Imagen de archivo de una movilización de funcionarios en Valladolid. Foto: úC
Imagen de archivo de una movilización de funcionarios en Valladolid. Foto: úC

“El virus de la reforma de la administración regional ya está inoculándose y en desarrollo”. Así titula CGT su última nota informativa en la que carga contra los efectos y la negociación ‘secreta’ del Decreto 33/2016 que, en principio, puede suponer en la práctica una ‘desregularización’ de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Comunidad.

Según el borrador de decreto, que últimoCero adelantó el pasado mes de mayo, la Junta de Castilla y León, como órgano supremo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, quiere dar pautas de coordinación de las actuaciones que en materia de organización competen a otros órganos, “con el fin último de conseguir una estructura administrativa más ágil y flexible que, bajo principios de actuación comunes, permita una acomodación automática de los efectivos de personal a los cambios y necesidades de gestión, y traslade al administrado de forma más eficaz las acciones y los objetivos del gobierno”.

CGT, sin embargo, entiende que este decreto “sienta las bases para propiciar el desmantelamiento de la administración”.

“Con las filtraciones de las propuestas de la Administración y de su análisis, CGT está comprobando el verdadero calado de esta megarreforma de la administración, que va a marcar las pautas para el último y más devastador de sus objetivos: la reforma de las relaciones de trabajo”.

En este sentido, CGT apunta que se producirán “mayores privatizaciones de los servicios públicos” y un “aumento de la administración B” a la que “perversamente han traspasado competencias de los funcionarios”.

También pronostican la “desaparición de servicios públicos por falta de rentabilidad económica y amortización de multitud de puestos”, así como una “reducción aún mayor de las remuneraciones al bajar el nivel de los puestos, que se suma a la pérdida del 40% de poder adquisitivo sufrida en los últimos años”,

Por último, CGT denuncia el “abandono de uno de los derechos básicos de los funcionarios como es la carrera administrativa, conciliación de la vida familiar y laboral, y mayor corrupción y despilfarro por la extrema politización de la administración”.

Según denuncia CGT, “desde el inicio de este decreto, todas las negociaciones han pervertido el principio de transparencia al alegar en la propia normativa que se han realizado varias consultas, entre ellas a las Juntas de Personal, pero obviando que el plazo para las mismas fue mínimo y que se les negó toda la información que solicitaron al respecto”. “Solamente gracias a la iniciativa del sindicato USCAL de publicar en su web las actas de la Mesa General de Negociación y del Consejo de Función Pública, empezamos a conocer lo que se está negociando y cómo”, asegura CGT.

El sindicato no entiende cómo “no se han organizado ya ninguna asamblea informativa ni organizado ninguna medida de presión por parte de los sindicatos que forman parte de la Mesa General de Negociación, ante el importante calado y fin transgresor de esta reforma, dado que en las distintas actas de las negociaciones manifiestan estar totalmente en contra”.

“Además de ocultamiento de estas negociaciones, consideramos que son ilegales por marginar de las mismas a la tercera fuerza sindical en el colectivo de funcionarios (CGT), al no convocarse la Mesa Sectorial de Función Pública, donde se tienen que debatir todos aquellos asuntos que atañen al personal de la Administración”, apunta CGT.

El sindicato concluye con una denuncia expresa: “La Administración de Castilla y león ha impedido que CGT esté participando en esas negociaciones, pero esta organización no se ha quedado parada y hemos presentado demanda judicial contra el Decreto 33/2016 por vulneración de su derecho a la negociación, impidiendo que participe y exprese su opinión a esta reforma ideológica”.


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