Un momento d ela actuación del policía que será juzgado el próximo lunes en Valladolid acusado de mentir.
Un momento d ela actuación del policía que será juzgado el próximo lunes en Valladolid acusado de mentir.

La Asamblea de Afectados por la brutal carga policial que se registró el 2 de febrero de 2014 a las puertas de un conocido restaurante del centro de Valladolid en el que se encontraban destacados dirigentes del PP con motivo de la celebración en Valladolid del congreso nacional de partido ha convocado una concentración, a las puertas de la Audiencia Provincial,  el próximo lunes a las 9,30 horas con motivo del juicio al agente de policía que mintió durante el juicio en el que fueron absueltos tres de los participantes en la movilización que resultaron detenidos y multados.

“Durante los años posteriores la historia nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio: los largos procesos judiciales han venido dando la razón a las personas que fuimos agredidas y detenidas fuimos absueltos de todos los cargos de los que se nos acusaba e incluso el Ministerio del Interior fue condenado a indemnizarnos por la incorrecta actuación policial de la que fuimos víctimas. Durante el procedimiento, el mismo juez que absolvió a los manifestantes, expresó la posibilidad de interponer una denuncia por falso testimonio contra uno de los agentes dado que él entendió que estaba mintiendo flagrantemente en sede judicial. Desde la Asamblea de Afectad@s del 2F recogimos ese guante y hemos llevado a juicio a dicho agente, el que más violencia demostró durante las cargas y las detenciones aquel 2 de febrero”, explican los convocantes de la movilización antes de recordar que contra el agente de la Policía Nacional nº 72339, la Fiscalía solicita por el delito de falso testimonio la pena de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 3.240 euros mientras que la Asamblea, que ejerce la acusación particular eleva a tres años de cárcel la petición.

Instrucción 5 estima que “el delito que se imputa al acusado, un falso testimonio en causa penal, lo fue en su condición de Policía”
Imagen que recoge un momento de la actuación del policía acusado en la carga del 2F.

“Buscamos la justicia, la verdad y la reparación. Las consecuencias de los porrazos, las calumnias mediáticas y las expresadas por ciertos portavoces policiales y también por el antiguo Ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, así como el calvario que hemos soportado durante todo el procedimiento administrativo y judicial, no pueden quedar impunes. La violencia policial que padecimos, desmesurada e incomprensible desde cualquier punto de vista, tampoco”, señalan.

El juicio al agente tendrá lugar en la Audiencia Provincial – Palacio de Justicia (C/ Angustias nº 21) el lunes 4 de noviembre. Las personas afectadas por aquellas cargas y la gente que se ha solidarizado durante este tiempo con la causa se concentrarán a las puertas de la sede judicial desde las 09:30 horas, como han hecho en otras ocasiones, “para seguir el procedimiento y apoyar a la acusación particular”.

En el auto de imputación el pasado 8 de enero el juzgado de instrucción 5 de Valladolid señaló que “de lo actuado se desprende que el día 19 de abril de 2018, se celebró el juicio oral en el Juzgado de lo penal nº 3, de Valladolid, P.A. 355/16, en el que declaró como testigo el investigado en su condición de agente de la Policía Nacional nº 72339, pese a estar advertido de la obligación de decir verdad en causa penal, y de las consecuencias legales en caso contrario, faltó a la verdad sobre lo ocurrido en el incidente ocurrido el día 2 de febrero de 2014, sobre las 13:45 horas, ya que sostuvo que el Sr. Hernández Baraja le propinó un pisotón en el pie derecho, y que dicho pisotón fue intencionado, así como que él no le pegó”.

Imagen de la carga policial del 2 de febrero de 2014. FOTO: Sergio de la Torre
Imagen de la carga policial del 2 de febrero de 2014. FOTO: Sergio de la Torre

El vecino que se manifestaba, Juan Hernández Baraja resultó absuelto de los delitos que se le imputaban al haber retirado la acusación el Ministerio Fiscal en una resolución que fue dictada in voce por el propio juez en la sala de vista donde se celebraba el juicio.

La sección cuarta de la Audiencia ya se ha pronunciado sobre este caso rechazando el recurso presentado por el agente al entender que “las diligencias instructoras practicadas, contienen suficientes indicios de delito para continuar el procedimiento”.

En este caso también se ha pronunciado la Audiencia Nacional que dictó sentencia en la que se estimó la demanda presentada por Montserrat, una de las personas lesionadas por un agente de policía en la carga policial del dos de febrero de 2014. La resolución concluye que “la intervención policial no fue para identificar y detener a los «agresores», sino directamente para disolver la concentración utilizando para ello las defensas y la fuerza” y que “no se reflejan la apreciación subjetiva y tendenciosa del informe de la VII Unidad de Intervención Policial «del empleo de la fuerza indispensable y proporcional» para el control de la situación”, condenando al Ministerio del Interior a indemnizar a la manifestante agredida.

La Audiencia Nacional condenó así violencia policial y la desproporción de la actuación de los agentes intervinientes, refiriendo que cuando el agente 72339 golpeó con la porra a la demandante en la mano, rompiéndole numerosos huesos, no se aprecia violencia física por parte de ésta que hubiera o que debiera de reprimirse con violencia, dado que únicamente se estaba retirando.

Además, la misma sentencia acusa a la VII Unidad de Intervención Policial de Valladolid, de realizar un informe subjetivo y tendencioso para justificar la intervención: “La propia concentración, a la vista del material probatorio, no puede considerarse como «manifestación de carácter violento» que suponga una situación objetiva con riesgo para las personas que se encontraban en el interior del restaurante, ni se desprende alteración del orden público que implicase un peligro para personas o bienes”.


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