Trabajos en la excavación de la fosa común en el cementerio de El Carmen.
Trabajos en la excavación de la fosa común en el cementerio de El Carmen.

Ni si quiera están oficialmente muertos, pero lo están. Y alrededor de un millar están enterrados sin nombre ni dignidad donde nunca debió enterrarse a nadie porque nunca debió ocurrir lo que ocurrió, hoy hace 80 años, cuando unos militares golpistas, rompiendo el orden constitucional, sumieron a todo un país en una de las épocas más negras de su historia.

El Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han firmado hoy un convenio pionero para localizar a ese millar de represaliados por el franquismo cuyos restos han sido localizados en fosas comunes ubicadas en los paseos del cementerio de El Carmen.

25.000 euros que servirán para la contratación de cinco técnicos, un especialista auxiliar de enfermería a media jornada, un peón, gastos de gestión, una carpa para cubrir la excavación, lonas de protección, andamiaje, traslado de cuerpos, cajas individuales, material fungible para dibujo, recogida de muestras y otros gastos relacionados con la intervención, que lleva aparejada un trabajo forense para intentar colaborar a identificar individualmente los cadáveres.

Firma del convenio con la ARMH en el despacho de alcaldía, esta mañana.
Firma del convenio con la ARMH en el despacho de alcaldía, esta mañana.

A partir del testimonio de familiares de personas desaparecidas durante el golpe de Estado y la posterior represión en la Guerra Civil, la ARMH tenía conocimiento de la existencia de dicha fosa común en el cuadro 58 del cementerio, justamente en la esquina entre la calle Longitudinal 3 y la Trasversal 10.

Durante los trabajos del mes de abril, que autorizó la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en apenas diez metros cuadrados se encontraron diez cuerpos amontonados y el yacimiento parecía extenderse bajo los caminos. En mayo la excavación se amplió y se encontró una nueva fosa justo al lado de la que se recuperaron 23 cuerpos y se comprobó la existencia de otros 18, amontonados en diversas tandas. Según datos de varios archivos, podría haber al menos un millar víctimas de la represión franquista enterradas en el cementerio del Carmen de Valladolid.

La ARMH tiene constancia de la existencia de al menos 7 fosas comunes en los paseos del cementerio. En la que hace ese número 7, además, se sabe que el último cuerpo enterrado allí hacía el número 105.

No tiene sentido que en 2016 estemos en esta situación. Lo que queremos es zanjarla de una vez por todas. Lo que vamos a intentar es dar una solución definitiva. Prolongaremos este convenio lo que haga falta hasta acabar con esta situación”, ha anunciado el alcalde, Óscar Puente tras la firma del convenio. Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, ha expresado su “satisfacción” por que el Ayuntamiento de Valladolid dé este paso “a favor de la legalidad” que obliga a las administraciones públicas a colaborar en la búsqueda de represaliados por el franquismo.

El presidente de la ARMH de Valladolid, Julio del Olmo, tras valorar muy positivamente que “por primera vez una institución se implique de forma directa y claramente con las víctimas de la sublevación” –“Es un hito, un cambio muy importante”, dijo- criticó sin embargo la actitud demostrada por el juez de guardia al que se comunicó, siguiendo los protocolos establecidos, la existencia de una fosa común con restos de seres humanos tiroteados, aunque se inhibió alegando la Ley de Amnistía.

“Igual que hay una Ley de Memoria hay leyes internacionales que obligan. España es una singularidad no democrática, no es un ejemplo democrático. Seguimos el protocolo. Llamamos a la Policía Municipal, luego al Cuerpo Nacional de Policía. Hicieron lo que tenían que hacer. Llamaron al juez de guardia y declinó su presencia alegando la Ley de Amnistía. En crímenes de lesa humanidad esa ley no sirve para nada según establece la propia ONU. Sería como una ley de punto final. En Argentina y Chile así se ha entendido. Aquí somos adalides de la democracia pero seguimos con los oídos sordos y los ojos ciegos”, indicó del Olmo.

El presidente de la Diputación impone la Medalla de la Provincia al militar golpista.
El presidente de la Diputación impone la Medalla de la Provincia al militar golpista.

Críticas del Foro por la Memoria al acuerdo alcanzado en la Diputación

Por otra parte, el Foro por la Memoria de Castilla y León ha hecho público un comunicado en el que valora la proposición presentada por Valladolid Toma la Palabra en la Diputación y que fue aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos en la institución provincial.

“Es de celebrar esta iniciativa que se produce en el ochenta aniversario del golpe armado que puso fin al estado legalmente constituido, pero hay que revisar los siguientes puntos”, indica el colectivo:

La Proposición habla de las víctimas de la “Guerra Civil y Dictadura”, lo que en nuestra provincia es un error inadmisible, ya que los desaparecidos en nuestra provincia se producen como consecuencia del GOLPE DE ESTADO FRANQUISTA CONTRA EL ESTADO LEGAL, LA REPÚBLICA, y por tanto son todos ciudadanos civiles y desarmados. En la provincia de Valladolid no hay desaparecidos de la dictadura, ni tampoco de la guerra.

