El ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva y el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León imputado en la trama Gürtel, Jesús Merino.
El ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva y el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León imputado en la trama Gürtel, Jesús Merino.

Pérez.– ¿Has leído mi tarjetón?
Camps.– Sí, sí, sí...
P.– Bueno pues fíjate, fíjate si te debo.
C.– Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro que es muy bonito.
P.– Cuando tú quieras y te dejen y puedas.

La llamada telefónica registrada el 7 de enero de 2009, no es la conversación entre dos tortolitos. No. Pérez es Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes', propietario de Orange Market SL –empresa de la trama corrupta del "caso Gürtel" – y Camps es Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana y presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, implicado en supuestos delitos de cohecho por recibir regalos.

"Yo no me hago los trajes, me los compro hechos, para empezar", presumía León de la Riva el 24 de mayo de 2009 para marcar distancias con el expresidente valenciano y compañero de partido, Francisco Enrique Camps Ortiz –Paco Camps, 'El Curita'–, durante muchos meses en el ojo del huracán por el llamado "caso Gürtel", la trama delictiva vinculada a administraciones controladas por el PP (Madrid, Valencia, Castilla y León...) dirigida por Francisco Correa y con casi doscientos imputados, entre ellos, empresarios y numerosos cargos 'populares': senadores, diputados nacionales y autonómicos, gerentes, viceconsejeros...

"El problema es que no suelo guardar las facturas", reconoce acto seguido el entonces alcalde de Valladolid para curarse en salud ante la imposibilidad, llegado el caso, de poder justificar la compra de chaquetas y pantalones, como le ha sucedido a su compañero Camps, de quien había salido en rápida defensa durante el VIII Congreso de Nuevas Generaciones de Castilla y León, a cuyos asistentes mostró la portada del periódico La Razón de 14 de marzo de 2009 donde aparece el juez Baltasar Garzón junto a un mono.

"¿Os habéis fijado en la cara de horror que tiene el pobre mono? Dirá, ¿quién es este tío y qué va hacer conmigo?", agregó entre los aplausos de los 'cachorros' del Partido Popular, León de la Riva que aventuró que esta misma reflexión sería la que se estarían haciendo los imputados en el "caso Gürtel", "ya que al final terminan todos sin cargo ninguno".

"Esto es una 'garzonada' previa a unas elecciones en este país", aseguró el alcalde, amigo de comparar en aquellos tiempos la presencia del juez Garzón y la de ETA antes de unos comicios electorales. "Desgraciadamente igual que la bomba de ETA es algo habitual [cuando se acercan las elecciones], las actuaciones del juez Garzón también".

A pesar de la lentitud de la justicia son casi 200 los imputados por la red Gürtel, entre ellos varios amigos de León de la Riva.

El magistrado Pablo Ruz, sucesor de Garzón en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y las fiscales anticorrupción Concepción Sabadell, Miriam Segura y Concepción Nicolás concluyeron en julio de 2014 una parte de la investigación sobre la trama corrupta de los dirigentes del PP entre 1999 y 2009.

En 2015 tendrá lugar el primer juicio de la Gürtel, que abarcará seis de los diez años (1999-2005) en los que actuó la red y no incluirá todos los territorios en los que desplegó sus tentáculos. Se limitará a irregularidades en Castilla y León, Estepona (Málaga) y Comunidad de Madrid, con 43 acusado en el banquillo: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchís, Francisco Correa, Pablo Crespo, Jesús Sepúlveda y Jesús Merino, entre otros.

El auto de 26 de noviembre de 2014 de Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, supuso una conmoción en el PP. Mariano Rajoy se vio obligado a cesar a Ana Mato Adrover como ministra de Sanidad y que llevaba en lo más alto del partido desde los tiempos de Aznar. El cese no tenía nada que ver con su nefasta gestión de la crisis del ébola, sino con el 'caso Gürtel' con el que está relacionada a través de su exmarido Jesús Sepulveda Recio (senador entre 1993 y 2003 y exalcalde de Pozuelo de Alarcón). El juez Pablo Ruz cerraba la primera parte del 'caso Gürtel' con una resolución por la que Ana Mato será juzgada en calidad de 'partícipe a título lucrativo'. El matrimonio Sepúlveda-Mato ha recibido -y disfrutado- de la trama corrupta: regalos, pago de eventos familiares como cumpleaños y comuniones, dádivas de dinero en efectivo por más de 700.000 euros. Por no hablar del Jaguar S-Type 4.0 V8, matrícula M-4936-YM o el Range  Rover 4.4 V8 VOGUE, matrícula 9661CNM. Si Mato no se había enterado del virus del ébola tampoco tenía por qué enterarse de los vehículos que estaban en el garaje de su domicilio.

El terremoto provocado por el auto de Pablo Ruz, al que el PP puso la proa con toda clase de presiones para que no continuara con la investigación y abandonara la Audiencia Ncaional, también sacudió a Castilla y León. La portavoz socialista en las Cortes regionales Ana Redondo (hoy en el Ayuntamiento de la ciudad) leyó en el hemiciclo algunos pasajes de la resolución judicial, sobre todo los que a partir de la página 120 se habla de 'la Contratación con la Comunidad de Castilla y León y hechos relacionados con la participación de Luis Bárcenas Gutiérrez, Rosalía Iglesias Villar y Jesús Merino Delgado”.

Fue una de las pocas veces que el presidente Juan Vicente Herrera estuvo a punto de perder los papeles. Jesús Merino era su hombre de confianza en Madrid. El debate, en el que Redondo pidió la creación de comisiones de investigación, inspiró una 'Espita' -nombre de la sección que el subdirector del decano de la prensa de Valladolid  J.I. Foces firma habitualmente- titulada 'Atufa a electoralismo'. “¿Hasta el 9 de diciembre de 2014 ha habido que esperar para tan sesuda sentencia, cuando el juez instructor lleva la intemerata tratando de desemarañar esta trama corrupta? ¿Ha habido que esperar al 9 de diciembre para insistir en la creación de una comisión de investigación por la 'Operación Púnica', la que llevó al expresidente de la Diputación de León a la cárcel?”, se preguntaba el biógrafo de Herrera.

Retrocediendo a 2009, el 1 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archivó la causa abierta a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por supuestos delitos de cohecho. El tribunal consideró, aunque no por unanimidad, que los regalos recibidos por los mencionados cargos públicos de la trama corrupta controlada por Francisco Correa Sánchez, a cambio de los contratos logrados por la empresa Orange Market (dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes'), no eran constitutivos de delito.

