Imagen de archivo de una movilización de funcionarios en Valladolid. Foto: úC
Imagen de archivo de una movilización de funcionarios en Valladolid. Foto: úC

El juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Valladolid ha dictado un auto por el que estima la pretensión de los letrados de la Junta de dejar en suspenso la resolución de un recurso hasta que no se aclare la legalidad del catálogo de puestos tipo y la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración Autonómica. Este auto, según portavoces de la Plataforma de Funcionarios en Defensa de lo Público supone en la práctica que el concurso de traslados ya resuelto y solo pendiente de publicación en el BOCyL “acabará siendo anulado”.

En este auto la juez concluye, como ya hizo en la sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo 3 de Valladolid el 20 de marzo de 2018, que “si no hay catálogo, no hay RPTs válidas ni modificaciones tampoco, ni, en suma, puestos a ofrecer al concursante”, existiendo “una evidente vinculación causal entre el referido Catálogo y RPTs y las resoluciones que ahora se impugnan, de tal manera que, de continuar con la tramitación del presente procedimiento sin esperar a la decisión de la Sala en los recursos mencionados, se podría llegar a dictar sentencias contradictorias”.

Es por ello que los funcionarios consideran que este pronunciamiento judicial supone la puntilla al concurso de traslados que la Junta se empeñó en sacar adelante y que ya ha sido resuelto estando ahora solo pendiente de publicación en el BOCyL. “Con este auto, el consejero no va a publicar la resolución de un concurso que cuelga del catálogo de puestos tipo y la RPT que se cuestionan”, aseguran los responsables de Pladepu.

El auto judicial “estima la pretensión de suspensión del curso de las presentes actuaciones en tanto finalice o se resuelvan los procedimientos seguidos ante la Sala de lo contencioso del TSJ de Castilla y León en los PO números 1608/2018 y 322/2019” y “deja sin efecto el señalamiento de vista fijado para el próximo día 26/noviembre/2019” para resolver el recurso presentado por los letrados de la propia Administración autonómica.

La falta de resolución firme de esos procedimientos explicaría, sgún los funcionarios consultados por últimoCero, las reticencias del consejero a publicar la resolución definitiva del concurso de traslados, ante el temor de que futuros pronunciamientos judiciales acabaran anulándolo, como todo parece indicar.

El sindicato CSIF inició la semana pasada una campaña para exigir al consejero de Presidencia Ángel Ibáñez que publique ya en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución definitiva del concurso de traslados en el que se adjudicarán 2.700 plazas del organigrama de la Administración Autonómica.

A través de una carta tipo, los funcionarios reclaman la publicación oficial a la mayor brevedad posible y advierten al consejero de que una vez firmada la propuesta de resolución definitiva el pasado 3 de octubre, la aparición en el BOCyL de los listados “es un acto debido y si la administración, a sabiendas de la obligación legal de publicar, decidiera mediante una resolución arbitraria no hacerlo, sería prevaricar (prevaricación por omisión impropia) y semejante conducta supondría una infracción penal”.

En la misiva también se indica que la Junta no se puede amparar en futuras vistas judiciales para no publicar la resolución definitiva del concurso “puesto que ya existe un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Valladolid en el que colegio profesional de ICCP impugna el concurso abierto y permanente de funcionario pidiendo la suspensión cautelar del mismo y el juzgado falla denegando esa medida cautelar solicitada”.

Sin embargo, tras conocerse este nuevo auto judicial, la Plataforma en Defensa de lo Público entiende que lo que hayq ue hacer es “anular todo lo que se ha hecho mal hasta ahora y volver a la situación de 2017, antes de que se aprobara el catálogo de puestos tipo y la nueva RPT para que el concurso que finalmente se convoque oferte todas las plazas”.


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