Vista general del salón de plenos durante la sesión celebrada hoy.
Vista general del salón de plenos durante la sesión celebrada hoy.

Los vallisoletanos ya saben lo que tendrán que pagar el próximo año en impuestos y tasas municipales. Según el concejal de Hacienda, Juan Antonio Gato, la subida para el 99,9% de los contribuyentes será cero, según ha reiterado en el Pleno del Ayuntamiento. Sin embargo, el Grupo Municipal del PP ha votado en contra de los futuros tributos y ha pronosticado incrementos en el recibo del agua y del billete del autobús para 2017.

"El 99,9% de los contribuyentes no tendrá ningún incremento", ha reiterado en varias ocasiones el concejal de Hacienda, Juan Antonio Gato durante el Pleno del Ayuntamiento, que ha aprobado la Modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2017.

Gato ha recordado que el PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) se presentaron con sus respectivos programas a las elecciones de mayo de 2015 y que los dos acordaron 103 medidas conjuntas, una de ellas referidas a la fiscalidad municipal. "Ante la imposibilidad de aplicar la progresividad, sí hemos introducido cierta diferenciación de los tipos de gravámenes", afirmó el concejal de Hacienda en la presentación de las modificaciones, que añadió: "Las medidas fiscales propuestas no tienen un carácter recaudatorio y buscan la progresividad".

Respecto a la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Gato ha asegurado que afectará a 3.200 contribuyentes y que por este concepto el Ayuntamiento recaudará 300.000 euros más que este año y que la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) repercutirá solo en 290 inmuebles.

"El incremento del IAE", añadió el responsable de Hacienda, "será de 60 euros por empresa de subida media a sociedades que facturan más de un millón de euros".

Esta subida para el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Enríquez, supondrá el cierre de empresas y la no instalación de nuevas industrias en Valladolid. A lo que el concejal de Hacienda respondió. "Si alguna empresa se va de Valladolid será por decisiones tomadas en París y no en este Ayuntamiento".

María Sánchez, concejal de VTLP, ahondó en la respuesta, preguntando al portavoz del PP que dijera dónde se iban a marchar las empresas, si en Valladolid los coeficientes son más bajos que en la mayoría de las ciudades.

Sánchez subrayó que el cambio que se introduce con las nuevas Ordenanzas tiene "más importancia cualitativa que cuantitativa. No es cuestión de recaudar más, sino de manera más justa".

La concejala de VTLP se anticipó a las menciones que la derecha lanzaría sobre el cánon del agua y la remunicipalización del servicio de abastecimiento. "Se tenía que haber invertido en las instalaciones y no se hizo", dijo Sánchez, a quien el concejal de Hacienda agradeció su concreción en las aportaciones realizadas para la elaboración de las Ordenanzas que "son un paso en la buena dirección".

En el debate fueron constantes las alusiones a la Tasa de Basura, (9 millones de euros) impuesta por el PP en 2010, y suprimida en 2015 por el actual equipo de gobierno. La concejala de Ciudadanos, Pilar Vicente, expresó su queja por las referencias al pasado, pero el alcalde, Óscar Puente, expresó: "El señor Enríquez es el pasado".

Pero todo resultó inútil para mover al PP de su posición inicial: "Contraria en la forma y en el fondo", según Enríquez que manifestó que su partido "no hubiera subido los impuestos" y calificó las modifcaciones de "atraco a los contribuyentes".

Jesús Enríquez y Antonio Martínez Bermejo.
Jesús Enríquez y Antonio Martínez Bermejo.

"Tratan de sostener el gasto corriente paralizando la actividad económica en la ciudad. La gran razón por la que suben los impuestos es una cuestión ideológica; están en contra de las empresas. Está atenazado -dirigiéndose al alcalde- por el radicalismo y ve en los empresarios a sus enemigos", llegó a decir el portavoz de los populares.

Y es que como dijo el alcalde: "Hay dos modelos. Uno, cuando estaban en el gobierno y subieron los impuestos; otro, que ahora en la oposición dicen que quieren bajarlos".

Juan Antonio Gato, que explicó las distintas bonificaciones que habrá,  aportó datos sobre el constante incremento de los impuestos durante los gobiernos del PP. "La presión fiscal subió un 12% en los últimos 8 años", dijo el concejal socialista a quien le hubiera gustado saber de dónde iba el PP a recortar inversiones: ¿educación, sanidad, servicios sociales...? "Habla de que con ustedes en el gobierno, hubieran rebajado 157 euros a todos los vallisoletanos ¿Diga: de dónde saldrían?", inquirió Gato.

