El ex alcalde, en un momento de su declaración en el juicio en el que ya fue condenado por desobediente. Foto: Nacho Gallego / EFE
El ex alcalde, en un momento de su declaración en el juicio en el que ya fue condenado por desobediente. Foto: Nacho Gallego / EFE

El ex alcalde del PP en Valladolid, Javier León de la Riva, ya condenado por desobediente a una pena de inhabilitación, regresa el próximo día 22 de noviembre a los juzgados para declarar en calidad de investigado (antigua figura del imputado) por haber firmado sin aval técnico y sin conocimiento del pleno la carta de conformidad a los bancos del soterramiento que implica un desembolso de 100 millones a las arcas municipales para pagar la parte de deuda correspondiente al Consistorio en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (25%).

La instrucción de este nuevo caso contra el ex alcalde vallisoletano, conocido en todo el territorio nacional por su incontinencia verbal, continúa pese al intento del juzgado de Instrucción 4 de archivar el caso. La Audiencia Provincial ha tumbado el auto inicial de archivo y ha ordenado que se tome declaración al ex alcalde como imputado al ver indicios de prevaricación y falsedad documental.

La Audiencia también ha ordenado que se tome declaración “en principio, en calidad de testigos a los que en aquella fecha, 26 de enero de 2011 fueran Interventor y Secretario General del Ayuntamiento de Valladolid”.

“La Sra. Juez de Instrucción justifica su decisión en la aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal, obviando sin embargo cualquier referencia a un posible delito de falsedad documental”, indica la Audiencia en su auto de reapertura del caso para apuntar a renglón seguido que “es cierto que la vía administrativa o contenciosa podría tener incidencia en su caso, en la determinación del posible delito de prevaricación, ya que sería dicha jurisdicción la competente para resolver acerca de la nulidad o validez del procedimiento seguido para la firma del documento en cuestión, pero de lo actuado, en concreto de los informes del Interventor y de la Asesoría jurídica, se desprenden, a priori y sin prejuzgar la causa, indicios racionales de un posible delito de prevaricación, que debe ser investigado”.

La estrategia de defensa del ex alcalde del PP en Valladolid, Javier León de la Riva, ya ha quedado esbozada en el escrito de alegaciones que presentó el pasado 13 de junio contra el acto administrativo de anulación de la carta de conformidad que ya ha acordado finalmente el pleno municipal.

Como ya hiciera en el caso en el que fue condenado por desobediente (caso áticos de la Plaza de Zorrilla), De la Riva trata de escudarse en que no revisó y controló personalmente todos los documentos que le ponían a la firma. Pero el ex alcalde apunta directamente contra su ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, al indicar que “en cada caso está el correspondiente concejal delegado que tiene que impulsar asuntos, y los profesionales de la municipalidad, que deben realizar o informar los trámites que fueran precisos”.

Además de despejar balones y eludir responsabilidades, Javier León también señala en el escrito de alegaciones citado que él desconocía que la carta de conformidad no había sido informada por los oportunos funcionarios municipales. Según hace constar el ex alcalde, la coletilla que figura en la carta del 26 de enero de 2011 (“en ejecución de los acuerdos internos suficientes adoptados al respecto”) “pudiera ser incluso introducida después, con otro tipo de letra, ya que no figura en el borrador de 22 de septiembre de 2010”.

El próximo día 22 de noviembre, ante la juez, el ex alcalde deberá confirmar si mantiene esta argumentación exculpatoria o si la modifica. Por el momento su ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, cuando ha sido apuntado como muñidor de la carta de conformidad ya se ha desmarcado asegurando que él no tiene nada que ver con ella.

Por su parte tanto el secretario general del Ayuntamiento como el Interventor municipal ya han certificado que ellos no llegaron a informar con respecto a esa comfort letter como era preceptivo y que se presentó ante la Sociedad Valladolid Alta Velocidad sin que fuera aprobada por el pleno municipal.

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