El vallisoletano Alberto Cañedo, exalcalde de Carcaboso (Cáceres).
El vallisoletano Alberto Cañedo, exalcalde de Carcaboso (Cáceres).

Que el sistema judicial no siempre es justo, ya es sabido. Pero el próximo viernes, día 17, hay oportunidad de conocer una de sus injusticias, de la que su víctima es el vallisoletano Alberto Cañedo Carpintero, exalcalde de Carcaboso (Cáceres), quien a las 19.30 horas, en la Casa de las Palabras, explicará porqué ha sido apartado del cargo y ha sido condenado a cárcel y a multa económica por demostrar que otra forma de hacer política es posible.

Alberto Cañedo, criado en el barrio de la Rondilla, a los 20 años -atraído por su pasión por el mundo rural- decidió irse a vivir a Carcaboso, un pueblo de la provincia de Cáceres de 1.000 habitantes "que convirtió en un referente a nivel nacional del municipalismo, basado en el bien común, el apoyo mutuo, la agroecología y el desarrollo sostenible, lo que le valió, entre otras cosas, el Premio Unesco Comunidad Sostenible".

Desde la llegada de la democracia, y durante 21 años, el poder en Carcaboso estuvo en manos del PSOE y la oposición, en las del PP ó al revés, pero con las mismas personas o con cambios de siglas. Son esas cosas que suceden en pequeñas localidades, donde se vota antes a la persona que a unas siglas, informa la Plataforma creada en apoyo del vallisoletano.

En 2005, una moción de censura llevó a Alberto Cañedo, al frente de una plataforma vecinal constituida en partido regionalista, a la alcaldía. En 2007 y 2011, revalidó el cargo por mayoría absoluta.

En el año 2014, se ve obligado a abandonar su cargo por una sentencia injusta de inhabilitación, fruto de "una desmesurada persecución política de un concejal de la oposición y de una situación de acoso permanente con más de treinta comparecencias en los juzgados, que acaban con su carrera política, y prácticamente personal y familiar".

"Alberto", añade la Plataforma solidaria, "cumple en la actualidad dos sentencias judiciales, una por prevaricación administrativa continuada y otra por prevaricación urbanística. Dicho así puede sonar muy grave. Sobre todo cuando nos encontramos con políticos corruptos que, bajo conceptos similares, han saqueado las arcas públicas".

Ahora, ante una tercera sentencia que le condena por desobediencia a la autoridad, por no abandonar su cargo cuando aún estaba pendiente de recurso, Alberto Cañedo está a punto de entrar en la cárcel al no poder hacerse cargo de la sanción impuesta y las costas judiciales.

"Tras una continuada labor de acoso y derribo, un concejal de la oposición de Carcaboso con el único apoyo de su hermano, con quien se alterna en estas labores pretendiendo llegar a la alcaldía de la forma menos honesta y democrática posible, ha conseguido arrancar de la justicia una decisión descabellada e injusta, que inhabilita a su alcalde, democráticamente elegido por mayoría absoluta durante años", sostiene la plataforma.

Trama judicial

La Plataforma en solidaridad con Alberto Cañedo ha intentado resumir las sentencias condenatorias para "una mayor comprensión se intenta explicar de la forma más breve posible esta historia larga y difícil de contar".

En relación con el fallo por prevaricación administrativa: "El concejal de la oposición satura el Ayuntamiento a solicitudes de información, a las que, por ley, Alberto está obligado a contestar en un plazo máximo de 5 días. En poco más de dos años se presentan más de 700 solicitudes, cuando en una localidad como Plasencia, con 40.000 habitantes más, apenas se presentan 5 ó 6 mensuales. Pese a la situación de colapso que esta saturación plantea Alberto consigue responder a las más de 700 solicitudes. En primera instancia se considera que 5 de esas 700 no han sido contestadas. En la Audiencia provincial se demuestra que sí. Pese a ello es condenado a inhabilitación para cargo público durante 9 años. Tanto la Audiencia provincial como la nacional consideran justa la sentencia sin escuchar de nuevo a Alberto".

La sentencia por prevaricación urbanística se resume así:  "Una promotora decide construir seis viviendas en un solar propiedad de la familia de los concejales de la oposición. Solar reparcelado de una unidad de ejecución que, según sentencia firme, está completamente urbanizada. Los compradores de esas viviendas inician el pago de las mismas para que el constructor vaya ejecutándolas. Alguno de ellos incluso se va a vivir a la vivienda antes de su finalización total. El constructor entra en quiebra y no puede terminarlas, por lo que, junto a los vecinos, solicita a Alberto que conceda licencia de primera ocupación para así poder escriturarlas, que paguen el restante, y con ese dinero finalizar la obra. Al no estar finalizada la urbanización, pese a que había sentencia que decía que sí, el secretario y el técnico municipal advierten que no se debería dar esta licencia, aunque, afirman, este informe no es vinculante y queda a criterio del alcalde hacerlo o no. A la vista de que si no se concede la licencia los vecinos perderían su vivienda y el dinero invertido, Alberto decide asumir el riesgo y firmarla, no sin antes pedir un aval bancario al constructor para que se finalice la obra a su cargo en caso de no completarse. El constructor vuelve a caer en quiebra y no finaliza la urbanización. Cuando se va a ejecutar el aval se comprueba que hay un fallo en la redacción y que el aval ha caducado y no puede ser ejecutado. El custodio de ese aval es el secretario municipal. Los vecinos, que ya están habitando las viviendas, que están finalizadas completamente, asesorados por el gabinete de abogados de los concejales de la oposición, denuncian por lo penal a Alberto, en lugar de dirigirse por la vía administrativa al Ayuntamiento, cuyo seguro de responsabilidad civil habría cubierto los gastos derivados de este proceso.

La juez considera que Alberto es responsable de esta situación y decide condenarlo a 8 años de inhabilitación, sin responsabilidad civil.

En el recurso a la Audiencia provincial esta considera que sí existe responsabilidad y le condena al pago de 37.000 euros.

La Audiencia nacional desestima de nuevo el recurso sin escuchar a Alberto.

Si Alberto no hubiese concedido la licencia de primera ocupación habría sido condenado igualmente porque había una sentencia que decía que la urbanización estaba acabada.

Los vecinos pasaron de llorar a Alberto para que concediera la licencia de primera ocupación a denunciarlo por hacerlo y acabar así prácticamente con sus posibilidades de subsistencia".

"Pese a las tres sentencias condenatorias", añade la Plataforma solidaria,  "queda probado que Alberto ha sido víctima de una estrategia política encaminada a satisfacer los egos personales de un grupo de caciques locales, que se amparan en la política y en un sistema judicial viciado, para conseguir su lucro y saciar su sed de venganza, por haber sido apartados sistemáticamente de la alcaldía de la localidad, de forma legítima y democrática".

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