El Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha incoado diligencias previas a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Valladolid por delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho contra, entre otros, los diputados del PP, Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme y el empresario Alejandro Llorente Muñoz (antigua Collosa, actual Corporación Llorente) relacionados con la denominada ‘trama eólica’ que está siendo objeto de investigación en los juzgados vallisoletanos.

Ana Torme.
Ana Torme.

En este caso, aún en fase de instrucción, se investiga el presunto pago de comisiones por acelerar las concesiones administrativas de parques eólicos al que fue durante años mano derecha del ex consejero Tomás Villanueva y viceconsejero Rafael Delgado Núñez y al ex consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, como así acredita el informe de la Agencia Tributaria que fue a parar a la Fiscalía Anticorrupción que publicó en exclusiva El País.

En el mismo informe, además de apuntarse pagos al ex viceconsejero Delgado procedentes de Suiza y pagos millonarios (47,1 millones) por parte de Iberdrola al ex delegado de Excal (hombre clave en las investigaciones judiciales ya en marcha por la compra venta del edificio de la ADE en Arroyo, operación conocida como ‘Caso Perla Negra’) , también se incluía pagos “sospechosos” a la constructora vallisoletana Collosa superiores a los 10 millones de euros.

Ante esta nueva denuncia de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha acordado al mismo tiempo la inhibición de dichas diligencias al juzgado decano de Madrid al entender que los hechos ocurrieron en Madrid y no en Valladolid.

Respecto a Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, la Fiscalía solicita que se remita testimonio al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional que está conociendo de unas diligencias previas ya abiertas.

La denuncia de la Fiscalía vallisoletana se produce tras analizar las informaciones que haciéndose eco de un informe de la Agencia Tributaria, señalaban que tanto el actual embajador de España en Londres y ex ministro de Defensa del PP, Federico Trillo, así como el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte cobraron 354.560 euros y 75.000 euros, respectivamente, por “trabajos de asesoría” que no han llegado a materializarse “por escrito”, según declararon en su día portavoces de Collosa.

Alejandro Llorente.
Alejandro Llorente.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. Solo en Castilla y León, entre 2006 y 2007, facturó 134,4 millones a la Junta. Uniones de empresas en las que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo, según adelantó en su día El País.

Los pagos de Collosa a Federico Trillo (hermano del actual delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Pablo Trillo, llamado a declarar como imputado en el Caso Perla Negra, directamente relacionado con esta trama) se produjeron entre 2006 y 2008 (a su despacho Estudio Jurídico Labor).

Posteriormente, siempre según el informe de la Agencia Tributaria, Collosa firmó otro contrato con Sirga XXI Consultores, un despacho propiedad a partes iguales del diputado Vicente Martínez-Pujalte y la diputada por Valladolid, Ana Torme. En total los pagos detectados ascienden a 75.000 euros.

Tanto Trillo como Martínez-Pujalte defendieron cuando saltó el escándalo la existencia de los trabajos de asesoramiento que la Agencia Tributaria no ha podido acreditar. Por su parte Torme intentó desmarcarse asegurando que ella “no participó en el contrato con Collosa”.

Reacción socialista

El portavoz socialista en la comisión de investigación de la trama eólica creada en las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, ha exigido hoy, tras conocer la denuncia de la Fiscalía, la “inmediata” reunión de la comisión.

Izquierdo se ha mostrado muy crítico con el PP de Castilla y León y con su presidente, Juan Vicente Herrera, “porque hace tres meses que tienen paralizada la comisión de investigación de la trama eólica” a pesar de que “ya están desfilando por los tribunales cargos del PP de Castilla y León como ha ocurrido con cargos del PP de Valencia y de Madrid”. De hecho, recordó que Ana Torme era “alguien de plena confianza de Herrera”.

La denuncia conocida hoy se debe al recibo de “pagos inexplicables por asesoramiento verbal a una de las empresas beneficiarias de la trama eólica (Sirga 21). Ambos parlamentarios recibieron por esos asesoramientos una cantidad de 5.000 euros al mes hasta un total de 75.000, lo que no tiene justificación”.

El portavoz socialista ha pedido, de nuevo, las comparecencias de Pujalte y Torme en la comisión de investigación creada en las Cortes, que el PP y Herrera rechazaron”. “Ya está bien que la comisión lleve tres meses paralizada por la voluntad de Herera. El propio Herrera tiene que dar explicaciones de una vez”, sostuvo Izquierdo.

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