Imagen de una mujer embarazada.
Imagen de una mujer embarazada.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, ha confirmado que la Junta de Castilla y León discriminó a una mujer embarazada en el acceso a una plaza de funcionaria interina.

El fallo dado a conocer hoy confirma una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Valladolid, que declaraba la nulidad de una resolución de la Dirección Provincial de Educación de Burgos por la que se acordaba no formalizar contrato de interinidad para sustituciones en el cuerpo de Maestros del curso 2015/2016 a una aspirante en situación de embarazo.

La sentencia parte del hecho de que “no nos encontramos ante un proceso específico de enfermedad de lumbalgia ordinaria, sino que -como recogen todos los partes médicos de baja y de confirmación- se trata de una lumbalgia durante el embarazo, por lo que dicha baja médica se ha realizado contemplando el embarazo”.

“Por ello, se ha de considerar que ha sido la condición de embarazada la que ha impedido que la apelada haya accedido al régimen funcionarial, en condición de interina en el cuerpo de Maestros para el inicio del curso 2015/2016. La Administración debió, así, admitir a la expresada como funcionaria interina, sin perjuicio de que pasará a la situación de baja por enfermedad, y al no haberlo hecho así se ha producido su discriminación por razón de sexo, siendo nulo el acuerdo recurrido", se dice.

La sentencia señala que ha de entenderse que, para que la mujer no sufra discriminación alguna por dicha situación de embarazo, todas las consecuencias perjudiciales para ella, derivadas de este proceso biológico, deberán ser proscritas. Por ello, según la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2001, la no toma de posesión en un puesto de interinidad como funcionaria supone una discriminación basada en el sexo, que hace a la mujer de “peor condición que a los varones”.

La Sala entiende por tanto que la condición de embarazada es la que ha impedido a la aspirante acceder al régimen funcionarial, en condición de interina en el cuerpo de Maestros para el inicio del curso 2015/2016. Para evitar la discriminación, se deben producir la plenitud de efectos propios del nombramiento como funcionaria, sin perjuicio de su ulterior baja por enfermedad.

El tribunal sostiene que otro de los argumentos utilizados por la Junta para hacer valer su criterio tampoco es válido: “El permanecer en lista de espera, como se expresa en el recurso de apelación, en la que podría haber sido llamada una vez desaparecida la causa que ha impedido el nombramiento, es obvio que no basta para que se entienda no producida la discriminación, pues se debe producir la plenitud de efectos propios del nombramiento como funcionaria, como son las retribuciones, antigüedad, todos los cuales han sido desconocidos con la resolución recurrida”.

El fallo, que no es firme, también condena en costas de 1.000 euros a la Administración regional.

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