En el centro de la imagen, el ex jefe de mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, en los juzgados. Foto: Laura Fraile
En el centro de la imagen, el ex jefe de mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, en los juzgados. Foto: Laura Fraile

El Ayuntamiento acaba de pasar la factura al que fuera su jefe de mantenimiento y presunto responsable del montaje de una trama familiar para hacer ‘negocio’ con los contratos menores municipales, Luis Alberto Samaniego: 2,4 millones de euros. En esa cantidad cifras los servicios jurídicos el “quebranto total producido a las arcas municipales por sobrecostes de facturación, ausencia de bajas por la tramitación incorrecta de la licitación de los contratos, el beneficio ilícito obtenido y el perjuicio por los intereses de demora”.

El informe sobre revisión de facturas de obras menores de las empresas de Samaniego para el Ayuntamiento se ha elaborado a petición del Ministerio Fiscal acordada por Providencia de 29 de noviembre de 2016 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid, en las Diligencias previas del Procedimiento Abreviado 2816/2014, seguido contra D. Luis Alberto Samaniego y otros.

Del estudio de las facturas “se advierte que en el periodo comprendido entre el año 2000-2007 se produce una facturación homogénea con una media de anual de 302.743,73 €, periodo en el que intervenían 2 empresas, con excepción del año 2003 en la que intervinieron 3 empresas”. “A partir del año 2008 se produce un incremento de facturación del 381% en lo relativo al importe medio de facturación (se pasa de 302.743,73 € a 1.152.707,91€) y un incremento del 447% en cuanto al número medio de facturas anualmente emitidas (se pasa de 36 a 161). El incremento también se refleja en el número de empresas que intervienen, llegando a intervenir hasta 12 empresas durante los dos últimos periodos analizados (2013 y 2014)”, se explica en el informe antes de detallar por capítulos cómo se ha producido el quebranto a las arcas públicas municipales.

Perjuicio por sobrecoste de facturación: El análisis de las facturas evaluadas y clasificadas como Muy Altas y Excesivas suponen un incremento de la facturación valorado en 671.877,08 €.

Perjuicio económico derivado de la ausencia de baja que se produce de la correcta licitación de los contratos administrativos: El sobrecoste debido a la ausencia de libre concurrencia se estima en 893.268,59 €. Si bien la baja media para este tipo de contratos en el Ayuntamiento de Valladolid desde el año 2008 al 2017 ha sido del 20,56%, por un principio de seguridad jurídica, el quantum indemnizatorio calculado por la inexistencia de baja se ha referenciado en cada anualidad a la baja resultante de la adjudicación para la ejecución de obras con carácter subsidiario en el mismo año.

Perjuicio por Beneficio ilícito: Beneficio que se produce cuando no se tiene derecho a ello. El detrimento patrimonial se produce al generarse un beneficio que no debería producirse por adolecer de un presunto vicio de nulidad.

El sobrecoste derivado por “Beneficio ilícito” en contratación presuntamente ilegal se estima en 537.849,00 € derivado del 6% sobre los 9.636.027,00 € cobrados por facturas emitidas en obras menores de 2000 a 2014, una vez descontado el sobrecoste de 671.877,08 €.

En el informe se recuerda que “en las adjudicaciones nulas de pleno derecho por la circunstancia que fuere, sólo se deben abonar al contratista los gastos materiales, pero nunca el beneficio industrial”.

Se aporta un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de fecha 16 de febrero de 2017, donde se recogen las consideraciones jurídicas y la bibliografía existente relativas a este tipo de actuaciones. No obstante dicho informe, basado en la jurisprudencia y legislación de aplicación, considera que los gastos generales de empresa, fijados en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en una horquilla entre el 13% y el 17%, también deberían sumarse a los conceptos que definen el quantum indemnizatorio además del 6% de beneficio industrial. Ambos conceptos, gastos generales de empresa (del 13% al 17%) y beneficio industrial (6%) conforman lo que el reglamento define como gastos generales de estructura incidentes en el contrato y existen antecedentes y jurisprudencia suficiente para considerar ambos conceptos ilícitos en el caso de contratos con vicio de nulidad.

Por tanto de tener en consideración el Informe de Secretaría General (se apunta la posibilidad de incluirlo en la cuantificación del perjuicio) habría que sumar 1.452.152,006€ al perjuicio causado a las arcas municipales (Este importe engloba el 13% y la suma correspondiente de intereses de demora a fecha 31/12/2014).

En el informe se relacionan 13 trabajos completos que no se han sido llevado a cabo por importe de 88.269,58 €.

Perjuicio por Intereses de demora. Los intereses generados mediante la actualización de rentas de los conceptos referidos anteriormente ascienden a 361.653,29 €.

En total, una ‘factura’ de 2,4 millones que ya está en manos del juez para que determine el grado de responsabilidad de penal del ex jefe de mantenimiento municipal y sus familiares implicados en esta trama.


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