Claro está, que hay que recordar que el presidente del TSJCV era Juan Luis de la Rúa Moreno, de quien Camps dijo que era "más que un amigo". El otro magistrado que votó a favor del archivo se llama José Francisco Ceres Montés, también de ideología más que conservadora y cuyo nombramiento fue en su día impugnado. Sin embargo, el tercer magistrado, Juan Montero Aroca, propuesto también por el PP, hizo constar su voto particular en el que exponía dudas de que los hechos imputados no fueran delito, ya que "no está convencido de que la jurisprudencia reseñada en el Auto responda a la interpretación que estima adecuada del artículo 426, primer inciso, del Código Penal". En su opinión, la causa debería haber quedado abierta y seguir la investigación que no se realizó.

Los jueces firmantes consideraron que los trajes regalados a Camps, no tenían nada que ver con el hecho de que el receptor de la ropa fuera el presidente de la Generalitat Valenciana ni que Pablo Crespo Sabaris fuera el encargado de liquidar en las tiendas Milano y Forever Young las cuentas correspondientes a los trajes regalados a dirigentes del PP valenciano.

El archivo fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por el PSPV-PSOE por indefensión, lesión a la tutela judicial efectiva, vulneración del derecho a la defensa, interpretación errónea del artículo 426 y arbitrariedad.

La causa abierta por el juez Baltasar Garzón, el 6 de febrero de 2009 en la Audiencia Nacional, por una supuesta trama de corrupción, se inició con la personación de dos funcionarios de Justicia en la Consejería de Turismo de Valencia para reclamar el expediente de adjudicación del diseño y montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en FITUR a la empresa Orange Market SL los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. De los más de 7 millones de euros captados de la administración valenciana por 'El Bigotes', más de 5,5 millones de euros provienen de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).

Fue el inicio de las diligencias de un caso que en diciembre de 2014 deparó la noticia del procesamiento por financiación ilegal a la cúpula del PP valenciano; cinco líderes populares de la era Camps y 14 empresarios. El 20 de febrero de 2009, el concejal de IU del Ayuntamiento de Valladolid, Alfonso Sánchez, registró una pregunta dirigida a la Comisión de Hacienda y Función Pública, sobre los contratos suscritos con empresa vinculadas a Francisco Correa. León de la Riva no contesto y se limitó a invitar al concejal a que repasase él las facturas (más de 45.000). Un año después, el 20 de marzo, Javier Izquierdo, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista-PSOE, solicitó "copia en soporte digital de los libros de facturas del Ayuntamiento de Valladolid de los años 2005, 2006, 2007 y 2008".

Izquierdo reiteró días después la pregunta, que entendía había sido atendida por "silencio positivo", pero León de la Riva mantuvo la negativa a ceder el soporte informático para posibilitar el conocimiento de la información pedida.

Carlota Guindal, el 12 de mayo de 2014, publicó en El Confidencial que el alcalde había recibido un regalo de Navidad por parte de la trama Gürtel en 2008, al igual que lo hicieron otros alcaldes que sí están imputados en la causa al haber indicios de que recibieron dinero y otros beneficios de tipo económico por parte de la red liderada por Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones.

En la causa, según la misma fuente, se ha incorporado un documento titulado "Regalos de Navidad 2008, sector público diferenciados entre normales y VIP", en el que aparece tanto el alcalde de Valladolid como Bauzá [José Ramón Bauzá, expresidente de Baleares], cuando era alcalde de Marratxí, como destinatarios de un regalo por parte de la empresa Easy Concept. "Ambos eran considerados cargos VIP y mientras que al balear le regalaron un neceser de viaje valorado en 195 euros –y el más caro de la lista–, al vallisoletano le enviaron unos gemelos por valor de 95. Estos obsequios se pagaron con la tarjeta de PCS, siglas que según los investigadores corresponden a Francisco Correa Sánchez, principal imputado en la pieza principal. De este listado se desprende que en esas navidades se hicieron regalos a doce cargos VIP, entre ellos cuatro alcaldes del Partido Popular: Bauzá; León de la Riva; el de Arganda, Ginés López; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, estos dos últimos imputados en la causa".

"En esa misma lista, añade Carlota Guindal, aparecen otros cargos de esos cuatro ayuntamientos, así como tres personas de la Consejería de Cooperación e Inmigración de la Comunidad de Madrid en esa época, concretamente el consejero Javier Lasquetty, y los viceconsejeros Carlos Clemente y Gabriel Hernández. Los dos primeros recibieron unos gemelos de 95 euros, mientras que el último fue obsequiado con una bufanda de 120".

La noticia de El Confidencial concluye: "En esa lista se incluyen otros 29 nombres calificados como 'normales', quienes en su caso recibieron un decantador de 21,50 euros. Entre ellos, aparecen personas que trabajan en los ayuntamientos madrileños de Alcobendas, Arganda, Boadilla del Monte, del distrito del barrio de Salamanca, así como de los consistorios de Santander, Salamanca, Valladolid, otros cargos de la Consejería de Cooperación e Inmigración, del Consorcio Turístico de Madrid, Coordinación de Actos Públicos, o la gerente del Patronato de Turismo, Mar de Miguel Colom. Junto a ellos, también fueron obsequiados con un decantador las directoras generales de Turismo de Castilla-La Mancha y La Rioja en aquella época".

Javier León de la Riva, Juan José Lucas y Francisco Álvarez Cascos.
Javier León de la Riva, Juan José Lucas y Francisco Álvarez Cascos.

Otro dato relevante es la relación que tuvo el Ayuntamiento de Valladolid con la Constructora Hispánica SA, adjudicataria de la urbanización del Plan Parcial Santos Pilarica –rematada con un sobrecoste de 4,4 millones de euros–; los 18 millones previstos se convirtieron en 22,4; y la construcción de la sede de VIVA. Está acreditado que Luis Bárcenas cobró 600.000 euros procedentes de fondos de Hispánica y que en el mismo periodo 'El Cabrón' anotó en su cuaderno hasta cuatro donaciones de la constructora al Partido Popular. Eran los tiempos en que Francisco Álvarez Cascos –Paco para León de la Riva, otro relacionado con la  Gürtel– adjudicaba como ministro de Fomento contratos en AENA. Contratos amañados -bajo amenaza de despido- para Francisco Correa, según testimonio de tres funcionarios del ente dependiente de Fomento ante el juez Pablo Ruz. También Cascos adjudicaba tramos del AVE por 99,1 millones a Constructora Hispánica SA, cuyo negocio por aquellos años rondó los 700 millones en obras públicas. Nada más estallar el "caso Gürtel", el dueño de Hispánica vendió la empresa y regularizó su situación con Hacienda previo pago de 20 millones de euros.

