Manifestación de los afectados por las oposiciones en una imagen del 9 de septiembre de 2009.
Manifestación de los afectados por las oposiciones en una imagen del 9 de septiembre de 2009.

Siete años después, un grupo de 29 aspirantes a maestros se ha convertido finalmente en funcionarios al haber ejecutado la Junta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaró ilegal el reparto de aprobados que se realizó en las oposiciones convocadas en 2009.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy el nombramiento de los nuevos funcionarios que debieran haberlo sido hace siete años, ya que en la Orden publicada (EDU/894/2016) propone retrotraer la fecha de nombramiento como funcionarios de carrera al año 2009.

El nombramiento como funcionarios en prácticas tendrá efectos económicos y administrativos del 1 de septiembre de 2009, debiendo, en su caso, deducirse los ingresos que hayan podido recibir de la Administración como maestros interinos o cualquier otro desempeño de actividad incompatible con la de sus nombramiento, se hace constar en el nombramiento que lleva la firma del Consejero de Educación, Fernando Rey.

El fallo judicial que motiva la conversión en funcionarios de estos opositores, publicado en exclusiva por últimoCero el pasado 18 de abril, fue tajante: “En resumidas cuentas, este Tribunal no tiene dudas de que por parte de alguna autoridad no identificada de la Consejería de Educación se impartieron órdenes a través del llamémosle conducto oficial (Presidencias de las Comisiones de Selección hasta presidentes de tribunales) que exigían la limitación del número de plazas por tribunal. Número que venía a coincidir con el cociente resultante de las plazas convocadas para cada especialidad y el número de tribunales existentes”.

Al realizarse un reparto de plazas por cada tribunal, se está yugulando, injustificadamente, la posibilidad de acceder a la fase de concurso. Y tal actuación, en tanto no prevista por las bases, no puede ser admitida. (…) Por lo tanto, no puede entenderse conforme con las bases del concurso la limitación o pretendido reparto de número de plazas convocadas entre cada tribunal”, se dice textualmente en el fallo en el que ha tenido un peso determinante “la abrumadora coincidencia de (pruebas) testificales”.

El TSJ señaló entonces que esta manera de proceder por parte de la administración ha tenido consecuencias: “Al restringir el número de aspirantes que han superado la fase de oposición, al margen de que su calificación superase los cinco puntos, que era el único límite que se establecía en las bases del proceso selectivo, se impedía a aquellos aspirantes que merecían un aprobado justo, cuantitativamente hablando, aquellos aspirantes que merecían un cinco o más, el acceso a la fase de concurso. Fase en la que, de ser interinos, con gran probabilidad obtendrían plaza por mor de los numerosos méritos acumulados en el desempeño de su puesto en régimen de interinidad”.

En definitiva, el fallo reconoció “el derecho al acceso a la fase de concurso a aquellos recurrentes que según se desprende de las actas finales elaboradas obtuvieron una calificación de al menos 4 puntos, y a que sean valorados los méritos en su momento alegados y que se poseían al tiempo de los hechos para ser posteriormente y tras los trámites oportunos ser nombrados funcionarios de carrera con numeración escalafonal intercalada, según puntuaciones, con los aspirantes de buena fe que ya resultaron aprobados en el seno del presente proceso selectivo, y siempre que, claro está, hubieran obtenido plaza, una vez evaluados teniendo presente el número de plazas ofertadas por cada especialidad. Es decir, obtendrá plaza el recurrente que tras ser evaluado en la fase de concurso alcance un puesto dentro del número total de plazas ofertadas por cada especialidad”.


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