Bancada popular antes del inicio del pleno.

Sólo una moción de cuantas se han presentado por los distintos partidos políticos al pleno ordinario de agosto adelantado a hoy no ha sido aprobada: un ‘remake’ de otra ya presentada y rechazada en noviembre del año pasado sobre rebajas en las tarifas del bus urbano que ha vuelto a poner de manifiesto la ‘falta de memoria’ del PP, que pide ahora con ligereza lo que no puso en marcha durante 20 años, como han recordado los distintos portavoces. El alcalde Óscar Puente, incluso, llego a plantear que la moción incurría en un “vicio de legitimidad claro”.

El presidente del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo fue el encargado de defender la moción popular que planetaba un sistema de tarifa plana del precio del autobús para jóvenes y parados de larga duración, que no supere los 15 euros al mes, ya que en su opinion “no se puede esperar a la aprobación del Plan de Movilidad Municipal (Pimussva)”.

Las críticas se sucedieron y algunas de ellas con referencias cinematográficas.

El concejal no adscrito Jesús Presencio criticó que la moción no fuera acompañada de “un estudio serio” de costes, se preguntó quién va a acabar pagando el autobus en Valladolid si todas las tarifas están bonificadas y acabó citando el “Siempre nos quedará París” de la película Casablanca.

La portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, se quejó de que la moción ya estuviera debatida “hace 10 meses” y la concejala Gloria Reguero de Sí se Puede, apuntó como motivos para justificar su presentación por parte del PP: “O quieren alargar el pleno o apuntarse como propio lo ajeno”.

Reguero fue más allá y aprovechó su intervención para afear que la vacante del gerente de Auvasa no se haya cubierto desde hace 9 meses planteando que si después de tanto tiempo todo sigue funcionando igual, a lo mejor es una plaza innecesaria.

El concejal de Urbanismo, de Valladolid Toma la Palabra, Manuel Saravia, utilizó para su crítica también un argumento cinematográfico: “Esto no es Casablanca, sino el Día de la Marmota”. “Ahora espero otra (moción) sobre VallSur”, llegó a indicar en tono jocoso.

El concejal de Movilidad, Luis Vélez, no perdió la oportunidad de pedir disculpas y asumir su responsabilidad por la falta de gerente en AUVASA tras la crítica de la concejala de Sí se Puede. El concejal socialista tuvo que recordar al portavoz del PP que ya se llevan meses trabajando en la implantación de un bono social que verá la luz el próximo 1 de enero. Aprovechó además para recordar las últimas cifras de usuarios que reflejan que por primera vez desde 2008 han dejado de perderse viajeros.

Ante las críticas de Bermejo en las que aseguraba que al final acabarían aprobando su propuesta de bonificación “tarde y mal”, Vélez respondió que ni tarde ni mal, que simplemente, lo iban a hacer.

La acusación de “vicio de legitimidad claro” vertida por el alcalde sobre la moción presentada por el PP, escoció a Martínez Bermejo, que acabó disparando contra todos los portavoces: “Me sorprende lo atada que está al Gobierno”, dijo a Reguero; “Si quiere usted protagonismo gane las elecciones”, espetó a Pilar Vicente; “Su determinismo político es del siglo XIX”, aseguró al alcalde.

Finalmente la moción fue la única que no se aprobó en toda la sesión.

Salón de plenos antes de iniciarse la sesión.
Salón de plenos antes de iniciarse la sesión.

Inmatriculaciones eclesiásticas

En el mismo salón de plenos que sigue estando presidido por un Cristo, también se discutió una moción presentada por Sí se Puede para conocer los bienes inmatriculados de la Iglesia católica en Valladolid.

Charo Chávez recordó que el Gobierno del Partido Popular mediante el Real Decreto 1867/1998 introdujo una reforma del Reglamento Hipotecario que permitía que la Iglesia Católica pudiera proceder a la inscripción registral de una ingente cantidad de bienes inmuebles de alto valor cultural, patrimonial y económico que hasta entonces tenían el carácter de bienes de dominio público, es decir de la ciudadanía.

La moción inicial perseguía, en un ejercicio de transparencia, la elaboración de un inventario de bienes tras recopilar la información que pudiera facilitar el Ministerio de Justicia como paso previo a su puesta a disposición de la ciudadanía por si hubiera lugar a reclamaciones de propiedad. Finalmente, tras las distintas intervenciones de los grupos, el alcalde medió para que fuera aprobada una moción para pedir la información al Arzobispado y solo en caso de que éste no conteste se solicite información a otras instancias.

El concejal no adscrito Jesús Presencio indicó que la información se podría sacar del Registro de la Propiedad, que el obispo no tendría problema en facilitarla y acabó citando los Evangelios: Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Pilar Vicente, de Ciudadanos, habló de “revisionismo imposible” al estar ya hechas las inmatriculaciones y llegó a calificar la moción como “una suerte de desamortización a la que no ha lugar”.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez apuntó que este proceso de inscripción de inmuebles es “dudosamente constitucional” y el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, coincidió con Chávez en el interés público de la medida que significa un acto de transparencia.