Entre las cosas que más molestaban a León de la Riva es que se le preguntase por la Constructora Hispánica. Él sabrá las razones. Pero lo que no puede negar el hoy ya exalcalde es que tiene más de un amigo implicado en la trama del "caso Gürtel": Pío García Escudero, actual presidente del Senado, al que invitaba y asistía siempre a las corridas de toros; Jesús Merino y José Luis Ulibarri, entre otros.

Dejando al margen a Escudero, en la presidencia del Senado y uno de los pocos dirigentes del PP que ha reconocido haber cobrado dinero de la Gürtel, nos centraremos en los otros dos: el primero, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León (1995-1999) y exdiputado por Segovia; el segundo, presidente de la constructora Begar.

Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, a mesa puesta.
Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, a mesa puesta.

Merino, 'El Caperu' de Hontalbilla

Jesús Merino Delgado fue entre los años 1991 (del 1 de abril) y 1999 (hasta el 19 de abril) consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León de la mano de Juan José Lucas, expresidente del Gobierno autónomo, expresidente del Senado y exministro por unos meses con Aznar. También fue Merino vicepresidente de la Junta entre 1995 y 1999, años en los que asimismo fue Procurador de las Cortes de Castilla y León hasta el 27 de marzo de 2000, “continuando desde entonces muy vinculado al Partido Popular de esa Comunidad autónoma”, según el juez Pablo Ruz. Jesús Merino fue Diputado desde el 5 de abril hasta el 15 de enero de 2008, y con anterioridad, de 1991 a 2000 secretario regional del PP y responsable de Formación. Desde la discreción acumuló un gran poder en la Comunidad Autónoma, haciendo gala –cuentan– de sus dotes toreras ya que en su juventud quiso vestirse de luces.

Merino, de 60 años, padre de cuatro hijos y natural del pueblo segoviano de Hontalbilla donde es conocido por 'Caperucita' o 'Caperu'. Para unos militantes del PP, persona "seria y trabajadora", para otros "comisionista e impresentable". Dio el salto a Génova en 2002 para encargarse del área de Política Autonómica con Aznar en el Gobierno. Desde entonces y hasta la materialización de la solicitud de suplicatorio del Congreso para ser juzgado, ha tenido responsabilidades en el núcleo de dirección del PP como miembro del Comité de Dirección, que tuvo que dejar el 29 de julio de 2009 tras trabajar a la sombra de Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría. Esta fue quien relevó a Merino en 2004 en la dirección del PP aunque lo recuperó más tarde para la dirección del grupo parlamentario como portavoz adjunto.

Una semana después de declarar ante el Tribunal Supremo como "imputado provisional" (sic) –ya que no se había tramitado entonces el suplicatorio– en un delito fiscal y de cohecho, abandonó su cargo en la dirección y acabaría dejando el partido.

Merino declaró ante el juez Francisco Monterde Ferrer el 23 de julio y dijo conocer a Francisco Correa y a Pablo Crespo (exsecretario de Organización del PP de Galicia) –número uno y dos, respectivamente, de la trama– porque coincidía con ellos en una cafetería de la madrileña calle Serrano, donde él tiene su despacho de abogado y, ellos sus oficinas; pero negó haber recibido ningún dinero. Por negar, negó que Jesús Merino fuera Jesús Merino, según la información publicada por El País, el 24 de julio de 2009.

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) identificó las siglas 'J.M.' con Jesús Merino. Las siglas aparecen en la contabilidad oculta del Grupo Correa –del que José Luis López Izquierdo es su contable– intervenida en un piso de Madrid.

La Fiscalía ha visto desde un principio "implicaciones suficientes" del extesorero del PP y exsenador por Cantabria, Luis Bárcenas, 'El Cabrón', y del exdiputado Merino, que habría recibido más de 200.000 euros en metálico de Correa. El diputado segoviano, junto con Bárcenas y el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda –exmarido de la ministra Ana Mato–, estarían detrás de una empresa fantasma: Astrolago Inversiones, con el fin de suministrar facturas falsas a la trama de Correa.

Astrolago de Inversiones –sociedad inmobiliaria sin trabajadores – fue creada el 27 de abril de 2006 por Ana Isabel Gutiérrez Benito, mujer de Merino, y Luis Bárcenas. Ana Isabel Gutiérrez, en calidad de administradora única de Astrolago Inversiones SL, dio de baja a la sociedad. La mujer de Merino declaró que la sociedad nunca tuvo actividad y que por lo tanto "nunca tuvo actividad".

La Mesa del Congreso de los Diputados, el 1 de septiembre de 2009, en su primera reunión del periodo ordinario tramitó por unanimidad la retirada a Jesús Merino de la inmunidad parlamentaria solicitada por el Tribunal Supremo, paso imprescindible para que pudiera continuar la investigación por los supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal. ultimoCero publicó en octubre de 2013 que Jesús Merino se embolsó 805.300 euros en comisiones, entre 2002 y 2007, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por adjudicaciones públicas en Castilla y León a empresas como Constructora Hispánica, Teconsa, Sufi (filial de Sacyr especializada en prestación de servicios de limpieza en ayuntamientos)...

