Un momento de la asamblea celebrada esta mañana por los funcionarios. Foto: úC
Un momento de la asamblea celebrada esta mañana por los funcionarios. Foto: úC

“Lo que está pasando no deja lugar a dudas: la Junta de Castilla y León se está dando mucha prisa por cambiar el modelo que tenemos de administración. El próximo golpe es alarmante: la probable amortización de miles de plazas -no cubiertas a propósito- con el proyecto de reforma de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) lo que supondría una de las mayores reducciones de la Administración de los últimos años”.

Esto es lo que hoy han denunciado los responsables de la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) en la asamblea que han celebrado (gracias a la cobertura legal prestada por CGT) en la Consejería de Economía y a la que han asistido alrededor de 200 funcionarios, preocupados por el “ERE encubierto” que puede suponer el Proyecto de Decreto sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la administración de la comunidad de Castilla y León y elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo sobre el que últimoCero informó el pasado 9 de mayo.

Un texto normativo que “asusta” a no pocos funcionarios, que “avanza rápido y planea debilitar la Administración para justificar su externalización”, según denunciaron los funcionarios en la asamblea celebrada tras una breve concentración en la Plaza del Milenio.

Y es que la Junta, no oculta sus intenciones y deja claro ya en el tercer párrafo de su borrador de decreto que quiere dar pautas de coordinación de las actuaciones que en materia de organización competen a otros órganos, “con el fin último de conseguir una estructura administrativa más ágil y flexible que, bajo principios de actuación comunes, permita una acomodación automática de los efectivos de personal a los cambios y necesidades de gestión, y traslade al administrado de forma más eficaz las acciones y los objetivos del gobierno”. En resumen: “Una administración para hacer lo que les de la gana y cumplir con los objetivos políticos del partido de turno, en lugar de mejorar la atención al ciudadano”, denunciaron los funcionarios.

Concentración de funcionarios esta mañana en la Plaza del Milenio. Foto: úC
Concentración de funcionarios esta mañana en la Plaza del Milenio. Foto: úC

Según explicaron, el Gobierno regional, “experto en pervertir el sistema”, quiere reducir de 600-700 a 100 o 120 los “puestos tipo” convirtiendo a los funcionarios en “multiusos” y, por si esto fuera poco, suprimir todos los puestos que no hayan sido ocupados en los últimos dos años, lo que puede suponer la desaparición de 3.000 o 4.000 plazas de funcionarios. “Esto es un ERE masivo y el borrador que han presentado el armazón legal para poder llevarlo acabo y convertir a los funcionarios en marionetas en manos de los cargos políticos”, se quejaron varios de los asistentes, que además criticaron duramente que en todo este proceso no se hable de los elegidos a dedo que ocupan libres designaciones, las comisiones de servicio, la ausencia de los obligatorios concursos de promoción interna y, como guinda de este amargo pastel, las encomiendas de gestión cuyo uso ha sido cuestionado por el propio Consejo de Cuentas por entender que “no se realizan con los procedimientos ni para las finalidades previstas por la normativa aplicable”.

Los funcionarios, que pusieron distintos ejemplos de cómo la administración A está siendo deliberadamente maltratada en beneficio de la Administración B (empresas públicas y fundaciones sobre las que no existe control político) explicaron las últimas maniobras para potenciar la Fundación Villalar (que depende de las Cortes) en detrimento de la Consejería de Cultura.

Algunos de los funcionarios asistentes criticaron duramente el papel que juegan los sindicatos mayoritarios en la negociación de este amenazante borrador de decreto que no ha sido dado a conocer masivamente entre los funcionarios. Hubo quien, incluso, denunció que “ayer mismo CCOO estuvo repartiendo papeles en contra de la celebración de esta asamblea”.

Críticas al margen, en la asamblea se demandó “unidad de acción sindical” contra este “ataque” a los derechos de los funcionarios que en la práctica supoine una “merma de la calidad de los servicios que la administración regional debe prestar a los ciudadanos”.


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