Imagen de archivo de una manifestación en Valladolid contra la 'Ordenanza Mordaza'. Foto: Jorge Ovelleiro
Imagen de archivo de una manifestación en Valladolid contra la 'Ordenanza Mordaza'. Foto: Jorge Ovelleiro

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulo el artículo 26 de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid por el que el Consistorio podría imponer como sanción a los ciudadanos responsables de las infracciones tipificadas trabajos en beneficio de la comunidad.

Así se recoge en el fallo en el que se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ateneo Republicano de Valladolid, C.G.T. , C.N.T., Anticapitalistas, Izquierda Castellana y Ecologistas en Acción de Valladolid contra la norma que desde un principio han bautizado como “Ordenanza Mordaza”.

Según señala el tribunal, “no existe habilitación legal para que el Ayuntamiento demandado pueda imponer como sanción a los ciudadanos responsables de las infracciones tipificadas en la Ordenanza trabajos en beneficio de la comunidad, pues la única sanción administrativa prevista en la Ley de Bases de Régimen Local es la de multa (art. 141), y en la propia Ordenanza (art.21)”.

El TSJ desestima sin embargo el resto de cuestiones planteadas por los recurrentes por considera que no se infringen los artículos 20, sobre el derecho a la libertad de expresión y de información, y 21 sobre el derecho de reunión, de la Constitución. 

En concreto planteaban con carácter específico la nulidad de los artículos 6 “Pintadas o grafismos” por vulneración de los artículos 20 y 21 de la Constitución, 7 “Publicidad y propaganda” por vulneración del 20 de la Constitución, 14 “Actividades en las vías y espacios públicos” párrafo quinto y último párrafo por vulnerar el artículo 20 y 21 de la Constitución, 15 último párrafo por vulnerar los artículos 20 y 21 de la Constitución, 18 “Infracciones muy graves” apartado h) por vulnerar los artículos 20 y 21 de la Constitución, 19 “Infracciones graves” apartados b) e i)por vulnerar el artículo 20 y 21 de la Constitución, y 26, Terminación convencional por carecer de cobertura legal. 

El tribunal ha fallado finalmente que solo el último de estos artículos es contrario a la Ley al entender que no es en absoluto válido “intentar que los trabajos en beneficio de la comunidad sean la consecuencia “no sancionadora” de las conductas infractoras tipificadas en la ordenanza utilizando la vía de una “terminación convencional” del procediendo sancionador que por la sola circunstancia de que requiera del consentimiento del infractor no por ello le dota de legitimidad”.


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