Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, responsable de Función Pública.
Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, responsable de Función Pública.

El PP no ha conseguido esta tarde impedir que el pleno de las Cortes vuelva a debatir sobre las “bufandas secretas” (gratificaciones extraordinarias por servicios prestados fuera del horario de trabajo) que reparte cada consejería de forma periódica entre un reducido grupo de funcionarios de la Junta de Castilla y León.

El PP se ha quedado solo y todos los grupos políticos han apoyado que se debata la Proposición No de Ley presentada por Podemos para que se hagan públicas de forma periódica las cantidades que perciba cada funcionario en concepto de gratificación extraordinaria.

Podemos, además de recordar el artículo 76.3 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León indica que las gratificaciones “serán de conocimiento público de los demás funcionarios de la Consejería interesada así como de los representantes sindicales”, apunta que recientemente la Consejería de Economía ha hecho pública la relación de funcionariado que recibía el “incremento del complemento de productividad” estableciendo un precedente de publicación de los datos.

Y es que hoy el PP se ha vuelto a negar a facilitar esa información apelando tanto a la Ley de Protección de Datos, como al informe de la Agencia de Protección de Datos encargado por la Junta de Castilla y León en 2014.

Podemos Castilla y León ha solicitado esta misma mañana, tanto la relación de beneficiarios de las gratificaciones como una copia del informe de la Agencia de Protección de SSatos encargado en 2014 por la Junta de Castilla y León donde se declaró el carácter secreto de las gratificaciones extraordinarias.

Denuncia en Vía Penal

Mientras Podemos explora ahora, en un nuevo escenario parlamentario, el camino recorrido sin éxito por otros partidos (caso del PSOE) varias legislaturas, los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León parecen ir un paso por delante: han aprobado acudir a la vía Penal para hacer valer su derecho de información.

En una propuesta de UGT que ha sido respaldada por abrumadora mayoría, los sindicatos han decidido hacer uso de la justicia gratuita que acaba de serles reconocida para denunciar a los secretarios generales y a la consejera responsable de Función Pública (Pilar del Olmo) por incumplimiento del artículo 542 del Código Penal, que castiga con penas de uno a cuatro años de inhabilitación a la autoridad o funcionario que, a sablendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos.

Los sindicatos entienden que el derecho a conocer el importe y reparto de esas ‘bufandas’ ha sido dengado de forma sistemática por todos los secretarios generales y la consejera, que llegó a declararlas “secretas” en sede parlamentaria alegando el informe de la Agencia de Protección de Datos que ahora pide Podemos.


 

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