Luis Fuentes y Juan Vicente Herera en una reunión PP-Ciudadanos en las Cortes.
Luis Fuentes y Juan Vicente Herrera en una reunión PP-Ciudadanos en las Cortes.

“En un ejercicio de cinismo político sin precedentes, la Junta de Castilla y León pretende aprobar una Ley para amordazar más a los empleados públicos y asegurarse que un empleado público no se atreverá a denunciar la corrupción existente en esta Administración, pero la vende como si fuera una medida contra la corrupción y a favor de los funcionarios, cuando es todo lo contrario”. Así es como resumen los funcionarios integrantes de la Plataforma en Defensa de lo Público el contenido de la Ley de Protección al Empleado Público Denunciante, bautizada como “segunda Ley Mordaza” por los funcionarios y que el PP podrá aprobar mañana gracias a los votos de Ciudadanos.

Así lo ha anunciado esta tarde a través de un comunicado el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, quien ha procedido a la retirada de dos enmiendas a la Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción “tras conseguir cerrar un acuerdo por el que las malas prácticas contrarias a los códigos éticos tendrán acogida en el seno de esta normativa”.

Pese a que el acuerdo alcanzado para nada responde a las demandas de los propios empleados públicos ni a los planteamientos del resto de grupos parlamentarios de la oposición, la formación naranja vende como un logro su apoyo al PP: “Una vez más, la capacidad de acuerdo de Ciudadanos ha conseguido generar un consenso que desbloquee la ley de protección a los denunciantes de corrupción, ante la falta de diálogo del Gobierno y las posiciones inmovilistas del resto de la oposición”.

“De esta manera, Ciudadanos conseguirá la aprobación del proyecto de ley que demandó al Gobierno de la Junta de Castilla y León como garantía de una decidida lucha contra la corrupción política”, apuntan en su escueta nota de prensa en la que no se hace ninguna mención a todos los aspectos que convierten en una “segunda Ley Mordaza” la normativa que ahora el Gobierno Hererra podrá sacar adelante.

“Es una ley nada garantista que no solo no protege a quien denuncie presuntas irregularidades o derroches del dinero público, sino que le puede aplicar todo el peso de la ley en caso de que sus sospechas se demuestren infundadas”, opinan los integrantes de Pladepu, que entre otras cuestiones, critican que sea la Inspección General de Servicios el Órgano (dirigido por un alto cargo nombrado a dedo) que tramite las denuncias de corrupción que se produzcan dentro de la Administración, que no contemple ayudas jurídicas, médicas, psicológicas y económicas para los funcionarios que denuncien irregularidades o que no se ampare a los familiares de los denunciantes.


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