Aula vacía de un centro escolar de Valladolid. Foto: Ayuntamiento de Valladolid
Aula vacía de un centro escolar de Valladolid. Foto: Ayuntamiento de Valladolid

La Junta de Persona Docente ha elaborado un documento en el que recoge las principales reivindicaciones del profesorado y que, insisten, deben ser revisadas por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. En total, 15 epígrafes que constituyen todo un cuadernillo de verano para que el Ejecutivo autonómico haga sus “deberes” aprovechando el periodo estival:

Sustituciones. Solicitamos que se cumpla la instrucción de 15 de enero de 2016, de la DGRRHH sobre la Cobertura de ausencias del personal docente. Si hay algo por donde resultó más sencillo recortar con el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, fueron las sustituciones de las bajas laborales del profesorado, alargando los períodos de manera perpetua, generando situaciones de verdadera agonía hasta que llegaba el/ la docente sustituto. Demandamos, por ello, la recuperación de este tipo de derechos perdidos fundamentales, que perjudican notablemente a la organización de los centros y, en especial, al alumnado.

Recordamos también, en este sentido, el aumento de profesorado interino a jornada parcial con la situación laboral de precariedad que se genera y la inestabilidad de las plantillas de los centros. Además de solicitar su incorporación a los centros desde el 1 de septiembre.

Optativa de religión en 1º Bachillerato. Según lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo para autorizar la impartición de una materia específica con menos alumnado de la ratio establecida debe existir un informe del Área de Inspección que estudie el caso particular de ese centro y de esa materia. Esta norma afecta a todas las optativas a excepción de la Religión, cuya impartición se autoriza de forma general con independencia del número de alumnos que tenga. Reiteramos que esta “excepcionalidad” se haga extensiva a todas las materias optativas en Bachillerato, o bien que la asignatura de Religión cumpla la normativa en cuanto a la ratio mínima establecida, como el resto.

Por la necesidad de personal administrativo en los centros de infantil y primaria. Persistimos en la demanda de contratación de personal administrativo en todos los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la provincia y comunidad para garantizar un correcto funcionamiento de los mismos, especialmente en los momentos del año en los que se acumula un exceso de tareas administrativas que requieren de una labor muy intensiva por parte de los equipos directivos, repercutiendo negativamente sobre las tareas para las que profesionalmente se está preparado como docente: procesos de matriculación, grabación de solicitudes del tipo que sean, RELEO, etc.

Robos y alarmas en centros. Ante el alto número de robos acaecidos en centros durante este curso escolar, se ha debatido el tema varias reuniones con la DP, a quien solicitamos que demande en el Consejo Municipal de Educación de la provincia la reactivación de las mismas para evitar que esto siga sucediendo de manera impune.

Agresiones al profesorado en centros públicos.

Continuamos perseverando en la DP ante la falta de plantilla, cupo y sustituciones en los centros, de ahí que solicitemos que se nos permita estar en las negociaciones del cupo de los centros, cada vez más ajustados; esto imposibilita el ofrecer apoyos y una respuesta educativa de calidad al alumnado. Este curso está siendo especialmente perjudicial en la zona rural. Somos conscientes de que el descenso de la natalidad tenga sus repercusiones en los centros educativos, pero consideramos que hay otros momentos a lo largo del curso en los que se puede hacer una previsión de los puestos que se pueden perder: en la modificación de plantillas (dando los datos y números reales para hacer unos cálculos que se ajusten mejor a la realidad) y en el Concurso General de Traslados (sin adjudicar plazas que corren peligro de "extinción" fundamentándose en los datos a los que nos referimos anteriormente). Junio/ julio no es el momento de jugar con la plantilla definitiva de los centros, generando infinidad de desplazamientos del profesorado para después cubrir medias vacantes con personal interino.

Como habitualmente, demandamos a la administración a que haga una previsión de las necesidades de plantilla de los centros con más tiempo y menos improvisación. Genera un auténtico caos en la organización de los centros, por no hablar del perjuicio al que se ve sometido el profesorado afectado.

Mejorar la ratio de alumnos en centros masificados, al igual que reconsiderar el modelo de escolarización de zona única que también genera estas masificaciones en unos centros y descenso de matrícula considerable en otros, sin valorar tan siquiera que la infraestructura de ciertos centros no puede albergar a todo el alumnado que lo desee. Proporcionar desdobles de manera ordinaria en aquellos centros que se ven conminados a admitir a alumnado fuera del período de escolarización por problemática ajena al propio centro.

Nos restan representación en las comisiones, mesas,… cada año, con el objeto de tener menos presencia de aquellas personas que pueden defender los derechos del profesorado. La comisión de escolarización, a modo de ejemplo, considerada de calado para la JPD, es una reunión meramente informativa en la que no se nos ofrece ninguna posibilidad de intervención ni (mucho menos) de negociación.

Instauración ciclos LOE, en la que la inversión se ejecute previa al inicio del curso escolar si se pretende garantizar esta implantación con los recursos materiales y humanos que requiere si de verdad se persigue el éxito educativo.

Realizar las limpiezas que se establecen en la contrata con el Ayuntamiento de Valladolid de manera habitual y ordenada en función del calendario que en ella se establece.

Impulsar desde la Dirección Provincial el reparto equitativo de los colectivos desfavorecidos entre los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados). Este reparto ha de empezar desde educación infantil de 3 años.

Es necesario el reconocimiento de todas las enfermedades derivadas de la práctica docente. En este sentido se ha logrado que las bajas causadas por situaciones de presión psicológica en ciertos centros de la provincia, sean consideradas como accidente laboral.

Ante la imposibilidad de la paralización de la LOMCE, debemos esforzarnos por evitar que su total implantación en Educación Secundaria repercuta de manera negativa, precipitada y mal organizada, como ha ido sucediendo desde que empezara a instaurarse en Primaria (al galope y con un calendario imposible, impuesta y sin negociación). Exigimos que se continúe con la formación al comienzo del curso escolar 2016/2017 y una coordinación continua en el área de inspección educativa que garantice el trato equitativo en todos los centros en los que se implanta la LOMCE este curso, donde la flexibilidad sea el pilar que sujete toda la implantación de la nueva norma, sin someter a estrés y trabajo burocrático excesivo al profesorado que se vea principalmente afectado de manera directa.

Del mismo modo, seguiremos manteniendo nuestra oposición a la realizacion de las Reválidas que se instaurarían en su totalidad este curso próximo, es especial las de 4º ESO y 2º Bachillerato.

No hay comentarios