Junta, CECALE, CCOO y UGT firmaron el pasado 30 de septiembre el acuerdo.
Junta, CECALE, CCOO y UGT firmaron el 30 de septiembre de 2016 el acuerdo para reformar el Serla.

El acuerdo que permite al SERLA ampliar sus funciones, asumiendo lo que hasta ahora venían haciendo con buen rendimiento los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta (SMAC), no solo ha generado un gran descontento entre graduados sociales, abogados y algunos sindicalistas de base, sino que empieza a sumar sus primeros insumisos. Al menos un trabajador despedido ya ha comunicado su negativa a que la mediación preceptiva antes del inicio de un procedimiento judicial se lleve a cabo en el SERLA y no en el SMAC como ha solicitado.

El trabajador entiende que “el presente proceso no supone un conflicto solucionable mediante la intervención de lo que se ha dado en llamar (inadecuadamente) un mediador del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), motivo por el cual no quiere someterse de forma voluntaria al referido servicio. Por ello solicita de forma expresa la celebración del preceptivo acto de conciliación exclusivamente ante el SMAC, dejando claro que “no autoriza la cesión de sus datos personales a ningún otro organismo ni entidad, sea ésta de carácter público, semipúblico, o privado”.

De esta forma, parece probable que tenga que ser finalmente un juez el que determine si los trabajadores, en virtud del acuerdo firmado por la Junta con los sindicatos mayoritarios y la patronal, deben obligatoriamente usar el SERLA para presentar sus papeletas de conciliación o pueden seguir usando el SMAC, donde a pesar de las órdenes dadas por la Junta, siguen llegando papeletas de demanda, según distintas fuentes consultadas por últimoCero.

Los primeros en alzar la voz contra este acuerdo que vacía de contenido al SMAC en beneficio del SERLA, los sindicatos mayoritarios y la patronal, fue el Colegio Oficial de Graduados Sociales, que denunciaron que el nuevo servicio esconde en realidad un derroche de al menos 3 millones de euros.

“En cuanto a los Sindicatos y Organizaciones Patronales, tampoco se descubre nada nuevo si decimos que la denominada “paz social” era fruto del montante económico que las Administraciones ponían encima de la mesa y que se repartían en forma de cursos de formación, jornadas, estudios, etc. Dando con ello lugar a una picaresca que no pocas veces ha llegado a los Tribunales y que quienes nos movemos en el ámbito de las relaciones del trabajo, bien conocemos. Y esta, y no otra, es la única razón que se puede encontrar para que la Junta de Castilla y León bendiga el Acuerdo de Patronal y Sindicatos que permitirá al SERLA ampliar sus funciones, asumiendo lo que hasta ahora venían haciendo con buen rendimiento los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación que dependientes de las Oficinas Territoriales de Trabajo vinieron a suceder al antiguo IMAC creado en 1979”, señalaron en un escrito.

Fuentes laborales de la Junta tampoco ocultan sus críticas y desvelan algunas de las últimas actuaciones del SERLA: “Se ha contratado a un técnico, que levanta las actas y cuya contratación, por cierto, ha sido criticada por su dudosa legalidad y ha sido recurrida por algunos de los ‘opositores’ y dos auxiliares administrativos. Además, los firmantes del acuerdo (Cecale, CCOO y UGT) han designado 36 mediadores que cobran a razón de 90 euros por cada conciliación”, explican.

Las mismas fuentes detallan que “en cada conciliación actúan dos mediadores, uno por cada parte, designados por el demandante y por el demandado y el técnico que levanta el acta. Si tenemos en cuenta que en Valladolid el año 2016 se han celebrado más de 4.5000 conciliaciones esto supone más de 810.000 euros solo en el pago de los mediadores”, critica.

Y es que los mediadores, por la parte sindical, son personal ya contratado por el sindicato o liberados, la mayor parte “sin conocimientos jurídicos previos” y, por la parte empresarial “se han designado abogados y, curiosamente, tres de ellos forman parte del mismo despacho que la presidenta de la patronal vallisoletana”.

Los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal Funcionario de Servicios Centrales de la Junta también han expresado su oposición a que “los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje en conflictos laborales de carácter individual por despido, hasta ahora realizados por el SMAC, pasen a manos del SERLA, ya que este traslado de competencias carece completamente de motivación”. “El SMAC de la Junta, con oficinas en todas las provincias, es un servicio que funciona con gran celeridad y efectividad. Las personas que intervienen en estos procedimientos son funcionarios de carrera que actúan bajo los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y gran profesionalidad y que ello tenga un coste adicional para la administración”, señalan antes de preguntarse “¿por qué se opta por entregar dinero a las organizaciones sindicales y empresariales en vez de invertirlo en los servicios públicos?”.


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