La presidenta del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional de Castilla y León, Ana Victoria Pérez Peláez dio lectura al manifiesto contra la pena de muerte.
La presidenta del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional de Castilla y León, Ana Victoria Pérez Peláez dio lectura al manifiesto contra la pena de muerte.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido esta mañana la lectura del manifiesto “Valladolid ciudad por la vida, Valladolid contra la pena de muerte” en un acto presidido por las concejalas de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero, y de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto. La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de la presidenta del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional de Castilla y León, Ana Victoria Pérez Peláez.

"El Ayuntamiento de Valladolid, como Administración más cercana al ciudadano, es consciente de que el respeto de los derechos humanos y libertades, es fundamental, así como la realización de medidas proactivas que promuevan su cumplimiento, motivo por el que se es miembro de la red de “Ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte", justifica el Ayuntamiento.

Además de la lectura del manifiesto, desde el consistorio ha reforzado la conmemoración de este día con otras acciones como la iluminación en amarillo de la Cúpula del Milenio el 30 de noviembre y la colocación de una pancarta contra la pena de muerte, que permanecerá 14 días en el edificio municipal de San Benito.

Manifiesto:

“Ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte”

El 8 de mayo de 2018, el pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó por unanimidad la moción para la adhesión a la red de “Ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte”, iniciativa puesta en marcha a nivel internacional por la comunidad de San Egidio, que en 2002 conmemoró, la primera vez que se abolió la pena de muerte, en el Gran Ducado de la Toscana un 30 de noviembre de 1786. En la actualidad cerca de 2.000 ciudades participan en la iniciativa, en un intento de sensibilizar a la sociedad.

La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido utilizada a lo largo de la historia, pero la evolución de la justicia y el respeto creciente de los derechos humanos, hace que cada vez sean más los Estados que reniegan de esta práctica. Los delitos para los que se aplica esta medida son variados, dependiendo de los países, religión y régimen político; condenando a muerte no sólo a personas que han cometido delitos, sino también a adúlteros, homosexuales, apóstatas, blasfemos, corruptos, disidentes, etc.

La abolición de la pena de muerte es exigible a todo país democrático, respetuoso con los derechos humanos, pues el Estado está obligado a proteger la vida de sus ciudadanos y no puede utilizar medios inmorales para intentar resarcir “daños irreparables”, convirtiendo la pena en venganza.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 dice “todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona”, este artículo configura el derecho a la vida como el derecho fundamental por antonomasia, pues los demás derechos sin él carecen de relevancia.

En nuestro país, el artículo 15 de la Constitución, enumera como derecho fundamental la vida y la integridad física, quedando prohibida la tortura o cualquier tipo de pena o trato inhumano o degradante.

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