León de la Riva, en su declaración en el juicio en el que ya fue condenado por desobediente.
León de la Riva, en su declaración en el juicio en el que ya fue condenado por desobediente.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid ordena que se tome declaración, en calidad de investigado (antigua figura de imputado), al ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, a cuenta de la carta de conformidad que, sin amparo de informe técnico alguno, firmó por su cuenta para plegarse a los intereses de los bancos que financian la operación del soterramiento del tren a su paso por la ciudad.

En un Auto fechado hoy mismo el juzgado atiende los recursos presentados por el propio Ayuntamiento y la Fiscalía contra el archivo inicial que había dictado el Juzgado de Instrucción número 4 y ordena que se reciba declaración, “con la cualidad ineludible procesalmente de investigado al Sr. León de la Riva, para que pueda dar las explicaciones que considere oportunas al respecto, y protegiendo y colmándose así su derecho de defensa, que debe ser tutelado desde los Tribunales”. “También deberá recibirse declaración, en principio, en calidad de testigos a los que en aquella fecha, 26 de enero de 2011 fueran Interventor y Secretario General del Ayuntamiento de Valladolid” ordena la Audiencia en su auto.

El Juzgado de Instrucción 4 inicialmente acordó el sobreseimiento provisional de la causa al entender que debe ser la jurisdicción administrativa o contencioso-administrativa la que deba resolver sobre la validez o no del acto realizado y que da lugar a la denuncia formulada.

“La Sra. Juez de Instrucción justifica su decisión en la aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal, obviando sin embargo cualquier referencia a un posible delito de falsedad documental”, indica ahora la Audiencia para apuntar a renglón seguido que “es cierto que la vía administrativa o contenciosa podría tener incidencia en su caso, en la determinación del posible delito de prevaricación, ya que sería dicha jurisdicción la competente para resolver acerca de la nulidad o validez del procedimiento seguido para la firma del documento en cuestión, pero de lo actuado, en concreto de los informes del Interventor y de la Asesoría jurídica, se desprenden, a priori y sin prejuzgar la causa, indicios racionales de un posible delito de prevaricación, que debe ser investigado”.

El tribunal indica que dicha jurisdicción no puede ser extensiva hacia un posible delito de falsedad. “Este delito vendría configurado, sin prejuzgar la acción, por una de las menciones existentes en el documento firmado por el Sr. León de la Riva. (…):En concreto en el punto número 4 de la carta de compromiso o conformidad se afirma que: “El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid declara en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento (...) han sido debidamente realizados y adoptados y que no existen circunstancias ni se ha interpuesto reclamación alguna que pudiera resulta en la invalidez, no ejecución o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los accionistas en éste y en todos los documentos referidos, y que las personas firmantes de este documento, en nombre y representación de la misma, poseen las facultades suficientes a tal efecto”. Constando al pie del documento la firma autógrafa del Sr. León de la Riva y se expresa: “EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID” (En ejecución de los acuerdos internos suficientes adoptados a este respecto)”.

Sin embargo, de los informes emitidos en el mes de diciembre de 2015, tanto por la Intervención General como por el Secretario General del Ayuntamiento, manifestando el desconocimiento de la existencia de dicho compromiso, parece desprenderse, de forma indiciaria, lo afirmado en el referido punto 4 del documento por lo que en principio habrá que investigar la participación o no de otras terceras personas en la firma de dicho compromiso”, apunta la sección cuarta de la Audiencia.


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