El actual alcalde, Óscar Puente, y su antecesor, Javier León de la Riva. Foto: Gaspar Francés
El actual alcalde, Óscar Puente, y su antecesor, Javier León de la Riva. Foto: Gaspar Francés

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha dicho basta y ha puesto en marcha la maquinaria para que llegue a los juzgados la carta de conformidad (comfort letter) que el ex alcalde del PP, Javier León de la Riva, firmó por su cuenta, sin informes técnicos y sin pasar por pleno, para plegarse a los intereses de los bancos del soterramiento.

Fuentes municipales han confirmado a últimoCero que la Junta de Gobierno Municipal tiene previsto en los próximos días anular esa carta de conformidad, como paso previo a su remisión a la Fiscalía para que determine si el ex alcalde, ya condenado por desobediente en el caso del edificio de Caja Duero donde él mismo reside, también cometió ilegalidad en este caso.

En la carta, fechada en enero de 2011, y que no cuenta ni con informes técnicos ni jurídicos que la avalen, Javier León declaraba “debidamente adoptados los acuerdos, autorizaciones y consentimientos” para cumplir las condiciones del convenio original firmado por él mismo, el entonces ministro de fomento, Francisco Álvarez Cascos y la Junta de Castilla y León, que comprometía al Ayuntamiento a no modificarlo ni terminarlo “sin autorización de las entidades financieras”, “consultar la conformidad de las entidades financieras antes de promover planeamiento urbanístico” y “hacer frente ante las entidades financieras si la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no puede cumplir sus obligaciones”.

Ese documento, al que el actual equipo de Gobierno no reconoce validez alguna, está siendo utilizado ahora por el grupo de entidades financieras que concedieron el crédito a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para apretar las clavijas al Ayuntamiento para que haga frente al 25% de la deuda que le corresponde, aunque eso, según los actuales responsables municipales, comprometería y pondría al borde de la quiebra al Consistorio vallisoletano.

La decisión de anular la carta de conformidad se adoptó la semana pasada, después de la celebración de la Comisión Especial de Seguimiento de la Operación de Transformación de la Red Arterial Ferroviaria en Valladolid puesta en marcha por el nuevo equipo de Gobierno para trasladar a la oposición las informaciones que, durante el mandato de Javier León de la Riva, se ocultaban de forma sistemática.

Tras su celebración, el PP sacó un comunicado en el que acusaba al “tripartito” de “negar información del soterramiento escondiéndose en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad”. Una acusación que ha levantado ampollas en el equipo de Gobierno, ya que desde que entró en la citada sociedad, ha hecho públicas las cuentas, las deudas, los intereses que se aprobaron, la situación de las negociaciones, así como informes de tasación sobre los terrenos de los actuales talleres que hasta ese momento estaban escondidas en un cajón y vetados a la oposición.

La acusación de falta de transparencia, llevó al PP a comparar la carta de conformidad que De la Riva firmó por su cuenta con la novación del nuevo contrato de crédito de la sociedad, a pesar de reconocer que han contado con informes de la intervención y de la asesoría juridical. Sin embargo, el PP entiende que esas firmas podrían quedar “invalidadas por carecer de autorización previa de órgano competente, salvo que se haya sometido a condición suspensiva”.

“Si lo que pretenden es compararlo con la firma personal del anterior alcalde de una carta de compromiso de 100 millones de euros, sin ninguna clase de informe, y fuera de la legalidad, desbarran por completo. Probablemente habrían preferido que no se hubiera renovado el crédito. Y está claro que no han valorado en absoluto el esfuerzo que se hizo por defender los intereses municipales, que se les explicó detalladamente en la comisión”, comenta el actual concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.

Las críticas a la supuesta falta de transparencia en este asunto también llevan la firma de Ciudadanos. Su única concejala, Pilar Vicente, solicitó en el transcurso de la comisión la documentación relativa al contrato de crédito y a los intereses generados por éste. “Le dije que lo reclamaría al Consejo de Administración de Valladolid Alta Velocidad (ya he redactado la carta en ese sentido), pero que no podía darle la información, sin más. La normativa de los consejos de administración y la responsabilidad de los consejeros no es la misma que para los concejales. Les dije que tenía allí el contrato firmado con los bancos el 4 de abril, pero nadie pidió verlo”, explica el concejal de Urbanismo antes de recordar que Vicente, en el transcurso de la reunion, “no planteó ni una sola pregunta sobre las nuevas condiciones o sobre los trabajos del Plan de Viabilidad”. “Le preocupó sobremanera que la página web de Valladolid Alta Velocidad (que, obviamente, no depende del Ayuntamiento, que solo posee el 25% de la sociedad) no estuviese actualizada (sigue figurando en ella Javier León de la Riva). Un asunto gravísimo, cuando existe una deuda de 400 millones sobre la mesa”, ironiza Saravia.


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