En el auto de 26 de noviembre de 2014, el juez Pablo Ruz recuerda que tal como indicaba  en el auto de 29 de julio del mismo año, por el que se acordaba la formación de esta pieza separada, dice: “En lo referente a la Comunidad de Castilla y León, fundamentalmente entre los años 2002 y 2003, Francisco Correa Sánchez intermedió junto con otros imputados en la adjudicación de distintas obras a las entidades Tecnología de la Construcción SA (TECONSA) y SUFI SA; sociedades éstas que fueron, junto con la Constructora Hispánica SA, las principales  beneficiarias de la irregular mediación de Francisco Correa Sánchez. En estas actividades participaron, entre otros, Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado y Jesús Sepúlveda Recio (...)”. “Durante al menos, los años 2000 a 2007, ambos imputados [Bárcenas y Merino]  con la puntual colaboración de Jesús Sepúlveda, convinieron con Pablo Crespo y Francisco Correa prevalerse de la autoridad e influencia que aquellos tenían sobre distintos cargos públicos a favor de empresas de la confianza de Francisco Correa a cambio de la entrega a dichos cargos de gratificaciones en efectivo”, dice el juez Pablo Ruz. “De igual forma”, añade el auto, “los citados imputados acordaron percibir ellos también la correspondiente comisión por su labor de intermediación en esos casos, comisión que distribuía Francisco Correa com la ayuda de Pablo Crespo, José Luis Izquierdo y en ocasiones de Álvaro Pérez Alonso. Esta retribución se procedía a entregar bien en efectivo bien, en el caso de Luis Bárcenas, en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados a través de presuntas facturas falsas”. “Así mismo”, prosigue el auto, “Luis Bárcenas y Jesús Merino recibieron de Francisco Correa diversos regalos en consideración particular a los cargos que desempeñaban y por su intervención en el ámbito de la contratación pública. Para encubrir una parte de las rentas así percibidas, Luis Bárcenas y Jesús Merino utilizaron la sociedad SPINAKER 2000 SL”. SPINAKER 2000 SL se constituyó por Luis de Miguel Pérez, para entre otros, Francisco Correa Sánchez, Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado y Jesús Sepúlveda Recio y tuvo por objeto: “La canalización de los ingresos procedentes de la organización de las campañas electorales municipales, autonómicas, generales y al Parlamento Europeo de 2003 y 2004 del Partido Popular, así como el cobro de comisiones referidas a la intermediación  favor de los intereses del grupo ROS ROCA”, según Pablo Ruz, que desvela cómo se producía “un reporte confidencial a los participantes en el acuerdo de actuación y accionistas de SPINAKER”. En concreto, se dice, de las acciones a realizar a favor de los intereses del Grupo empresrial ROS ROCA tanto en lo relativo a adjudicaciones de plantas de purines como a la concesión de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) con los que financiar sus proyectos en el exterior; de la situación de los proyectos en los que están inmersos en España, y se define el porcentaje de participación en la sociedad que va a desarrollar uno de  ellos como es LANGA DUERO ENERCORR XXI SL que alcanza el 10% del capital, siempre según el auto, que también describe el proceder de Pablo Crespo y “las indicaciones concretas a los responsables políticos Luis Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda, señalando ante qué responsables políticos y cargos de las Administraciones Públicas había que realizar gestiones para favorecer los intereses de ROS ROCA y cuáles debían de ser éstas. Asimismo negociaba el porcentaje de comisión a cobrar y el sistema de cobro (...)”. “Una de las fórmulas  empleadas para el pago de las comisiones”, explica el juez Ruz, “era mediante la simulación de operaciones comerciales ficticias con el fin de transferir fondos entre distintos territorios empleando sociedades filiales del grupo ROS ROCA (EUROVOIRE en Francia) y de la organización FREETOWN Comercio y Servicios Ltd en Madeira, a través de la emisión de facturas”. ROS ROCA, a través de su filial ENERCORR XXI SA procedió a la instalación d euna planta de tratamiento de purines en Langa de Duero (Soria). “Pablo Crespo encomendó getsiones a Luis Bárcenas ante el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el director de la Agencia de Desarrollo Económico así como a Jesús Merino para la obtención de ayudas y subvenciones”, dice el auto. Para el desarrollo de este proyecto se constituyó la sociedad LANGA DE DUERO ENERCORR XXI SL, participada en un 10% de su capital social por SPINAKER 2000SL durantelos años 2003 y 2004, y al 0,0076% desde la ampliación de capital (14 de diciembre de 2005), acordándose el 11 de diciembre de 2007 la venta de la referida participación social a la sociedad ROS ROCAGESTIÓN Y DIVERSIFICACIÓN SL declarando recibir por ella la cantidad de 3.000 euros. “Permitiendo de este modo que los imputados ocultos tras la entidad SPINAKER 2OOO sl recibieran parte de los beneficios generados por el funcionamiento de la planta como consecuencia del reparto de beneficios que realizara la sociedad ROS ROCA SA en función de la marcha del negocio”, según Pablo Ruz. Además SPINAKER 2000 SL sirvió a los imputados para el cobro de comisiones y la intermediación com cargos a los FAD para implementar proyectos económicos en países en vías de desarrollo: República Dominicana, Colombia, Mozambique... Jesús Merino obtuvo, al menos, entre los años 2000 y 2007 un total de 331.737 euros por su intermediación, para obtener contratos con las ya citadas sociedades ROS ROCA, TECONSA, SUFI SA, Constructora HISPÁNICA SA, “así como  las sociedades vinculadas a Plácido Vázquez Diéguez y Enrique Carrascio Ruiz de la Fuente”. En concreto Jesús Merino cobró comisiones de los expedientes de adjudicaciones de obra pública: Variante de Olleros a Teconsa en 2003 (18.600 euros); Variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas a Teconsa en 2002 (24.040 euros); construcción de Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, Depósito de Rechazos y Accesos para la Gestión de los Residuos Urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca a la UTE SUFI-TECONSA EN 2003 (120.000 euros). Además, Merino Delgado recibió de Francisco Correa 126.1000 euros en 2002 y 136.6000 euros en 2003, según la famosa 'carpeta azul' (incautada en el registro en el domicilio de José Luis Izquierdo López), mientras que en el no menos famoso 'pendrive' que recoge la contabilidad B, figuran un total de 53.000 euros en los años 2002 y 2007, “cantidad esta última que le fue entregada en consideración al cargo de Diputado que ocupaba”. Cohecho, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, estafa procesal en grado de tentativa... son algunos de los presuntos delitos a los que se enfrenta Jesús Merino Delgado.

El 6 de marzo de 2015 -seis años después de que estallara  el escándalo-, El País titulaba a cinco columnas: 'Al banquillo la mayor red corrupta ligada al PP'. La apertura de juicio a 40 imputados, con fianzas de 449 millones fijadas por el juez Ruz para 36 de ellos,  se consumaba. En la lista, encabezada por Francisco Correa (para el que se solicitan 125 años) está Jesús Merino Delgado y Ana Mato, la exministra se sentará en el banquillo como "partícipe a título lucrativo", lo mismo que el PP: 18 años financiándose ilegalmente!

El juez Ruz, días después, consideró acreditada la existencia de la caja B del PP al finalizar la investigación, y propuso juzgar a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el exgerente Cristóbal Pérez, así como a la empresa Unifica, que realizó reformas en la sede de Génova: Álvaro Urquijo, Belén García y Laura Montero.