En la Proposición presentada NO SE CONDENA EL FRANQUISMO (origen y causa de los crímenes contra la Humanidad cometidos en nuestra provincia, y definidos como tales por las instancias jurídicas internacionales mundialmente reconocidas).

En el texto no se hace ninguna referencia a medidas concretas para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas, medidas que obligatoriamente han de centrarse en la búsqueda de la Verdad de los hechos; la aplicación de la Justicia y la Reparación a las víctimas de la represión franquista.

No se plantea la retirada de honores a Franco, algunos de ellos concedidos por la propia Diputación de Valladolid, institución a la que pertenece el portavoz, sr. Arpa, como la concesión de la Medalla de Brillantes de la Ciudad de Valladolid (marzo 1950), la Alcaldía Honoraria (septiembre 1939) o la Primera Medalla de la Provincia (octubre 1959).

En la Proposición no se concreta ni una sola medida a tomar en relación a los símbolos franquistas existentes en la provincia y que son ostensibles en una gran cantidad de localidades vallisoletanas. En ese sentido hay que recordar que son precisamente las Asociaciones memorialistas (no consultadas ni tenidas en cuenta la hora de elaborar la Propuesta) las que voluntariamente están realizando el estudio y la investigación con sus propios medios, sin contar con respaldo o ayuda alguna de las instituciones, tarea que algunas de ellas vienen realizando desde hace años.

El punto último propone hacer “homenajes a las víctimas y a las familias”, cosa ésta última que no tiene razón de ser ni base alguna. Las familias de las víctimas no han pedido jamás ser homenajeadas; necesitan la verdad y exigen justicia y reparación. De hecho, hoy ya no basta con un homenaje a las víctimas; los hijos de los asesinados están falleciendo sin haber llegado a conseguir el reconocimiento de las víctimas, y mucho menos la reparación de los crímenes y abusos cometidos contra ellas. Ninguno de los familiares desea que se le haga un homenaje, mientras se impide el acceso a los archivos (y el de la Diputación es el ejemplo más claro de este hecho) y las instituciones no reconocen el crimen, no condenan los hechos ni cumplen las leyes al respecto.

En la Proposición no se hace referencia alguna a los representantes elegidos por el pueblo y que fueron asesinados, encarcelados, despojados y perseguidos mientras OSTENTABAN EL CARGO PARA EL QUE HABÍAN SIDO ELEGIDOS EN LAS URNAS, y eso que entre ellos se encuentra el propio alcalde de la ciudad, señor Antonio García de la Quintana, asesinado; el presidente de la Diputación, Serafín Alcover Gómez-Caro, condenado a treinta años de cárcel; diputados como Juan Moreno Mateo, encargado de los Centros; o Bruno Merino, asesinados, Federico Landrove Moiño, primer alcalde de la República, Federico Landrove López, Diputado socialista en las Cortes, asesinado; Delfín Rodríguez, diputado provincial y un largo etcétera.

La Propuesta olvida que ante un Crimen contra la Humanidad de las características del golpe armado franquista que nos ocupa, todas las directrices de la Justicia Universal señalan la Verdad, la Justicia y la Reparación como único camino a seguir. El primer paso para ello es el reconocimiento del crimen y la condena del franquismo, dos cuestiones previas que brillan por su ausencia.

Por fin, hay que decir que todas las iniciativas que se tomen en pro de la consecución de Verdad, Justicia y Reparación en el caso de la represión franquista, son bienvenidas; sin embargo, tras ochenta años, es de exigir a las instituciones y partidos, y más si ostentan representación, mayor rigor en los planteamientos, voluntad de contar con todos los actores implicados, amplitud de miras y no centrar el problema exclusivamente en la localización o exhumación de fosas, dejando a un lado aspectos determinantes cuya resolución no se aborda, por lo que el problema continúa sin visos de resolución.

Respecto a las exhumaciones, el colectivo memorialista entiende que “es necesaria la aplicación estricta de los Protocolos de Exhumación establecidos por el Gobierno (publicados en el BOE), sobre todo en lo que hace referencia a la presencia de autoridades judiciales prevista para estos casos, así como los establecidos por las Asociaciones Memorialistas, establecidas y aceptadas en reuniones estatales. En este sentido no hay que olvidar la importancia de la metodología seguida en los trabajos financiados con fondos públicos”.

“Para la elaboración de esta Proposición no se ha consultado ni tenido en cuenta la opinión de las Asociaciones Memorialistas de la ciudad de Valladolid, todas ellas con un largo recorrido que abarca todas las facetas del problema: investigación, denuncia, exhumación, divulgación y publicación, además de acciones legales y gestiones realizadas a todos los niveles. Esta falta de comunicación resulta paradójica y contradice lo expresado en el texto propuesto: 'Sólo con un proceso institucional coordinado y siempre en estrecha colaboración con las asociaciones memorialistas se garantizarán la eficacia, la celeridad, la coherencia y la responsabilidad necesarias para afrontar todo este proceso de búsqueda de los desaparecidos'”, recuerdan en su comunicado.

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