Integrantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública a las puertas de las Cortes.
Integrantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública a las puertas de las Cortes.

"Es el inicio oficial de un plan urdido desde el Gobierno de la Junta para ir desmantelando, silenciosa pero eficazmente, el andamiaje del sistema sanitario público que hoy conocemos, tan preciado como imprescindible para la mayoría de la población". Así describen el proceso de implantación de las Unidades de Gestión Clínica en el sistema sanitario público de Castilla y León las distintas Plataformas por laSanidad Pública que se han reunido en Valladolid para expresar su alarma "por el proceso de deterioro al que se está sometiendo al sistema sanitario público y por la deriva hacia su privatización".

Un mes después de que se publicara la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se crean 15 Unidadesde de Gestión Clínica en Castilla y León, tanto en centros de salud como en la atención hospitalaria, afectando a servicios tan dispares como los de salud mental, las enfermedades de la columna vertebral o los propios del médico de cabecera, las Plataformas por la Sanidad Pública apuntan siete claves para argumentar su frontal rechazo a este modelo organizativo.

Según explican, las U.G.C.s priman el ahorro en el gasto sanitario por encima de los resultados en salud. "Con el pretexto de lograr una mayor implicación de los profesionales sanitarios en la organización y gestión de los servicios, organizados en Unidades con una supuesta mayor autonomía e independencia, vemos detrás una intención de hacerles cómplices del poder político en los recortes sanitarios (el gasto sanitario público de 2014 es 10.000 millones de € más bajo que en 2009)".

Coloca a los profesionales sanitarios en un dilema ético-deontológico, porque cobrarán más, mediante incentivos, si gastan menos con las personas que atiendan.

Se pone en riesgo la atención de las personas más enfermas, más necesitadas del sistema sanitario y, por tanto, más incómodas por el mayor coste que representan para unos servicios que funcionarán como microempresas, atentas a una cuenta de resultados favorable. Aumentará la inequidad del sistema.

Es el certificado de defunción de la participación de la ciudadanía en el control de su sistema público de salud, porque no se contempla ningún cauce de intervención por los usuarios en la nueva organización de las UGCs.

Es el final de la Atención Primaria, fundamentada en los conceptos de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, actividades sin relevancia alguna en este modelo.

Dejan al personal de las UGCs sin capacidad para negociar sus condiciones de trabajo, ante una Dirección unipersonal y omnipotente, nombrada “a dedo” por el poder político.

Es un modelo más propicio al desembarco del capital privado en la sanidad pública, para hacer de la salud de las personas el gran negocio, tanto tiempo apetecido por los grandes inversores.

"Con esta reforma organizativa no se corrigen los principales problemas del Sistema Sanitario Público: pobre financiación, hospitalocentrismo, una formación e investigación dependiente de los intereses de las multinacionales, mala educación para la salud de la población, estamento gerencial ligado al poder político y con escasa profesionalización, deficiente integración de los recursos y niveles asistenciales, centralismo en la toma de decisiones y nula participación decisoria de la ciudadanía. Muy al contrario, se camina en dirección opuesta, porque antes de concluir que el modelo actual no sirve, hay que hablar de la culminación del fracaso de los actuales gestores que no defienden el Sistema Público de Salud, porque no creen en él o porque tienen otros intereses", dejan claro las distintas Plataformas.

Los colectivos insisten en que "no hay constatación de que el modelo de U.G.C.s comporte algún beneficio para los pacientes". "Del largo recorrido que tienen ya en Andalucía o Asturias y, de las dos experiencias piloto que hubo en Castilla y León, no se conocen evaluaciones transparentes y de calidad, tanto en términos económicos como por sus resultados en salud, que hagan plausible una generalización del modelo. Consideramos que se trata de una decisión política neoliberal, una más de las que se vienen tomando para acabar con los servicios públicos en manos del Estado, garante en la satisfacción de derechos esenciales del ser humano (salud, educación, pensiones, atención a la dependencia…), y así hacer de la prestación de esos servicios a la sociedad una oportunidad para el enriquecimiento de unos pocos".

"Hacemos un llamamiento a usuarios y trabajadores para sacudirse la pasividad y defender activamente nuestra sanidad pública y nuestro derecho a la salud, informándose y participando en todo tipo de organizaciones y colectivos ciudadanos que, como nuestras Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, pretenden poner freno al desmantelamiento del Servicio Público de Salud y mejorarle", concluyen.

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