Por medio anda otro político de Castilla y León: José Manuel Fernández –Toti para los amigos–, que también fue consejero de Fomento en la Comunidad autónoma, después presidente de las Cortes regionales para acabar como procurador. Toti ha reconocido su amistad con Gerardo Galeote, que además de exeurodiputado es patrono de la Fundación FAES e implicado destacado en la trama corrupta.

Ulibarri y Camps, en el centro de la imagen.
Ulibarri y Camps, en el centro de la imagen.

El yate de Ulibarri

Si la prensa local y regional han informado poco, por no decir nada y siempre a rebufo de la nacional, de los supuestos negocios en B de Jesús Merino, menos aún lo han hecho sobre los del otro amigo de León de la Riva: José Luis Ulibarri Cormenzana, burgalés que ha superado los 60 años, que preside más de una veintena de empresas y ostenta diferentes cargos en otras tantas, y también imputado en la "caso Gürtel", y a quien el Ayuntamiento de Valladolid ha favorecido generosamente durante años. El ya exalcalde se jactaba de ser amigo del empresario. Tal es su relación que León de la Riva no ha dudado en compartir con el constructor jornadas festivas a bordo del yate del empresario.

El Grupo Begar Construcciones y Contratas SA, buque insignia del conglomerado de empresas de Ulibarri –con intereses además en los sectores inmobiliario, servicios, comunicación, sanidad...– ha recibido concesiones del Ayuntamiento de Valladolid por valor de 22,4 millones de euros. La mayoría de estas adjudicaciones han sido dudosas y con descarado favoritismo de León de la Riva. Las ofertas de Begar han sido las más caras y con informes en contra de los técnicos, pero el alcalde las ha pretendido justificar con aspectos subjetivos, como son los "criterios de diseño" o los "criterios de construcción".

La contratación más importante a Begar, con un precio de licitación de 11.342.156,10 euros, ha sido la canalización de las aguas residuales de la margen izquierda del río Pisuerga, que se realizó el 21 de marzo de 2007, días antes de las  elecciones locales, con los informes desfavorables de tres técnicos municipales: un arquitecto (Pablo Gigosos), un ingeniero de Obras Públicas (Eduardo Encabo) y un ingeniero de Caminos (Francisco Pérez). Los tres consideraban que la adjudicación debía hacerse a Teconsa, empresa a la que nos referiremos más adelante. Su oferta, como la de la tercera empresa en discordia –Sacyr– oscilaba entre los 7 y 8 millones de euros.

Pero la adjudicación de la obra del colector de la margen izquierda del Pisuerga fue para Begar –asociada a Corsán Corvián SA, a la que igualmente aludiremos más tarde– por decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, compuesta por sólo concejales del PP, en base a un informe de Luis Álvarez Aller, arquitecto de confianza de León de la Riva, al que ya nos hemos referido en el capítulo de los Áticos, por el que ha sido condenado.

La obra, que acumuló un considerable retraso respecto al plazo de finalización previsto –13 meses– se vio, además, encarecida en un 25% con respecto a la oferta inicial de Begar.

En 2006, el alcalde adjudicó a Begar las instalaciones del Servicio Municipal de Limpiezas, calle Plomo esquina a Topacio en el Polígono de San Cristóbal, por 5.427.322 euros, 300.000 euros más que la oferta del siguiente concursante: Acciona, y en casi 900.000 euros de la más barata, Indeza.

Además en 2006 tuvo lugar otra adjudicación escandalosa por parte del Ayuntamiento: remodelación del Museo Casa Colón, efectuada con motivo del quinto centenario del fallecimiento del descubridor. Al concurso se presentaron tres sociedades: Begar, Einsa Yáñez y Volconsa. El precio de licitación fue de 1,73 millones de euros. Begar ganó el concurso con una propuesta de 1,5 millones de euros, al poco tiempo –22 días exactamente– tuvo un complemento de 934.307 euros, sin publicidad ni nuevo concurso, violando la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según el informe elaborado por el vicesecretario del Ayuntamiento.

Un escrito de la arquitecta Inés Hierro –testigo en el 'juicio de los Áticos'–, de 22 de julio de 2006, bastó para emprender las nuevas obras. La fecha de entrega era fundamental, según las condiciones. Tampoco en esta ocasión, Begar finalizó la obra en el plazo estipulado. Y tampoco fue sancionada por ello.

En enero de 2004, Begar se llevó la obra del Polideportivo Parquesol. Optaban 22 empresas y el proyecto de Ulibarri estaba en el puesto 15 entre los menos favorables. A estos ejemplos se podrían añadir otros como la piscina cubierta de 2003 o el tejado del Polideportivo Huerta del Rey, adjudicada en julio de 2008; la propuesta de Ulibarri era la más cara de las cinco que se presentaron.

Según el exconcejal de IU Alfonso Sánchez, el favoritismo de León de la Riva a Ulibarri se disparó "con la llegada a Urbanismo de José Antonio García de Coca", imputado por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En junio de 2007, a punto de salir García de Coca del Ayuntamiento, se adjudicó la obra del colector de El Carrascal a la UTE Sedesa-Montoya, la primera vinculada a la trama Gürtel. La UTE ofertó 3,5 millones de euros –la base de licitación de la subasta era 6,2 millones–, por lo que se descartó la oferta. Pero en tres días se arregló el asunto. García de Coca emitió un informe favorable, encargado al arquitecto Álvarez Aller –otro imputado en las alteraciones del PGOU– justo el día en el que tuvo lugar la mesa de contratación. La Junta de Gobierno aprobaría la adjudicación veinticuatro horas antes de que León de la Riva y su nuevo equipo tomasen posesión para un nuevo mandato.

Algo similar sucedió con la adjudicación de los acceso al nuevo Hospital Río Hortega, donde también fue decisivo otro informe de Álvarez Aller y en el que participó Ulibarri con Begar en unión con Corsán-Corviam.

El alcalde, el 28 de junio de 2009 en una entrevista en Diario de Valladolid, al ser preguntado sobre las relaciones del Ayuntamiento con la Gürtel y los beneficios a Ulibarrri, respondió: "Sólo hay que mirar los proyectos del Fondo Estatal y Begar no es la gran beneficiada. No oculto que en la medida de lo posible, y en circunstancias parejas, he intentado beneficiar a constructoras de Valladolid o de la región, pero desde luego, si había otra fuerte que interesara aunque fuera de la China, a esa se la adjudicaba".