"Solo con la ampliación de Vallsur habrían ingresado un millón de euros", respondió Enríquez, que también mencionó la rehabilitación del 29 de Octubre o la construcción de la Ciudad de la Justicia durante el debate, que tuvo sus fases más o menos duras.

La portavoz de Sí se Puede Valladolid, Rosario Chávez, apoyó la propuesta presentada y reclamó una política fiscal justa y progresiva. "No todas nuestras propuestas han sido recogidas, pero quien tiene más,  debe pagar más".

El concejal no adscrito Jesús Presencio echó en falta planes de acompañamiento a las medidas planteadas "para no caer en la 'cuenta de la vieja'", y Pilar Vicente criticó la subida del IBI y del IAE a las empresas, y acusó a Gato de realizar "una gran labor de maquillaje".

Inmediatamente antes de la votación, el concejal de Hacienda hizo público que iban a admitir dos enmiendas -de las 11 presentadas-  del PP. Sin embargo, el secretario general, Valentín Merino, advirtió que de una de ellas, no existía propuesta ni expediente. "Hablamos de un tema fiscal. Se rechazó en la comisión y ahora se dice que se incorpora...".

El alcalde intervino para decir que "por una cuestión de seguridad jurídica" tenía que quedar fuera y solo se aprobaría la enmienda al artículo 6.b 1d. El resto fueron decayendo una a una con el voto en contra o la abstención de los populares, C'S y el concejal no adscrito.

Con anterioridad al asunto más importante del Orden del día, el Pleno debatió un tema dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas (Aprobación de la cuenta general de la entidad local correspondiente al ejercicio 2015) y dos asuntos dictaminados por la Comisión de Gobierno, Hacienda, Función Pública y Promoción Económica, referidos a la Propuesta de determinación de las Fiestas Locales de la Ciudad de Valladolid para el año 2017 y  la propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos número 7 dentro del Presupuesto municipal actual.

Alfredo Blanco, exconcejal de Hacienda, criticó las dos modificaciones presentadas y que según él responden a "la falta de inversiones".

"Está bien amortizar deuda por 5 millones, pero no a costa de inversiones", expresó Blanco, quien denunció la transferencia al Centro Cívico de Victoria de la partida presupuestada para el Espacio Joven de Rondilla.

Juan Antonio Gato replicó afirmando que el volumen de inversión es "el mayor de los últimos años" y que "es bueno optimizar. Si las obras del Centro Cívico van a buen ritmo y necesitan dinero, se destina".

Para Blanco las explicaciones no fueron satisfactorias. "No ha dicho ninguna verdad, pero si usted es feliz haciéndose trampas al solitario...", dijo.

Óscar Puente tomó la palabra para decir que el Espacio Joven de Rondilla se va a hacer y que el retraso se debe "a un problema técnico del expediente y no se llega antes del 31 de diciembre. Usted tiene una larguísima historia de ejecución presupestaria. No acaban de llegar al Ayuntamiento, no son la señora Vicente...".

Al final se aprobó con 16 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.

Mociones: Guerra con la Diputación

Con anterioridad al debate de las Ordenanzas Fiscales, el Pleno debatió varios mociones, en las que se invirtieron casi tres horas y media. La más controvertida fue la presentada por el Grupo Municipal Socialista-PSOE sobre la justa financiación del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento defendida por el concejal Luis Vélez y que finalmente fue retirada por decisión del alcalde, a petición de los populares.

Vélez aportó datos incuestionables sobre el coste que supone el servicio que, desde el Ayuntamiento de Valladolid, se presta a otros 36 municipios de la provincia y lo que percibe a cambio de la Diputación.

"Mientras los habitantes de la ciudad pagan 30 euros [29,14 euros para ser más exactos], los de los pueblos abonan 0 euros", dijo el concejal de Movilidad y Seguridad, quien informó que llevan más de año y medio negociando con la Diputación para "corregir este agravio", incrementado con la aportación que la institución provincial recibe de UNESPA y que no entrega al Ayuntamiento.

Los grupos socios de Gobierno, más el no adscrito Jesús Presencio, apoyaron la denuncia del convenio el 30 de octubre y el cese de la prestación del servicio efectivo a partir del 1 de enero de 2017 en caso de mantenerse la actual situación que se arrastra desde hace años. La representante de Ciudadanos, Pilar Vicente, que calificó de "justa y lógica" la cantidad reclamada por el Ayuntamiento (700.000 euros  en lugar de los 2,5 millones de euros que le corresponderían) expresó que se había ofrecido como interlocutora, dada su doble condición de diputada y concejala, e instó al alcalde y al presidente de la Diputación -también miembro de la corporación municipal- a que se encerraran en un despacho para buscar un acuerdo.

