Junta, CECALE, CCOO y UGT firmaron el pasado 30 de septiembre el acuerdo.
Junta, CECALE, CCOO y UGT firmaron el 30 de septiembre de 2016 el acuerdo para reformar el Serla.

Junta, CECALE, CCOO y UGT firmaron el pasado 30 de septiembre el acuerdo para poner en marcha el nuevo servicio, que permite la resolución extrajudicial de conflictos individuales de naturaleza laboral que no conlleven exclusivamente una reclamación económica y que según denuncia el Colegio Oficial de Graduados Sociales en Valladolid, supone en la práctica un derroche de 3 millones de euros.

A través de un comunicado oficial, el Colegio de Graduados sociales critica duramente un acuerdo que permitirá al SERLA ampliar sus funciones, asumiendo lo que hasta ahora venían haciendo con buen rendimiento los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación que dependientes de las Oficinas Territoriales de Trabajo vinieron a suceder al antiguo IMAC creado en 1979.

“Se estima que tal cambio nos va a costar a los contribuyentes en torno a los tres millones de euros que se van a repartirse entre organizaciones sindicales y patronales por su inestimable labor de nombrar arbitrariamente entre su personal de confianza a quienes ejerzan como mediadores conciliadores”, denuncian los Graduados Sociales.

Este es el contenido íntegro de su escrito-denuncia suscrito por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial.

“En España arrastramos un problema coyuntural nunca resuelto en nuestra etapa democrática, no me refiero a otra cosa que a la forma de financiar sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales. Quizá tenga algo que ver con nuestra propia idiosincrasia poco partidaria de pagar cuotas destinadas a financiar el interés común.

Es de dominio público que las tres entidades mencionadas no podrían sobrevivir con las cuotas de sus afiliados y que siempre tienen la tentación de acudir a una financiación ajena, muchas veces proveniente de la Administración y no menos veces de dudosa ortodoxia.

La dificultad para financiar los partidos políticos ha dado lugar a un largo historial de corrupciones que permitía a estos mantener un impropio nivel de gastos gracias a mordidas o institucionalizados sistemas de comisiones, no por más habituales, menos ilegales.

En cuanto a los Sindicatos y Organizaciones Patronales, tampoco se descubre nada nuevo si decimos que la denominada “paz social” era fruto del montante económico que las Administraciones ponían encima de la mesa y que se repartían en forma de cursos de formación, jornadas, estudios, etc. Dando con ello lugar a una picaresca que no pocas veces ha llegado a los Tribunales y que quienes nos movemos en el ámbito de las relaciones del trabajo, bien conocemos.

Y esta, y no otra, es la única razón que se puede encontrar para que la Junta de Castilla y León bendiga el Acuerdo de Patronal y Sindicatos que permitirá al SERLA ampliar sus funciones, asumiendo lo que hasta ahora venían haciendo con buen rendimiento los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación que dependientes de las Oficinas Territoriales de Trabajo vinieron a suceder al antiguo IMAC creado en 1979.

Se estima que tal cambio nos va a costar a los contribuyentes en torno a los tres millones de euros que se van a repartirse entre organizaciones sindicales y patronales por su inestimable labor de nombrar arbitrariamente entre su personal de confianza a quienes ejerzan como mediadores conciliadores.

¿Hacía falta esta modificación?. ¿Mejora en algo la litigiosidad en el ámbito de lo Social? ¿Aporta alguna garantía adicional al justiciado?.   Es evidente que no, pero, para que vamos a esforzarnos en mantener complicados procesos de negociación que permitan la estabilidad y la paz social cuando se puede comprar con dinero del abnegado y sacrificado contribuyente.

Vivimos tiempos de recortes y algunos tan dolorosos como los que sufrimos en la Sanidad, con importantes listas de espera o con el cierre de plantas enteras en los hospitales públicos, cuyas excelencias se cantaban en todos los medios de comunicación hace cuatro días cuando se procedía a su inauguración. Pero parece que alguien ha decidido que es mejor gastarse el dinero en innecesarios mediadores que en ecografías o mamografías.

Desde que en 1982 se creara por RD el Colegio de Graduados Sociales de Valladolid, resultan incontables los Actos de Conciliación a los que han asistido nuestros compañeros y que como paso previo se requiere para poder pleitear ante el Juzgado de lo Social. En este tiempo nunca hemos conocido voces que pidieran su extinción o que cuestionaran su función o funcionamiento. Podemos echar cuentas de lo que cuesta mantener una oficina del SMAC, generalmente dotada con un Letrado Conciliador y un par de personas como personal administrativo y que celebra un acto de conciliación cada diez o quince minutos. Y podemos estimar la rentabilidad social que se obtiene en base a los acuerdos que allí se alcanzan evitando el procedimiento judicial, pero sin duda, la diferencia está muy lejos de los tres millones de euros que se estima como coste del traslado de estas funciones al SERLA.

Con frecuencia, plantear estas cuestiones parece una cuestión de demagogia, pero no es más que una cuestión de sentido común y de prioridades. La Economía se dice que es la ciencia encargada de administrar recursos escasos, la Política no debería ser otra cosa que la función de priorizar en que nos gastamos esos escasos recursos, especialmente en un momento de crisis como el que vivimos. Y este es el sentido común que se echa de menos en este momento.

El Acto de conciliación en el ámbito de lo social tiene grandes diferencias con la mediación penal o la conciliación civil. Es tan simple como que cuando las partes quieren evitar el proceso, pactan un acuerdo y el Conciliador levanta acta que reza “con avenencia” y que es ejecutable ante el Juzgado de lo Social y cuando tal acuerdo es inviable, aquello concluye con la frase ritual de “intentado sin efecto”, lo que abre la puerta al procedimiento judicial.

El artículo 10 del RD 2756/1979 de 23 noviembre 1979 decía textualmente respecto a la conciliación:

Abierto el acto, el Letrado conciliador, después de llamar a las partes, que podrán acudir acompañadas de un hombre bueno, comprobará su identidad, capacidad y representación y, previa ratificación del solicitante, les concederá la palabra para que expongan sus pretensiones y las razones en que se fundan, siendo facultativa la exhibición de documentos y otros justificantes.

Seguidamente invitará a los interesados a que lleguen a un acuerdo, con el auxilio, en su caso, de los hombres buenos, concediéndoles cuantas intervenciones sean pertinentes a tal fin, y pudiendo sugerirles soluciones equitativas. Mantendrá el orden en la discusión, con facultad para darla por terminada, tanto en caso de alteración de aquél como en el de imposibilidad de llegar a un acuerdo, teniendo en ambos supuestos por celebrado el acto sin avenencia.

Levantará acta de la sesión celebrada y recogerá con la máxima claridad los acuerdos adoptados por los interesados. Si no existiera avenencia lo hará así constar expresamente.

Quizá alguien debería explicarnos que van a aportar de nuevo los mediadores conciliadores del SERLA que no pudieran hacer ya el Conciliador y esos hombres buenos de los que hablaba el RD del 79, o quizás el problema es que efectivamente, de lo que andamos escasos en este momento es de “hombres buenos”, pero mucho me temo que esa no es cuestión que pueda resolverse a golpe de Boletín Oficial”

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