Poco después de saltar el escándalo de corrupción del PP, la empresa de Ulibarri presentó en junio de 2009 suspensión de pagos y solicitó un expediente de regulación de empleo (ERE) para 203 trabajadores. Begar pasó de ser una de las mayores constructoras de Castilla y León a verse inmersa en un concurso de acreedores en el Juzgado número 1 de lo Mercantil de Valladolid (BOE de 10 de julio de 2009), por falta de financiación, con un pasivo de 297 millones aunque la deuda total de grupo ascendía a 560 millones de euros. Sólo un ejemplo: UFC SA, empresa instrumental del Grupo Begar, de la que es administrador Ulibarri, ha sido investigada, entre otras operaciones, por la adquisición de una parcela. La sociedad consiguió en octubre de 2005 una suculenta contrata del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), en manos del PP (Arturo González Panero, 'El Albondinguilla', era su alcalde, otro de los imputados en el "caso Gürtel"), para la construcción de 139 viviendas libres y más de 300 plazas de aparcamiento. El grupo municipal de Alternativa por Boadilla denunció ante los tribunales las irregularidades de esta adjudicación.

En el auto del juez Garzón en el que se inhibía a favor de los respectivos tribunales superiores de justicia autonómicos se explicaba el proceder, con mención a Ulibarri y la operación de Boadilla del Monte –centro de la trama–, según una grabación realizada al propio Correa: "Compramos el suelo a 10.000... La operación son 8.000 millones de pelas y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un montón de gente ahí... He metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta... yo no la pongo... y yo de mi 50% reparto con Alvarito ('El Bigotes'), reparto con el alcalde (del PP), reparto con Ramón Blanco (exvicepresidente de Repsol), reparto con Pablo Crespo (exsecretario de Organización del PP en Galicia). En fin... ¡la polla!" .

Pero es que, además, UFC SA, con sede en la Huerta del Rey de Valladolid, "no figuraba inscrita como empresa en el sistema de la Seguridad Social y no tiene ni ha tenido asignado código en ningún Régimen del sistema de la Seguridad Social", según el informe de 25 de octubre de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Un empresario con un historial así, resulta sorprendente que haya recibido premios como el Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, otorgado por su amigo Luis del Olmo, o el de Empresario ejemplar, entregado por la Escuela Universitaria de Empresariales de Valladolid, el 18 de marzo de 2006.

Entidades financieras –Banco Santander y Caja España, esta última 'tocada' con anterioridad por otra aventura de Ulibarri: Retecal, en la que tuvo como socio a Hidrocantábrico– e instituciones políticas, como la Junta de Castilla y León, empezaron a cerrar el grifo de los créditos y de las adjudicaciones a José Luis Ulibarri, cuando el empresario se convirtió en asiduo visitante de los juzgados. Se calcula que ha podido pagar un millón de euros a la trama corrupta del PP.

El empresario de cabecera de la Junta –con una facturación en 2006 de 614 millones de euros– y del Ayuntamiento de Valladolid, fue capaz de reunir en la boda de su hija a toda la plana mayor del PP. Desde el presidente Juan Vicente Herrera y consejeros, a León de la Riva, Jesús Merino, Juan José Lucas, Isabel Carrasco, etc. Poco después pasó a ser un empresario apestado, aunque León de la Riva haya seguido reuniéndose con él en El Pinarillo y en otros escenarios. Y no siempre para tratar de obras. En mayo de 2008, el alcalde en nombre de la Fundación Patio Herreriano, y Ulibarri como presidente de Begar, firmaron un convenio de patrocinio al centro de documentación y biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo.

Ulibarri, hijo de cartero y taxista, desarrolló un crecimiento económico vertiginoso desde 2003, lo que le permitió crear también un mini-imperio audiovisual con la única intención de proteger sus negocios. En 2006 se hizo con 13 licencias de Televisión Digital (TDT) otorgadas por el Consell valenciano. Mediamed Comunicación Digital, a través de sus firmas asociadas, consiguió obtener representación en trece de las catorce demarcaciones locales en que se dividió el espacio televisivo valenciano para el reparto de las licencias de TDT. Su introducción en el mundo de la televisión lo inició en Castilla y León hasta controlar la televisión privada: Radio Televisión de Castilla y León fuertemente subvencionada por la Junta para lanzar dos canales privados de TDT, adjudicados por un periodo de diez años a la sociedad participada al 50% por Canal 4 y Castilla y León y Televisión Castilla y León, dos cadenas que emitían en analógico a través de una red de cerca de 30 emisoras, presididas por Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, respectivamente, que acabaron fusionándose gracias a la intermediación del periodista Óscar Campillo, que luego fue nombrado director. RTVCyL, que cumplió cinco años el 9 de marzo de 2015, está participada al 50 por ciento por Promecal Audiovisuales (Méndez Pozo) y Edigrup Producciones (Ulibarri).

León de la Riva, que ha tenido de asesor a Ulibarri, le pidió en su día un informe "a medida" para la TDT del Ayuntamiento, que no llegó a ver la luz.

A esta lista se puede añadir la participación del constructor en Punto Radio en Castilla y León, en el Diario de Soria, en el Correo de Burgos, Diario de León o en Diario de Valladolid, última adquisición realizada el 16 de mayo de 2013 a Unidad Editorial –antes del cese de Pedro J.– por 700.000 euros, cantidad similar al valor de tasación del edificio de la avenida de Burgos.

La compra la realizó Editorial Castellana de Impresiones SL, constituida meses antes, y cuya administradora única es la hija del empresario burgalés: Adriana Ulibarri Fernández, que además es gerente de la bodega del Abad. El edificio, que fuera en un primer momento sede del hotel Covatra, se encuentra sin actividad, ya que el periódico se trasladó a las instalaciones de la Tele-Herrera.

Begar ha sido adjudicataria en la Comunidad de Madrid, entre abril de 2004 y octubre de 2008, de obras por 32.946.195 euros de las Consejería de Transporte, Educación y Justicia del gobierno de Esperanza Aguirre. Volviendo a Boadilla del Monte, encontramos a otros castellano-leoneses: Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita –primer teniente alcalde y concejal de Obras– que cambió el Ayuntamiento de Salamanca por el de la localidad madrileña. González Sánchez Zorita es íntimo de Alfonso Fernández Mañueco, actual primer edil en la capital salmantina, exconsejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León y secretario general del PP en la Comunidad, donde entre 2003 y 2005, el Gobierno regional pagó a Special Events, empresa de Correa, por la organización de varios actos. Otros castellano-leoneses con presencia y pasado en Boadilla del Monte son Juan Carlos Martín Fernández (concejal) y María Arenales Serrano (asesora), senadora por Valladolid, procuradora en las Cortes regionales y exconcejala de León de la Riva -época que llegó a falsificar las tarjetas de la ORA-  y últimamente tertuliana en televisión.
Evidentemente en Valencia, Ulibarri ha realizado buenos negocios con el ladrillo, además de las concesiones de TDT, en las que participaron Antonio Martín Beaumont –El Semanal Digital y exsecretario de Nuevas Generaciones–, y posteriormente tertuliano en La Sexta con Marhuenda y compañía. Así como el despacho Elius, bufete de José María Michavilla, hermano de la jefa del presidente Camps, etc.

