Oficina principal de Correos en Valladolid. Foto: Gaspar Francés
Oficina principal de Correos en Valladolid. Foto: Gaspar Francés

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), la segunda emitida hace escasas fechas, han acabado con el peculiar entramado creado por Correos para limitar las bajas médicas de sus empleados, el denominado Tribunal Médico Central, compuesto  por tres médicos de familia (no especialistas) que se reúnen semanalmente en la sede central de Correos para emitir altas médicas a los empleados.

Estas sentencias, desveladas por el periódico Diagonal en su versión digital, han sido consecuencia de una demanda interpuesta por el funcionario de Correos y delegado sindical de CGT Luis Posadas Lubeiro, adscrito a la oficina principal de Valladolid, zona primera.

Luis Posadas padece una meralgia parestésica del nervio femorocutáneo (irritación de un nervio de la pierna que le deja paralizado) desde enero de 2013, por lo que los especialistas a los que acudió (neurólogo, reumatólogo, etc.) decretaron su baja médica. Pese a que su dolencia persistía, el 13 de junio de ese año el Tribunal Médico Central de Correos, sin ningún tipo de reconocimiento médico al trabajador, resuelve que está en condiciones de trabajar y emite el alta con un informe estándar utilizado para todos los casos, fotocopiado incluso con la firma ya puesta.

Este funcionario indicó que su dolencia le imposibilitaba incorporarse y presentó cerca de una veintena de informes médicos de siete especialistas que certificaban que no estaba en condiciones de trabajar. Sin embargo Correos le abrió expediente sancionador y tras varios meses incoándolo le sancionó con un año de suspensión de funciones falta disciplinaria de carácter grave por “ausencia injustificada”.

Luis Posadas interpuso dos recursos contencioso-administrativos, uno contra la decisión del Tribunal Médico Central por darle el alta sin pasar reconocimiento, y otro contra la sanción recibida por no incorporarse al puesto de trabajo. En ambos el TSJCYL le ha dado la razón, en sendas sentencias de suma importancia porque sientan jurisprudencia contra el proceder de este Tribunal Médico creado por Correos, y contra las que no cabe recurso.

En la primera de las sentencias, dictada hace ahora justo un año, se reconoce la situación de incapacidad laboral de este funcionario y se establece que Correos no tiene potestad para contradecir informes médicos de especialistas. Citando la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, la sentencia indica que “se encontrarán en situación de incapacidad temporal los funcionarios que acrediten padecer un proceso patológico por enfermedad o lesión por accidente que les impida con carácter temporal el normal desempeño de sus funciones públicas o que se encuentren en periodo de observación médica por enfermedad profesional, siempre y cuando reciban asistencia sanitaria necesaria para su recuperación facilitada por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y hayan obtenido licencia por enfermedad (…) concedida por los órganos administrativos con competencia en gestión de personal, (…) para lo que podrán hacer uso del asesoramiento facultativo propio o ajeno que consideren oportuno.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado podrá ejercer el control y seguimiento de la situación de incapacidad temporal del funcionario desde el inicio de la situación mediante el reconocimiento a efectuar por las Unidades Médicas de Seguimiento de las que disponga, propias o dependientes de otras Entidades Gestoras de la Seguridad Social y Servicios Públicos de Salud con los que la Mutualidad establezca acuerdos de colaboración”.

Esta sentencia explica que la situación descrita “se encuentra acreditada, por cuanto aunque el informe del Tribunal Médico Central declara la actitud del actor para el servicio, tal conclusión se encuentra desvirtuada por los informes médicos aportados con la demanda y sobre todo por el informe pericial (…) que ha sido concluyente sobe la existencia de la meralgia parestésica, habiendo el perito desarrollado ampliamente la naturaleza de esta patología y la imposibilidad de desarrollar las funciones de su puesto de trabajo, ni siquiera del nuevo puesto de atención al público a que ha sido destinado”.

Por ello, reconociendo que “las dolencias que padece el demandante le impiden llevar a cabo tareas propias de de su escala y cuerpo postal de pertenencia”, la sentencia falla anulando los acuerdos del Tribunal Médico Central de Correos “por no ser ajustados a derecho” y declara “la situación de baja laboral por enfermedad en proceso de incapacidad laboral transitoria, con todos los derechos inherentes”.

