: Hay unas facturas de los años 2008 y 2009 en concreto, facturas 103/2008, 104/2008, 108/2008, 103/2009, 104/2009 y 110/2009 que suman un importe de 5.267.661,43 € abonadas por GESTURCAL a URBAN PROYECTA autorizadas y ordenadas fundamentalmente por Rafael Delgado , si bien Begoña Hernández también autoriza la factura 108/2008 y firma la conformidad con la factura 103/2009 (…) que son facturas cuyo pago es improcedente, que suponen un mayor precio del edificio y que alguna incluso se paga antes de la recepción de las facturas”.

“Existe otra factura 105/2009 por importe total de 4.512.066 € por imputación de carga financiera cuyo abono se autoriza por el citado consejero delegado sin justificación alguna en el contrato o en la escritura pública, incluso no coincidiendo su cuantía con los certificados de las entidades financieras y que supone un nuevo incremento del precio que no correspondía pagar” se llega a indicar antes de apuntar que “también se añaden facturas de los años 2008 al 2010 relativas a obras menores y alguna de servicios que deberían formar parte del proyecto inicial y que suponen mayor valor del edificio. Existen también otras facturas abonadas a PARQUEOLID como la factura 2 y 26 del 2009 con conceptos genéricos sin respetar la legalidad para ese tipo de gasto y que parece mayor precio del inmueble pagado de forma encubierta existiendo indudable relación entre PARQUEOLID PROMOCIONES y URBAN PROYECTA”.

En cuanto a la compra de los terrenos de Portillo que también forma parte de este caso, el juez apunta que “en definitiva, la operación se realizó, aprovechando la estrategia de desarrollo de suelo tecnológico y empresarial por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para favorecimiento de las empresas relacionadas directa o indirectamente con el primero, con URBAN PROYECTA y con Alberto Esgueva, que fue una operación que además de tener aspectos de ilegalidad no se ajustó a los principios de responsabilidad en la gestión ni de eficiencia o eficacia suponiendo un mayor endeudamiento para ADE PARQUES en contra del principio de estabilidad financiera”.

“Como ya hemos expuesto, la utilización de personas jurídicas interpuestas en las operaciones encareció las mismas sin aportar valor añadido alguno. Todas estas fincas tienen la consideración de rústicas, habiendo sido adquiridas por la empresa pública en tal condición. El precio total abonado por las diversas sociedades mercantiles interpuestas y relacionadas ha sido muy inferior al que la empresa pública paga. El aumento de precio más relevante se produce en el caso de Urban Proyecta”, apunta el juez en su auto aura ratificado por la Audiencia.


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