Don Pepe

La marca Ulibarri también está en Asturias, en Andalucía, en casi todo el país, pero curiosamente no aparece en la constitución de Begar –acrónimo de Benito y García, dos de sus amigos–. Sus iniciales no figuran en el nombre de la empresa, ya que por entonces Ulibarri estaba todavía a sueldo como aparejador de José Martínez Núñez –propietario de Tecnología de la Construcción SA (Teconsa)–, también implicada en el "caso Gürtel" y entre cuyos directivos tuvo a José Ramón Blanco Balín, otro de los imputados de la trama. Martínez Núñez –don Pepe o Pepín, según para quien– es otro constructor de la vieja escuela, hecho así mismo que en 2009 conoció la época de 'vacas flacas', al entrar en concurso de acreedores. El consejero de Economía y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, calificó el concurso de acreedores de "mala noticia, ya que es una de nuestras empresas líderes".

José Martínez Núñez
José Martínez Núñez

José Martínez Núñez, nacido en Rubiana (Ourense), que empezó con una simple pala excavadora, compatibiliza a partes iguales comportamientos caciquiles y gansteriles, tanto en la construcción como en los medios de comunicación. Él ordenó en la madrugada del 19 de febrero de 1999 el sabotaje a las oficinas de Begar en Valladolid; y el atentado a las hormigoneras de Gumersindo Castro, en Villamartín de la Abadía. Su sombra es muy alargada y ha conseguido obras millonarias de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid: en este último: el aparcamiento en la plaza Gutiérrez Semprún (2003), el aparcamiento en la plaza de La Solidaridad (2007), etc.

Don Pepe –o Pepín– ha estado ligado a Francisco Correa a través de Pablo Crespo, con pago de comisiones. Uno de los casos es el ya citado sobre la reforma de la carretera C-626, la variante de Olleros de Alba, realizada por Teconsa por 2,45 millones de euros. Fernández Santiago –Toti–, máximo responsable de esa adjudicación, dijo que todo era "impecable. Se concedió la obra a la empresa más barata. Toda la operación es de lo más correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", dijo. Al final, la obra costó 4,2 millones, casi el doble de la licitación.

La saga de Martínez Núñez, al igual que la del burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo ('Michel'), continúa con los negocios. 'Michel', íntimo de Aznar a quien asesoraba en materia urbanística en su etapa de presidente de Castilla y León, fue condenado a 7 años: 6 años por un delito continuado de falsedad en documentos públicos y privados y un año por falsedad en documento público, tras rebajar el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia de Burgos de mayo de 1992 que le había impuesto 12 años de inhabilitación por inducción a prevaricar.

Méndez Pozo, en el centro, con sus abogados al salir de la cárcel. Foto: Félix Ordóñez.
Méndez Pozo, en el centro, con sus abogados al salir de la cárcel. Foto: Félix Ordóñez.

Méndez Pozo, además, es editor de Promecal: "Grupo multimedia especializado en información regional", creado en 2000 y que se ha extendido desde Castilla y León a Navarra y Castilla La Mancha. También es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos y de la Fundación Atapuerca, y, como ya se ha señalado, copropietario con Ulibarri de RTVCyL, que mantiene la Junta. 'Michel' volvió a saltar a la fama a raíz de la revuelta del barrio Gamonal, donde los vecinos paralizaron la construcción de un bulevar en la calle Vitoria que el alcalde Javier Lacalle había adjudicado a una empresa del cacique de la ciudad, que construyó el ático en el que vive el primer edil, reelegido inextremis el 24 M y al que pagó unas vacaciones en la Costa Azul.

Los vecinos durante las movilizaciones de Gamonal no cesaron de gritar en las calles: "Los del Pozo al calabozo". Gritos que  se volvieron a repetir nueve meses después ante la reforma de la Plaza de Toros, y después por el escándalo en que se ha convertido el nuevo Hospital de Burgos (HUBU).

El 28 de abril de 2006 se constituyó la UTE Nuevo Hospital de Burgos SA, con bancos como el Santander y todas las cajas regionales, con constructoras nacionales como OHL y locales como las de Méndez Pozo: Urbanizaciones Burgalesas SL, con el 20,75 por ciento de la sociedad y de la que forman parte también Arranz Acinas, Gonorsa, Aragón Izquierdo... El HUBU, que comenzó a funcionar el 18 de junio de 2012, inspirado en el modelo privatizador de Alzira (Valencia) y que ha duplicado su presupuesto; costará más de 2000 millones de euros, a pagar en 30 años por los castellano y leoneses. La Junta garantiza una rentabilidad del 6,9 por ciento a pesar de los sobrecostes e irregularidades varias.

De este gran negocio también participa un hijo de 'Michel': Miguel Méndez Ordóñez, que creó una empresa -Facilita Río Vena Nuevo Burgos Gestión de Servicios SL- para "asesorar y dar servicios de apoyo" al Hospital de Burgos.

En la última campaña electoral del 24 M, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su visita a Burgos tuvo tiempo de recorrer las instalaciones de Promecal y retratarse con 'Michel' a las puertas de su emporio, según recogió el 'jefe' y editor de Diario de Burgos en sus páginas. Su compadre Ulibarri, hay que decirlo, es el propietario en la ciudad del Cid de El Correo de Burgos.