El presidente del Grupo Municipal del PP, José Antonio Martínez Bermejo, opinó que el texto de la moción era "innecesario" si se preguntara a los bomberos, al tiempo que invitaba a seguir con las negociaciones "de buena fe" para concluir con la petición de retirada de la moción del Orden del día -"por no ser competencia del Pleno y estar plagada de cuestiones técnicas"-, que calificó de "pillería política".

Luis Vélez, en una de sus intervenciones.
Luis Vélez, en una de sus intervenciones.

Luis Vélez respondió. "Me sorprende que pida la retirada y no diga si apoya o no la moción. Esta es una de las mociones que más afectan a los interses de los vallisoletanos y si quiere saber qué piensan los bomberos y los sindicatos, pregúnteles, cosa que yo he hecho y usted no".

"Es un problema enquistado", añadió Vélez, "pero no nos ata la moción; es el convenio que finaliza el 31 de diciembre y que no queremos que se prorrogue tal como está. De momento no hay acuedo y no se ve posibilidad de que lo haya. De ahí que habrá que denunciar el convenio dos meses antes de su vencimiento. El 1 de enero de 2017 será la Diputación quien tendrá que explicar a los vecinos lo sucedido. Aquí estamos para defender los intereses de los vallisoletanos y poner fin a una injusticia".

Martínez Bermejo insistió en que si el Pleno aprobaba la moción se extralimitaba en sus funciones y dijo. "Nos duele esta nueva estrategia de confrontación", para volver a pedir la retirada de la moción.

El alcalde expresó su disponibilidad para retirarla y sentarse con el presidente de la Diputación, José Julio Carnero, con quien dijo mantener "buena relación".

"No necesitamos el acuerdo de Pleno para denunciar el convenio. Sentémonos a negociar con un plazo y fijemos el precio más justo posible. Si antes del 30 de octubre no hay acuerdo se denunciará el convenio".

Inventario de edificios con amianto

La realización de un inventario de edificios públicos con amianto fue otra de las mociones presentadas al Pleno, en este caso por el Grupo Municipal Sí Se Puede Valladolid, cuyos cuatro primeros puntos fueron aprobados por unanimidad.

Todos los portavoces, sin exclusión, alargaron el debate para demostrar sus concocimientos sobre lo que se estaba hablando. Tanto Rosario Chávez, como Jesús Presencio, Pilar Vicente, Rosalba Fonteriz (VTLP), Pedro Herrero (PSOE) y María Victoria Díez (PP) se excedieron, algunos más que otros, en datos sobre el origen, composición, efectos en la salud, etcetera.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, toma notas durante el pleno.
La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, toma notas durante el pleno.

Circo sin animales

El Grupo Municipal Sí Se Puede Valladolid y del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra presentaron conjuntamente una moción en apoyo al circo sin animales, propuesta por las asociaciones Libera Animal y Rescate 1.

El debate se inició tras la intervención de la actriz Marta Ruiz de Viñastre a favor de "la exclusión de la violencia del mundo del arte".

El portavoz del PP expresó su opinión de que la moción era "bien intencionada" pero anunció dos enmiendas, una de ellas a favor de que no se excluyan los circos que tengan animales y apeló a la tradición y a los puestos de trabajo. También aludió a "los dos jilgueros que tenían nuestras madres".

María Sánchez, de VTLP, anunció que no iban a aprobar ninguna de las dos enmiendas, "porque es dejar las cosas como están", con alusiones al Toro de la Vega y a la fórmula aprobada en Cataluña de abrir un periodo transitorio de adaptación.

"Señor Martínez tiene la costumbre de confudir los términos y llevarlo a la demagogía. Usted no lee filosofía, motor del pensamiento. Hablar de tradición es un error, porque volveriamos al circo de los romanos. No es traumático pedir la eliminación de los animales", manifestó Rosario Chávez, de Sí se Puede Valladolid, con la que se enzarzó Martínez Bermejo "por alusiones". "No defendemos el circo romano ni la violencia de género", contestó el popular.

El alcalde tuvo que pedir calma antes de someter a votación las dos enmiendas del PP, que fueron derrotadas por 11 votos a favor, 15 en contra y  2 abstenciones. La moción, que se votó a continuación punto por punto, salió adelante: los tres primeros puntos por mayoría y el cuarto y el quinto por unanimidad.

Bancada popular, durante el pleno.
Bancada popular, durante el pleno.

El PP a vueltas con el terrorismo

El Grupo Municipal Popular llevó al Pleno una moción para velar por la dignidad, la memoria y la justicia de las víctimas del terrorismo. No era la primera vez que lo hacía, y al alcalde no le pasó desapercibido.

