Concentración de trabajadores de telemarketing a las puertas de la Consejería de Sanidad.
Concentración de trabajadores de telemarketing a las puertas de la Consejería de Sanidad.

Continúa la movilización de los teleoperadores de telemarketing. Ayer 18 de noviembre, tuvieron lugar, diferentes concentraciones de los teleoperadores de telemarketing denunciando la situación de precariedad creciente y el bloqueo del convenio colectivo que alcanza ya los 23 meses de bloqueo, y que supondrá una nueva jornada de huelga de 24 horas convocada por todos los sindicatos de la mesa negociadora del convenio el próximo 28 de noviembre.

Las concentraciones en Castilla y León se desarrollaron en las ciudades de León, Salamanca y Valladolid.

En Valladolid, cerca de 100 afiliados de la CGT se apostaron en la puerta de la gerencia de sanidad mientras los Representantes Legales de los Trabajadores de CGT en el 112 registraban las peticiones de los trabajadores de este servicio de emergencias reclamando la convocatoria del proceso de acreditación de competencias profesionales” según marca el Real Decreto 1553/2011, de 31 octubre, informa el sindicato. En total se han presentado 83 solicitudes de los trabajadores del Servicio, lo que supone la práctica totalidad de la plantilla que gestiona las emergencias de la región más grande de toda Europa.

La petición se ha dirigido al Consejero de Empleo Carlos Javier Fernández Carriedo, al Consejero de Educación Fernando Rey Martínez, a la Gerente del Servicio Público de Empleo María del Rocío Lucas Navas, y a la Directora General del Servicio Público de Empleo María de los Reyes Zaratain del Valle, todos ellos vinculados en el proceso de acreditación profesional. El objetivo es promover una formación profesional especializada en gestión de emergencias, que ahora no se da. Según CGT, el interés de abaratar costes y externalizar servicios públicos básicos como el de emergencias 112 de Castilla y León, en este caso a través convenios precarios y mal pagados como el de Contact Center, sin referencia alguna a servicios tan específicos con este, está suponiendo que se mire para otro lado y que no se garantice unas condiciones laborales y una formación adecuadas de estos trabajadores que prestan asistencia en situaciones sociales realmente dramáticas.

Esta certificación se ha puesto ya en marcha en Andalucía donde cuenta con el apoyo de la mayoría de grupos políticos incluído el partido gobernante en Castilla y León, “por lo que sería injustificable que por parte de la Junta de Castilla y León se desentendieran de un proceso que apoyan en otra comunidad autónoma”.

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