Pues León de la Riva ha compartido mesa y mantel para cerrar negocios con estos personajes. Las bodas siempre han sido un termómetro de la 'importancia' de las familias contrayentes. En la 'boda de Estado' de Alejandro Agag y Ana Aznar celebrada el 5 de septiembre de 2002 en San Lorenzo de El Escorial, estuvo el alcalde de Valladolid codeándose con la flor y nata del "caso Gürtel'. Francisco Correa, amigo personal de Agag, fue testigo de la boda. Al banquete de las segundas nupcias de Álvaro Pérez (El Bigotes) celebrad en Valencia en 2008 asistió Francisco Camps (El Curita). A la boda de Adriana, hija de Ulibarri, celebrada en el santuario de la Virgen de la Encina (Ponferrada), decorado por el catalán Pascual Ortega -el mismo que engalanó las bodas del entonces príncipe Felipe y sus hermanas Elena y Cristina- asistieron todas las autoridades de Castilla y León y Alfredo Prada Presa (vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia e Interior, entre 2003 y 2008, y exmilitante de Fuerza Nueva; Enrique López (magistrado del Tribunal Constitucional que dimitó tras ser cazado ebrio y sin casco conduciendo su motocicleta el 2 de junio de 2014, y con el que Ulibarri tiene relación , ya que es cuñado de Miguel Hernán, uno de sus hombres de confianza y cuñado de Miguel Manovel García, mano derecha también del constructor procesado).

Enrique López (León, 1963) es uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que participará en el tribunal que juzgará la primera parte del 'caso Gürtel' a la que nos hemos referido en este artículo. López es colaborador habitual de la Fundación FAES, del PP y que preside José María Aznar. En la memoria del llamado 'laboratorio de ideas populares' constan más de cincuenta colaboraciones de Enrique López. Además es columnista de La Razón, tertuliano de Intereconomía e intimo amigo de los exministros del PP Federico Trillo-Figueroa y José María Michavilla. El magistrado López será el encargado de redactar la sentencia del primer juicio de los corruptos de Gürtel, cuya vista oral es posible tenga que esperar hasta 2016, ya que todo hace indicar que no se celebrará este año, como en un principio estaba previsto.

Junto a Enrique López, cuya carrera y ascensos han estado siempre promocionados por el PP, se sentará y presidirá el tribunal juzgador: Concepción Espejel, presidenta de la Sección Segunda de lo Penal, también estrechamente relacionada con el PP y a la que Cospedal llama cariñosamente en actos públicos: Concha.

El tercer miembro en discordia del citado tribunal es Julio de Diego, también conservador. Para que luego pidan que se crea en la Justicia.

Y León de la Riva invitó a la boda de su hijo, antes del verano de 2009, a casi todos  los anteriores y alguno más. No faltaron, por supuesto, Méndez Pozo y Ulibarri.

Isolux Corsán

Otro 'buen amigo' de León de la Riva se encuentra en la empresa Isolux Corsán, en la que participa el Banco de Negocios (EBN), del que fue consejero -avalado por Caja Duero- el hasta ahora alcalde vallisoletano desde 2005 hasta noviembre de 2011.
Aparcamientos y obras de urbanización realizadas en los últimos años en Valladolid llevan la firma Isolux Corsán, creada en 2004. Subterráneos de Juan de Austria, Portugalete, Avenida de Palencia, Plaza del Ejército, Plaza Lola Herrera... Tunel en El Pinar (en UTE con Begar y Zarzuela). Urbanización del Plan Parcial Villa del Prado, el edificio de la nueva Agencia Tributraria, también en Villa del Prado (más de 21,5 millones de euros). El puente de Santa Teresa,  que presenta un lamentable estado a los cuatro años de su inauguración, según ha venido denunciando la Asociación Vecinal La Rondilla. El puente fue construido por la Unión Temporal de Empresas FCC-Corsán por 12,5 millones de euros más un sobrecoste de 3,4 millones. Total: 15,9 millones de euros más los intereses del préstamo pedido por el Ayuntamiento para financiar la obra, a devolver, principal e intereses en 20 años.

La empresa adjudicataria solicitó la devolución de la fianza de 316.000 euros que no se ha ejecutado por las numerosas deficiencias observadas, algunas de ellas derivadas de problemas estructurales y de mala ejecución o consecuencia de mal diseño de un puente "inútil, que cruza el río Pisuerga y une ningún sitio con ninguna parte", según los vecinos.

La Asociación Vecinal organizó con motivo del cuarto aniversario de la inauguración del puente de Santa Teresa una concentración, a la que no asistió el arzobispo -que había bendecido la obra- ni se repartieron bocadillos entre los asistentes, como hizo León de la Riva el 24 de marzo de 2011, metido entonces en precampaña electoral, que concluiría para él de mejor manera que la última: entonces obtuvo 17 concejales; ahora 12 y queda fuera del gobierno municipal.

Para mayor información es recomendable la lectura del blog 'Tinta Verde', de Miguel Ángel Ceballlos, geógrafo y ecologista, publicado el 11 de febrero de 2013 en últimoCero.com  sobre las conexiones del Ayuntamiento de Valladolid e Isolux Corsán.

La realización del aparcamiento de La Antigua implicaba  entre otras cuestiones un atentado al patrimonio histórico de Valladolid. "Conviene tener presente que las excavacioes arqueológicas vinculadas al proyecto del párkin, efectuadas entre 2006 y 2009 en la plaza de La Antiguas han sacado a la luz relevantes vestigios que son reflejo del pasado de nuestra ciudad, entre los que podemos destacar evidencias de una importante ocupación de época romana, de la necrópolis perteneciente a la iglesia de Santa María de La Antigua, de edificios medievales, de un palacio de los siglos XV-XVI del que se conserva un valioso patio, de la bóveda que acoge el ramal norte del Esgueva, del antiguo puente del Bolo de La Antigua y del entramado urbano que existió hasta hace veinticinco años", escribió el arqueólogo José Ignacio Herrán Martínez, en el número 13 de República, revista del Ateneo Republicano de Valladolid, que también se hacia eco de las voces que alertaban sobre las posibles repercusiones que la construcción del aparcamiento podría tener  para la estabilidad de la torrero románica  de la iglesia de Santa María de La Antigua.

A propósito del fallido aparcamiento de La Antigua (no consumado gracias a la presión de la Federación de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida, además de la oposición de varios miles de ciudadanos) ,que tenía previsto realizar Isolux Corsán  y que sólo por la gestión se llevaría unos 3 millones de euros, el portavoz durante la anterior legislatura del Grupo Municipal Socialista-PSOE, Javier Izquierdo, tras denunciar este nuevo caso de 'buena gestión' de León de la Riva, afirmó: "Uno tiene la sensación  de que el PP gobierna en Valladolid para que unos pocos se llenen los bolsillos a cargo del erario público".
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(*) Texto actualizado del capítulo 4º (Gürtel: Amistades peligrosas: trajes y vacaciones en yate) de 'Yo, León. Yo, Nerón. Una biografía no autorizada del alcalde de Valladolid', escrita por Fernando Valiño y editada por últimoCero.

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