César Strawberry durante su intervención. FOTO: Gaspar Francés
César Strawberry durante su intervención. FOTO: Gaspar Francés

El informe ‘Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa' recoge las conclusiones de Amnistía Internacional tras sus investigaciones, entre enero de 2015 y diciembre de 2016, en relación con las medidas tomadas en Europa para luchar contra el terrorismo. El documento pone el foco en el cambio de paradigma que, con la excusa de esta amenaza, ha el cambio del papel de los gobiernos de ser los responsables de preservar los derechos y libertades de los ciudadanos a restringirlas en pos de su supuesta seguridad. En la mesa de debate que exponía este informa han participado, además de Carmen de Castro como representante de Amnistía Internacional y presentadora del acto, César Strawberry condenado a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo debido a unos comentarios publicados en su cuenta de Twitter, el abogado Eduardo Gómez que ha defendido, entre otros, a los titiriteros o a Guillermo Zapata, ambos ya absueltos, y el catedrático de derecho constitucional Juan María Bilbao, a su vez decano de la Facultad de Derecho.

‘Peligrosamente desproporcionado’ analiza, en los 14 Estados miembros de la UE, ocho temas: estados y leyes de excepción, principio de legalidad, derecho a la privacidad y vigilancia, libertad de expresión, derecho a la libertad, libertad de circulación, despojamiento de la nacionalidad y principio de no devolución. Ante las medidas tomadas por estos países, reclamadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2014, como las declaraciones de estado de excepción y la promulgación de leyes para hacerlo, Amnistía concluye que: “El informe refleja un mundo en el que el miedo, la alienación y los prejuicios están socavando las piedras angulares de la UE: equidad, igualdad y no discriminación”.

Carmen de Castro, como representante de Amnistía Internacional y conductora de la mesa redonda, ha destacado cómo se está empleando la declaración de estado de excepción para casos que tan poco tienen que ver con el terrorismo como la crisis de personas refugiadas. Tanto en este aspecto como en otros, una de las claves para esta circunstancia es la definición vaga que existe de terrorismo, resaltando como hasta cuatro relatores de las Naciones Unidas, ante la reforma del código penal español realizada en 2015, advirtieron suponía “una expansión injustificada del concepto de terrorismo y contenía referencias a términos más vagos o ambiguos como enaltecimiento del terrorismo o la justificación del terrorismo, lo que suponían limitaciones desproporcionadas al derecho a la libertad de expresión”.

Aspecto repleto del Salón de Grados de la Facultad de Derecho durante el debate. FOTO: Gaspar Francés
Aspecto repleto del Salón de Grados de la Facultad de Derecho durante el debate. FOTO: Gaspar Francés

Al inicio de su intervención, Juan María Bilbao ha aclarado su participación en esta mesa no como decano de la Facultad de Derecho sino como profesor de derecho constitucional, y ha destacado que: “debemos inculcar a los alumnos que las opiniones se combaten con otras opiniones y no expulsando del debate público o haciendo callar a quienes sostienen postulados que nos irritan o nos molestan”. Bajo esta premisa ha lanzando varias ideas, no ausentes de polémica, como lo que denomina como “hemiplejia política o ideológica, es decir el doble rasero a la hora de analizar los conflictos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión”. Ha confrontado la justa denuncia a las violaciones de la libertad de expresión en España con la actitud pasiva ante las que suceden en otros países como Venezuela, o “que los mismos que defienden la la libertad de expresión, con buenas razones, de los titiriteros o de César Strawberry reclamen la aplicación del código penal a los responsables del autobús famoso de Hazte Oir”.

También ha querido puntualizar la perversa distorsión en su opinión de la figura del “discurso del odio”, que se aplica hoy día a cualquier expresión crítica, usada como arma arrojadiza dependiendo de las distintas afinidades políticas, lo que le ha hecho destacar la existencia de un “germen de intolerancia en la sociedad española”. Como responsables últimos de esta situación ha señalado, más que a los gobiernos en si mismos o sus medidas, a las personas que con sus votos dan el poder a partidos que desarrollan leyes represivas, además de recortar derechos sociales.

César Strawberry, Eduardo Gómez y Carmen de Castro. FOTO: Gaspar Francés
César Strawberry, Eduardo Gómez y Carmen de Castro. FOTO: Gaspar Francés

El vallisoletano Eduardo Gómez, tercero de los ponentes, ha participado en la defensa de varios casos mediáticos como el de los titiriteros o el de Guillermo Zapata, entre otros relacionados con los derechos y las libertades. Ha destacado como desde que este informo que hoy se exponía fue presentado a principios de enero en Madrid, se ha condenado entre otros a Cesar Strawberry, al rapero Valtonyc a tres años por injurias a la Corona, además de distintas diligencias abiertas en otros ámbitos de dudosa constitucionalidad. En su opinión, al amparo de la legislación antiterrorista a la que hace referencia el informe de Amnistía: “Se están juzgando o condenando conductas que poco o nada tienen que ver con el terrorismo, originando con ello una interpretación expansiva de dicho concepto y favoreciendo la vulneración de derechos fundamentales; estamos asistiendo al vaciado de contenido del concepto del terrorismo”. “Vivimos tiempos en los que los artistas tienen que llamar a su abogado antes de escribir sus obras o hacer sus representaciones para saber si lo que hacen es arte o es terrorismo”, ha reflexionado en referencia a su compañero de mesa.

Gran parte del público acudió a la sala ansioso por escuchar la opinión y testimonio de Cesar Strawberry, escritor, cantante y compositor del grupo Def Con Dos, que pese a haber sido absuelto por la Audiencia Nacional, a principios de este año el Tribunal Supermo, ante el recurso de la Fiscalía, le condenó en un procedimiento que vulnera su derecho a un juicio justo al, entre otras cosas, no permitirle comparecer al revisar su condena sentando además un peligros precedente. Por tuits como "El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO", ha sido condenado a una pena de un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación absoluta acusándole de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Anecdóticamente ha contado como Carlos Bautista, el fiscal de la Audiencia Nacional que, en sus palabras, “se ha empecinado en mi persecución”, resultó además tener un perfil irreverente oculto con pseudónimo en Twitter para meterse con sus compañeros de profesión.

Más allá de las particularidades que envuelven su caso, ha analizado la deriva que está siguiendo el continente: “Considero que en Europa sí existe una estrategia deliberada de retroceso de libertades que está íntimamente ligada a la doctrina del shock”, argumentando como primero se dan las circunstancias para provocar una crisis y en ese estado que se genera de shock se permite un recorte de derechos y libertades logradas tras años de lucha y sacrificio. Ha tildado la ley de enaltecimiento como “premeditadamente ambigua” para que pueda ser utilizada políticamente contra opiniones distintas a las hegemónicas. Coincidió con Juan María Bilbao en su apreciación sobre la doble vara de medir y como, en su opinión, casos como el del autobús de Hazte Oir no deberían haber tenido este protagonismo ni respuesta, ya que el ruido suscitado en medios de comunicación y redes sociales se ha convertido en un altavoz para su mensaje. Como colofón, ha reivindicado el papel de la educación como única forma de dar la vuelta a esta situación social y política, a medio o largo plazo, justa reivindicación coincidiendo con las movilizaciones y la huelga en la educación que estaba convocada el día de la celebración de la mesa redonda.

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