El alcalde, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, antes de presentar el informe. Foto: úC
El alcalde, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, antes de presentar el informe. Foto: úC

La recuperación del servicio de suministro de abastecimiento y depuración de agua prometida por el actual equipo de Gobierno está condicionada por los 96 millones de euros que el PP no invirtió en el mantenimiento de la red mientras estuvo en el poder.

“La ausencia de inversiones en los últimos 19 años en instalaciones y redes del Ciclo Integral del Agua de Valladolid, la obsolescencia de muchos elementos y el déficit de inversión acumulado de más de 96 millones de euros obligarán a una inversión de 178 millones en los próximos 15 años”, han anunciado hoy en rueda de prensa el alcalde, Óscar Puente y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, durante la presentación del informe sobre el Ciclo Integral del Agua, elaborado por un equipo técnico, en el que el Ayuntamiento basará su decisión acerca de la forma más eficiente de gestionar el servicio en los próximos años, una decisión que se adoptará tras recabar la opinión de una Comisión político-técnica que será creada en breve y un proceso de consulta a la ciudadanía.

La inversión en el mantenimiento de la red, según el contrato de concesión que en 1997 firmó el PP a favor de Aguas de Valladolid, corría por cuenta del Ayuntamiento, que en los últimos 19 años ‘sólo’ ha dedicado a ese apartado 27 millones de los 123,7 millones recaudados en concepto de canon. Una circunstancia cuyo alcance se desconoce, ya que no es descabellado pensar que la empresa a la que se pretende quitar el servicio pudiera acabar reclamando los importes de las actuaciones que haya tenido que ejecutar precisamente por esa falta de mantenimiento.

La decisión final se adoptará –previsiblemente en julio- sólo tras un proceso de diálogo, y garantizando la continuidad de la plantilla

El documento presentado hoy, al igual de lo ocurrido con el club de baloncesto o la confort letter fimada por el ex alcalde en la operación del soterramiento, Javier León de la Riva, pone de manifiesto de nuevo la falta de transparencia con la que durante años gobernó el PP la ciudad.

El informe permite al Ayuntamiento conocer de forma detallada la situación de todos los elementos que configuran la prestación del servicio, actualmente gestionado en régimen de concesión por Agualid: las estaciones de tratamiento de agua potable, la estación depuradora de aguas residuales, la red de abastecimiento y la red de saneamiento.

El primer objetivo es poder asumir el servicio con continuidad y sin incidencias cuando finalice la actual concesionaria, en junio de 2017, con independencia de cuál sea la fórmula de gestión en el futuro.

Para ello, se han analizado las posibilidades de subrogación del personal que actualmente integra la plantilla, así como todos los condicionantes organizativos y las relaciones con proveedores.

Uno de los aspectos más importantes es, precisamente, la cuantificación de las inversiones que es preciso llevar a cabo en los próximos años, al objeto tener todos los datos para crear un modelo económico, aplicarlo como hipótesis a los diferentes modos de gestión del servicio público, y de esta manera, poder evaluar todas las opciones.

Con el escenario técnico y económico que dibuja el informe, la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, explicó a los grupos políticos los pros y los contras de las diferentes alternativas de gestión: directa a través de un servicio municipal, una sociedad mercantil 100% pública, una sociedad mixta o una concesión (Ver informe completo sobre ventajas y desventajas de cada opción).

El actual equipo de gobierno, según explicó la concejala, ha esperado a este informe, puramente técnico, antes de abordar la posibilidad de avanzar hacia la gestión pública del agua, un compromiso de los dos grupos en el Gobierno, en la idea de que con ello se ganará en calidad, eficiencia en la gestión y salvaguarda de los intereses públicos, que, entienden, deben guiarse por principios como la justicia social o la calidad ambiental.

La decisión final, no obstante, se adoptará –previsiblemente en julio- sólo tras un proceso de diálogo, y garantizando la continuidad de la plantilla, tanto por respeto a sus derechos laborales, como por su gran cualificación y el conocimiento adquirido, imprescindibles para garantizar un servicio de calidad.  Por otro lado, debe de asegurarse que el importante esfuerzo económico que esto requiere sea asumible y no comprometa la prestación de otros servicios municipales básicos.

Con el informe como punto de partida, se procederá ahora a la designación de una Comisión político-técnica, que se nombrará en el Pleno del mes de mayo, en la que estarán representados todos los grupos municipales, y se convocará un foro de participación para dar a conocer a entidades sociales y a la ciudadanía toda la información sobre este servicio y recoger sus aportaciones.  La primera reunión ya está convocada para el próximo miércoles a las 17 horas en el salón de recepciones municipal. El formato de estos encuentros será similar al ya puesto en práctica por el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, a la hora de fijar los nuevos criterios para redactar el nuevo PGOU.

El objetivo es que, con el mayor consenso posible, se elabore antes del verano la memoria exigida por la Ley de Bases de Régimen Local que, previo informe de la Intervención Municipal, concluya cuál es la forma más eficiente y sostenible de gestionar el servicio.

Respuesta del PP

Nada más conocer la existencia de este informe, el PP ha redactado una nota de prensa en la que presume del “éxito” su modelo de gestión del agua bajo concesión a una empresa privada.

Según el PP, el equipo de Gobierno ha trasladado hoy “información sesgada de las inversiones realizadas estos años y no ha dicho ni una palabra sobre si subirá el precio del agua a los usuarios”. “No se han computado, como inversiones realizadas, las nuevas instalaciones y las importantes mejoras introducidas en el ciclo del agua durante la vida de la concesión por el Ayuntamiento. Por poner uno de los ejemplos más llamativos, la renovación completa que se hizo de la potabilizadora de San Isidro, con un presupuesto superior a los 13 millones de euros, sólo se ha computado parcialmente”, dice el PP en su nota de prensa, obviando que en la rueda de prensa del equipo de Gobierno se ha dejado claro que el déficit acumulado de 96 millones se refiere al mantenimiento de las redes y no a nuevas inversiones que, como han reconocido, sí que se han producido (fundamentalmente apoyadas por otras administraciones)

El PP anuncia que, ante lo que no tienen empacho en calificar como “falta de transparencia”, ha pedido que se facilite un listado de todas las obras realizadas en el ciclo del agua desde 1997 “para demostrar que el canon obtenido se ha destinado a mejorar la calidad del servicio”.


 

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