Javier León de la Riva, con su abogado, camino de los juzgados para prestar declaración como imputado. Foto: Gaspar Francés
Javier León de la Riva, con su abogado, camino de los juzgados para prestar declaración como imputado. Foto: Gaspar Francés

La Fiscalía y el Ayuntamiento de Valladolid no quieren que el ex alcalde del PP, Javier León de la Riva, esté solo en el banquillo de los acusados cuando, como todo parece indicar, tenga que responder ante el juez por la firma de 3 cartas de conformidad (comfort letters ) firmadas por su cuenta y riesgo a los bancos del soterramiento como aval para la ejecución de la operación ferroviaria.

Tanto el Consistorio como el Ministerio Público han presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el último auto dictado por la Juez de Instrucción 4, en el que solo se procesaba De la Riva y dejaba fuera del caso a los que fueron sus concejales de Hacienda y Urbanismo, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, respectivamente.

El Ayuntamiento ha solicitado la imputación de los dos ediles populares al aportar nuevas pruebas (documentos de los propios bancos del soterramiento) que demostrarían que tanto Javier León como Alfredo Blanco mintieron a la juez de instrucción cuando en un caso, que no conocía la trascendencia del documento que firmaba, y en otro, que no supo siquiera de su existencia hasta que saltó a los medios de comunicación.

Esa nueva documentación, ahora ya conocida por las partes, es la que lleva a la Fiscalía a presentar su recurso por entender que la instrucción del caso debe continuar por haberse conocido “nuevos hechos” que pudieran dar lugar a nuevas “culpabilidades”.

Así, según fuentes del caso, la Fiscalía en su recurso plantea la necesidad de que se vuelva a tomar declaración en calidad de imputados (ahora investigados) al todavía concejal del PP, Alfredo Blanco y al ex concejal popular Manuel Sánchez, además de al ex alcalde.

Para la Fiscalía "la documentación que ha sido aportada por la representación del Ayuntamiento de Valladolid pone de manifiesto unos hechos, de los que no existía constancia en este procedimiento y que no sólo tienen relevancia para ponderar la presunta responsabilidad, en los ya conocidos, de los investigados, sino que también, por sí, reúnen -en principio- los elementos integradores de sendos delitos de prevaricación y falsedad documental de la misma naturaleza y caracteristicas que los que han sido objeto de la instrucción".

"Nos encontramos frente a otros dos actos administrativos -la firma de dos cartas de compromiso datadas en julio de 2008 y septiembre de 2010- dictados por un órgano carente de competencia para ello, prescindiendo absolutamente de los trámites preceptivos, y con perjuicio de la Causa pública, reflejándose en estos documentos -cuyo contenido, salvo las sumas garantizadas por el Ayuntamiento de Valladolid, viene a coincidir con la suscrita en enero de 2011- hechos que no coinciden con la realidad, y suponiendo la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción de unos "acuerdos" y "autorizaciones" que, según se desprende del nuevo informe de la Intervención Municipal, no se habían producido", se dice textulamente en el recurso de la Fiscalía al que ha tenido acceso últimoCero.

Pero no solo eso. Además, ha solicitado la práctica de nuevas pruebas a la vista de la nueva documentación aportada por el Ayuntamiento. La Fiscalía quiere que se aporten a la causa todas las actas de las reuniones celebradas en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, a la que asistían regularmente el ex alcalde y sus concejales (cada uno en una etapa distinta) y en cuyo desarrollo se llegaron a firmar, al margen de la ya conocida de 2011, esas otras dos cartas de conformidad en los años 2008 y 2010.

La Fiscalía va más allá y, además, solicita un nuevo informe de la Intervención del Ayuntamiento en el que se explique si esos avales firmados por cuenta y riesgo del ex alcalde, todos ellos millonarios, hubieran supuesto en su día sobrepasar el endeudamiento permitido al Ayuntamiento.

Ya está aportado a la causa un informe de Intervención municipal en el que se acredita que todas las comfort letters fueron firmadas por el ex alcalde siguiendo el mismo procedimiento: sin los informes pertinentes y sin la aprobación del pleno.

En este caso, por el momento, se imputan delitos de prevaricación y falsedad al ex alcalde.


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