Manuel Saravia, en el centro, durante el pleno celebrado esta mañana.
Manuel Saravia, en el centro, durante el pleno celebrado esta mañana.

La mayoría de la corporación municipal ha rechazado el recurso presentado por las seis entidades bancarias al acuerdo plenario del 1 de septiembre de 2016 que declaró nula la carta de conformidad con la operación de crédito que firmó el exalcalde León de la Riva en relación con el soterramiento del ferrocarril.

En menos de media hora ha ventilado el Ayuntamiento el Pleno extraordinario para posicionarse ante la petición de seis entidades financieras - BBVA, Santander, La Caixa, ICO, Bankia y Caja España-Duero- respecto a la carta de conformidad que suscribió con ellas, el 26 de enero de 2011, el exalcalde León de la Riva y que en otra sesión plenaria, la del 1 de septiembre de 2016, había sido declarada nula.

PSOE, Valladolid Toma la Palabra, Sí se Puede y Ciudadanos han votado en contra del recurso de los bancos (16 votos) y PP y el concejal no adscrito (13 votos) se han abstenido.

La votación estuvo precedida de un único turno de palabra -al que renunció Sí se Puede y Ciudadanos, este último grupo por problemas de voz de Pilar Vicente-, en el que el portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Manuel Saravia, echó mano del diccionario a la búsqueda del calificativo más apropiado para definir el recurso presentado por los bancos, de manera especial, el punto cuarto de su escrito. Al final optó por el de 'desfachatez' tras descartar los de 'cinismo', 'descaro', osadía'... y afirmar que no era suficiente la abstención.

"Creo que el término adecuado para calificarlo es el siguiente: desfachatez. O lo que es lo mismo, un enorme cinismo, un grandísimo descaro y una inmensa osadía que abochornan a quien lo quiera leer. Seis grandes bancos que van de la mano, con el mismo recurso y repitiendo lo mismo, poniendo por todo argumento de su gravísima acusación de desvío de poder la siguiente frase. Agárrense, por favor. Nos hemos adentrado en el terreno de lo arbitrario, dicen, pues, atención, “así lo revelan las noticias en prensa que se aportan y el resto de circunstancias concurrentes que han sido cumplidamente descritas”. Sin más. Una gravísima acusación que se solventa con esa escueta referencia a “las noticias y el resto de circunstancias”. No hay derecho. ¿Quiénes se creen que son? ¿Pueden tratar así, con ese desparpajo, a un Ayuntamiento? ¿Pueden ignorar por completo el dictamen del Consejo Consultivo? Es necesario rechazarlo. Y con firmeza. Y rechazarlo por todos. Pues en este caso, según creo, no es suficiente abstenerse. No vale poner por delante los intereses del partido a los intereses de la ciudad. Si ninguno de los grupos municipales es rehén de su pasado, ahora es el momento de hacerlo valer. Se trata, por tanto, de un escrito inadmisible e improcedente, pero que encierra sobre todo una monumental desfachatez. Y por eso, en nuestra opinión, debe rechazarse radicalmente, y por todos", dijo el concejal de Urbanismo.

El concejal de Hacienda, Juan Antonio Gato, manifestó que en los asuntos de fondos no iba a entrar -"serán objeto de otro Pleno"- y dijo asumir el informe de la asesoría jurídica.  "Los actos administrativos no se suspenden 'per se'. Además no se da ninguna circunstancia irreparable para los recurrentes", dijo Gato antes de anunciar el voto contrario a las pretensiones de los bancos.

El portavoz del Grupo Popular, José Antonio Martínez Bermejo, expresó su sorpresa por la intervención de Manuel Saravia, ya que a su juicio no era el objeto del Pleno de hoy, y dejó caer que en el 'caso de la ampliación de Vallsur' sí hubo silencio positivo.

Para Martínez Bermejo la situación no es la más idónea y abogó por negociar con las entidades bancarias "para que los recurrentes no acudan a los tribunales".

El alcalde, Óscar Puente, respondió que también a él le gustaría sentarse a negociar, pero que "el silencio administrativo tiene un plazo de 30 días".

"De lo contrario, las consecuencias prácticas serían pagar 32,5 millones de euros que ya nos han sido requeridos. No disponemos de esa cantidad", señaló Puente, quien ratificó el rechazó por motivos de forma y fondo.

El alcalde consideró que no era necesario un segundo turno de intervenciones. En esto todos estuvieron de acuerdo. Y antes de las 9 de la mañana se dio por levantada la sesión, que había comenzado media hora antes.

El exalcalde León de la Riva, que está siendo investigado por prevaricación, firmó sin pasar por Pleno el contrato de línea de crédito por importe de 400 millones de euros a favor de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 SA, en la que el Ayuntamiento posee un porcentaje del 25%, la Junta de Castilla y León otro 25% y Fomento el 50% restante (Renfe operadora un 12,5% y el ADIF, el 37,5% restante).

Y un Cristo sigue presidiendo en el Salón de Plenos.

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