El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones en una comparecencia en las Cortes.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones en una comparecencia en las Cortes.

Ecologistas en Acción ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el Decreto 1/2017 por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, que la Junta de Castilla y León aprobó el pasado mes de enero con un contenido idéntico al anulado judicialmente ocho meses antes por sentencia firme del mismo tribunal, sin ningún tipo de diálogo con las organizaciones medioambientales.

El jueves pasado se publicaron en el BOCyL los nombramientos de los 39 vocales que, junto al Consejero y la Secretaria General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, componen el Pleno del nuevo Consejo "que tiene como fin servir de lugar de encuentro y participación de los sectores implicados en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales", sustituyendo el Consejo Asesor de Medio Ambiente creado en
2001.

Se confirma así el aumento del número de miembros del nuevo Consejo de los ya excesivos 37 actuales hasta 41, incrementando los altos cargos y funcionarios de la Junta de Castilla y León de 17 a 19 y las vocalías de libre designación por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de 3 a 4, inundando así el supuesto órgano de participación social de políticos y funcionarios sin más función que votar lo que indique en cada caso la Presidencia, denuncia Ecologistas en Acción.

En este magma de políticos y funcionarios de libre designación, los representantes de las asociaciones medioambientales se limitan a 2 de 41 miembros, frente a los 5 que tienen por ejemplo en el Consejo Asesor de Medio Ambiente estatal, integrado por sólo 15 miembros y en el que el único cargo de la Administración es la propia Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que lo preside.

"Con la excusa de la racionalización administrativa, lo que en realidad pretende la Junta de Castilla y León es vaciar de contenido el ya escaso espacio que dedica al debate de sus propuestas medioambientales, creando un órgano aún más dócil e inoperante que el existente, con la finalidad de fingir una transparencia y participación social que es ilusoria", considera Ecologistas en Acción.

Las organizaciones ambientales de ámbito estatal Amigos de la Tierra, Greenpeace España, Ecologistas en Acción, Sociedad Española de  Ornitología y WWF España, así como distintas asociaciones regionales y  locales de Castilla y León, pidieron el pasado verano al Consejero de Fomento y Medio Ambiente que suprimiera todas las vocalías de altos cargos  y/o funcionarios de la Administración autonómica y central, sin obtener  respuesta.

Ante este "alarde de transparencia y participación ciudadana", Ecologistas en Acción ha vuelto a recurrir judicialmente el nuevo Consejo Regional de Medio Ambiente, y en la reunión de constitución del mismo que tendrá lugar hoy a las 12 de la mañana manifestará que no lo reconoce como un órgano de participación social, recordando a los 19 representantes de la Junta de Castilla y León que están obligados a abstenerse de intervenir en el informe de las iniciativas de la propia Junta por tener relación de servicio con la Administración interesada.

Entre los numerosos asuntos que se tratarán en esta primera reunión del nuevo Consejo, figura la propuesta de modificación de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León para eximir de licencia ambiental a todas las industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas, actualmente y desde 1961 sometidas a licencia de actividad, suprimiendo de esta manera el control preventivo municipal de estas actividades, como ya se eliminara el  control de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente en la anterior  modificación de dicha Ley.

Asimismo, los proyectos de las industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas no se tendrán que someter a información pública ni se pondrán en conocimiento de los vecinos colindantes, en una especie de 'barra libre' que nos retrotrae 65 años en el control de estas actividades molestas e insalubres, en otra vuelta de tuerca a la desregulación ambiental en la que está empeñada el Gobierno de Castilla y León.

Ecologistas en Acción manifestará que la iniciativa vulnera la legislación básica del Estado de actividades clasificadas y participación medioambiental, por lo que su aprobación conllevaría no sólo una merma de las garantías ambientales y sanitarias de estas instalaciones, sino una notable conflictividad e inseguridad jurídica para ciudadanos, ayuntamientos y empresarios. Por otro lado, la pretensión de modificar la Ley de Prevención Ambiental a través de dos simples decretos es una burda maniobra para apartar a las Cortes de Castilla y León de sus competencias legislativas, que los ecologistas esperan que éstas no toleren.

No hay comentarios