"El título es idéntico a otra moción presentada en el Ayuntamiento hace escasas fechas, aunque los contenidos de los acuerdos no son exactamente los mismos", dijo Puente, que sugirió que podría ser una moción institucional y se comprometió a asumir la propuesta de poner el nombre de Miguel Ángel Blanco a una calle, plaza o polideportivo, entre otras cosas.

El concejal García Carvajal agradeció a todos los grupos su apoyo.

El PP presentó también las siguientes mociones: para la concesión de bonos infantiles a las familias destinados a la escolarización de sus hijos e hijas en escuelas y centros de educación infantil y para incorporar el pago de los recibos del IBI como uno de los conceptos de gastos subvencionables dentro de las ayudas sociales que se otorgan desde los servicios municipales.  Las dos fueron rechazadas.

La de los bonos fue defendida por Rosa Hernández, que dijo al resto de Grupos que no habían entendido el sentido de la moción. Todos dijeron haberla entendida perfectamente y que su modelo no tenía nada que ver con el del actual equipo de gobierno.

Alberto Bustos, de VTLP, aprovechó para calificar de "pésima" la política educativa de la Junta.

En relación con la el pago de los recibos del IBI, salió a relucir un acuerdo anterior de Pleno sobre este mismo asunto, por lo que se dijo que no era procedente su discusión. Sin embargo, Alfredo Blanco esgrimió lo contrario en base a una serie de novedades.

Óscar Puente sostuvo que debía debatirse en la Comisión de Progresidad de los Tributos  y después en Pleno. Pero el debate prosiguió unos cuantos minutos más sobre si era objeto de materia fiscal, si era tema del área de servicios sociales al que se había derivado...

María Sánchez solicitó que lo hablado se hiciera extensible a los informes del resto de propuestas, no solo a las del PP.

Intervención de la actriz Marta Ruiz de Viñastre a favor de "la exclusión de la violencia del mundo del arte".
Intervención de la actriz Marta Ruiz de Viñastre a favor de "la exclusión de la violencia del mundo del arte".

El Pleno también debatió y aprobó una moción para declarar a Valladolid ciudad por la justicia global -y a favor de la pobreza cero -introducida Alfonso Cebrero, representante de la Coordinadora de ONG de Castilla y León, que celebra su XXY aniversario-   y otra del Grupo Municipal Ciudadanos para el reconocimiento y mejora de la figura del agente tutor.

Ruegos y Preguntas

Entre otras cuestiones salieron a relucir la subvenciones europeas pérdidas por el Ayuntamiento, el elevado número de webs (45) que manejaba el anterior equipo de gobierno, la actividad de los concejales de barrio, el cese de la directora del Museo del Patio Herreriano, el cobro por acreditarse para cubrir informtivamente la Seminci así como la recomendación del Procurador del Común sobre la elección del director del certamen. También la demanda de ayuda para Haití.

Mercedes Cantalapiedra se interesó por el relevo al frente del Museo del Patio Herreriano. Según Ana Redondo se trata de un "desestimiento de contrato", ya que Cristina Fontaneda tenía un contrato laboral de alta dirección.  "Es un paso puramente técnico", dijo Redondo, que aseguró estar en permanente contacto con los propietarios de la colección del Museo.

"Nos interesa", añadió, "que siga. La gestión del Museo es mejorable: En 2015 las visitas fueron 18.000, de las que el 32% fueron invitaciones. Los ingresos por entradas supusieron 13.815 euros, en un museo cuyo presupuesto supera el millón de euros...".

El alcalde cortó la palabra a Ana Redondo "por haber concluido su tiempo".

Óscar Puente se declaró colaborador del Procurador del Común, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con todas sus resoluciones, ya que eso sería sumisión, dijo. "No hay ningún recurso contra la decisión de adjudicar la dirección al señor Angulo. No vamos a repetir el proceso de selección", afirmó el alcalde.

De nuevo Cantalapiedra fue la encargada de pedir a Puente que acalarase de quién había partido la decisión de suprimir el cobró de 30 euros por acreditarse en la Seminci.

"La cuota de 30 euros se ha eliminado a instancias de la dirección y por unanimidad. No voy a politizar ahora la Seminci, que ha estado siempre por encima de las batallas a lo largo de sus 61 años de existencia", manifestó el alcalde, quien finalmente informó a Martínez Bermejo que ya están aprobados 10.000 euros para las últimas víctimas en Haití.

Y el Cristo presidiendo el Salón de Plenos, sigue colgado en la pared del Ayuntamiento.

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