Habida cuenta de que esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso, el contenido de la segunda sentencia, que se debía pronunciar sobre la sanción impuesta por no incorporarse al puesto de trabajo, no podía sino dejar sin efecto dicha sanción. Citando el principio de culpabilidad, recogido en la Constitución Española y en la Ley que regula el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, la sentencia indica que “un procedimiento sancionador exige como requisito la culpabilidad de la conducta, culpabilidad que no concurre cuando la conducta deviene inexigible, como es el caso de la prestación de servicios que se vuelve imposible por razón de enfermedad. (…) Concurre una causa exoneradota de la responsabilidad disciplinaria que nos lleva ineludiblemente a dejar sin efecto la sanción impuesta de suspensión de empleo y sueldo de un año de duración”.

Contra esta sentencia tampoco cabe recurso.

Tras estas sentencias, además de venirse abajo el entramado médico montado por Correos, este organismo tiene un gran problema que solucionar, ya que según las sentencias legalmente Luis Posadas no ha dejado de estar de baja y lleva tres años sin cobrar, por lo que tendría que percibir su salario con sus correspondientes vacaciones, días de libre disposición, etc. Además de las costas del juicio. Y según la normativa, si está de baja más de 18 meses le tenían que haber jubilado.

“¿Cómo se soluciona eso ahora?” se pregunta Luis Posadas, que indica que “lo malo es que ese dinero no va a salir del bolsillo de los culpables, que son los jefes que toman la decisión de expedientar, o los médicos que firman sin más…, sino de los ciudadanos por ser una empresa estatal; por ello si a partir de ahora toman alguna represalia interpondré querella no contra Correos sino contra quien firme la resolución para que tenga que responder de forma personal por sus decisiones sin ampararse en Correos”.

Desde que se le manifestó la enfermedad no ha vuelto a trabajar. Su enfermedad es una dolencia considerada rara y que se cronifica, aunque con el tiempo puede estabilizarse y hacerse más llevadera. Consiste en una inflamación de un nervio que va de la zona lumbar hasta la rodilla y provoca dolores insoportables, lo que le obligó a tomar un medicamento usado en ataques epilépticos para ver si mitigaba el dolor y que por sus efectos le provocó ataques de pánico y sensación de levitación.

Hay reconocidos al menos dos casos de suicidios por esta enfermedad. Luis Posadas no llegó a tanto, pero sí llegó a pedir al traumatólogo que le cortara la pierna porque no lo resistía.

“Y en esas circunstancias querían que fuera a trabajar, cuando no podía ni andar”, señala este funcionario de Correos, que ha manifestado que “es la primera vez en España que un funcionario llega hasta el final y desmonta la infraestructura del TMC, que no tiene amparo legal, funciona con criterios economicistas siguiendo las directrices de la empresa y hace dejación administrativa ya que fotocopian los informes hasta con la firma, es un tribunal que solo da altas y cobra por ello, como una especie de comisión por el beneficio que produce a la empresa el alta médica”.

Según Luis Posadas, “no respetan la baja médica indicada por especialistas que sí examinan a los pacientes, y esto lleva a situaciones extremas, como carteros repartiendo el correo con muletas o carteros que se pierden porque tienen alzhéimer pero no les permiten estar de baja médica”.

Por ello, califica de “filonazi” a este tribunal, indicando que “muy poca gente puede permitirse estar años sin cobrar y encima pagando abogados, y cuando se abusa de alguien que no se puede defender, eso es fascismo”.

Sobre la razón última de este comportamiento, Luis Posadas apunta que “es una estrategia de Correos para cargarse a todos los funcionarios y dejar solamente al personal laboral; la situación de Correos es cada vez peor porque Internet le está comiendo el terreno, y como los jefes quieren mantener sus suculentos beneficios se quieren deshacer del colectivo de funcionarios machacándonos por donde más sensible podemos ser, que es en temas de salud, y quedarse solo con el personal laboral al que le pueden decir que trabaje solo 4 horas (contratadas, pero exigiéndoles que se queden más horas), con contratos basura, etc.”

Luis Posadas es delegado sindical de CGT, y afirma que “los sindicatos mayoritarios se callan porque reciben prebendas”.

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