El portavoz del PP, Jesús Enríquez, fue el que más pegas puso al cuestionarse qué es lo que se persigue con esta medida llegando a asegurar que la inmatriculación ni es un “favor franquista” ni un “privilegio arbitrado por el PP”. Enríquez fue especialmente duro al cuestionar que se acuse a la Iglesia de apropiarse de bienes públicos. “La iglesia les va a perdonar a usted (dijo a Chávez) todas las cosas que han dicho aquí”, llegó a decir el portavoz del PP tras haber interpretado que con la moción Sí se Puede pretendía “quitarle a la Iglesia sus bienes”.

La moción finalmente, matizada hasta el extremo, acabó siendo aprobada en el sentido de pedir la información al Arzobispado como paso previo a pedirla al ministerio solo en caso de que el primero no responda.

Concejales de Sí se Puede y Valladolid Toma la Palabra.
Concejales de Sí se Puede y Valladolid Toma la Palabra.

Más mociones

En el pleno se aprobaron más mociones, casi todas ellas matizadas con aportaciones de partidos distintos al proponente.

Es el caso de una presentada por Ciudadanos para conocer las necesidades reales de personal del Ayuntamiento. Tras una serie de enmiendas de algunos grupos, finalmente se ha llegado a un acuerdo consensuado por el que se realizará un estudio de valoración de cargas de trabajo del personal que presta servicios en el Ayuntamiento para "conocer las necesidades de cada unidad administrativa y fijar unos criterios que permitan mejorar los servicios del Ayuntamiento", ha explicado la concejala de la formación naranja.

Vicente ha aclarado que con su moción "se mantiene el pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores públicos. En ningún momento buscamos que se dude de la profesionalidad del personal municipal". La portavoz ha apuntado que actualmente "existen sectores infradotados de personal que están provocando problemas en la gestión de los servicios municipales".

También se ha aprobado una moción del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra para buscar referencias culturales de las ciudades del mundo con menos recursos y fomentar una interculturalidad más enriquecedora y otra del PP para la mejora de las condiciones de la práctica deportiva de corredores populares y andarines en la ciudad de Valladolid.

Por último, también ha salido adelante, enmendada, otra moción   del   Grupo   Municipal   Popular para garantizar la seguridad de menores y adolescentes en las actuaciones municipales.

Modificaciones de crédito y preguntas

Se ha aprobado, con la oposición del PP una modificación de crédito de 23.000 euros correspondientes al certificado final de obra de la segunda fase de los trabajos de adecuación de la antigua Hípica. El concejal del PP Carlos Fernández ha tratado de relacionar esa modificación de crédito con el coste final de la Fiesta de la Moto organizada el pasado invierno por el Ayuntamiento ante la ausencia de Pingüinos.

El intento de embarrar el debate (aprovechando que el Procurador del Común ha admitido a trámite una queja del PP sobre la falta de información sobre los costes de dicho evento) ha molestado al alcalde, que ha llegado a indicar que el PP no tiene “ni memoria ni vergüenza” al sumar los costes de una obra contratada por el anterior equipo de Gobierno al supuesto coste final de la concentración motera.

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, durante el pleno.
El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, durante el pleno.

También se ha aprobado una modificación puntual del PGOU, que no había sido dictaminada en comisión, para poder abordar el plan de remodelación del 29 de Octubre. El portavoz del PP acusó al concejal de Urbanismo de haberse “cargado” el ARU 29 de Octubre, al que acabó calificando como “tocomocho de Pajarillos”. “En lugar de regeneración urbana es un lavado de cara. Ha tenido 13 meses para negociar con otras administraciones. Esto es un trágala a la carrera”, criticó Enríquez.

Saravia respondió que precisamente esa negociación con otras administraciones exige la modificación puntual del PGOU, que el equipo de Gobierno “no ha tenido ningún apoyo del PP en este asunto” y que “la aprobación del proyecto inicial, que pretendía demoler el 100% de las viviendas es ilegal”.

Jesús Presencio ha preguntado por la pérdida de población y el alcalde le ha respondido que la única solución es generar más tejido industrial y Carlos Fernández ha cargado contra Manuel Saravia en otra pregunta referida a la petición de cesión del edificio de Capitanía. Fernández ha calificado como “una ocurrencia más de la factoría Saravia” la petición de cesión a cambio de más edificabilidad en la Academia de Caballería y ha acabado preguntándose si ya se había quedado pequeña la Ciudad de la Justicia.

Saravia ha respondido que las negociaciones se iniciaron por carta y mucho antes de anunciarse a la prensa, que conviene ver la ciudad en su conjunto y que “el Ejército está sobrerepresentado en la ciudad”. Acabó recordando al concejal del PP que su partido en 2010 llegó a plantear ese espacio como sede de un Parador Nacional.

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