Talleres nuevos de Renfe en Valladolid. FOTO: ÚC
Talleres nuevos de Renfe en Valladolid. FOTO: ÚC

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en Valladolid ha desestimado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en la denominada Área Homogénea 5 "Páramo de San Isidro", situada al Sur de la ciudad entre las Rondas, donde está prevista la construcción de hasta 4.600 nuevas viviendas como compensación a los propietarios del suelo por la cesión de los terrenos del Nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid.

La Sala estima que no se ha incurrido en desviación de poder porque el principal motivo por el que resultó anulada la Orden FOM/1840/2008, de 6 de octubre, en virtud de la sentencia de 14 de febrero de 2013, fue la ausencia de la necesaria Evaluación de Impacto Ambiental previa a la aprobación definitiva de la Modificación por ella operada, situación que en el presente supuesto no concurre, pues se ha efectuado esa evaluación.

Además, en segundo término, el otro motivo de anulación fundamentado en la sentencia citada hacía referencia a que no se justificaba en la Memoria de aquella MPGOU, que es donde ha de establecerse, la necesidad de ampliar el suelo urbanizable delimitado del Plan General con un nuevo sector de uso predominantemente residencial para atender necesidades que lo justifiquen, algo aquí no sucede  porque sí se aprecia la motivación necesaria: en la ciudad de Valladolid se está desarrollando la denominada “Operación ferroviaria” que, con el objetivo final de lograr la transformación e integración de la red arterial ferroviaria y de llevar a cabo la operación urbanística que para la ciudad dicha transformación conlleva, implica la realización de una serie de actuaciones coordinadas y conjuntas para el desarrollo de las obras derivadas de la Red Arterial Ferroviaria (R.A.F.) de Valladolid, mediante Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid con fecha 6 de noviembre de 2002, que recoge entre sus estipulaciones la obligación del Ayuntamiento de Valladolid de aportar libres de cargas los terrenos necesarios para la construcción del Nuevo Complejo Ferroviario (NCF) en la variante Este.

Señala además que las obras de los nuevos Talleres en el Complejo Ferroviario, amparadas por el correspondiente Proyecto aprobado por el Ministerio de Fomento y tramitado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sectorial ferroviaria, se encuentran prácticamente ejecutadas, estando previsto el traslado de los actuales talleres a los nuevos en el Área Homogénea 5 a lo largo de este año (año en el que se redacta la memoria).

Pirueta legal

Para Ecologistas en Acción, sin embargo, “en un pirueta legal, dos de los tres magistrados de la Sala dicen lo contrario de lo declarado por ellos mismos hace ahora cuatro años”, cuando por sentencia de 14 de febrero de 2013 concluyeron que "resulta que no son necesarias esas 4.610 nuevas viviendas, pues según el informe del Ayuntamiento de Valladolid de 1 de octubre de 2010, emitido en el periodo de prueba del proceso, desde el año 2005 hasta el año 2009 se han otorgado 470 licencias de obra nueva de uso residencial, para un total de 9.273 viviendas, siendo el número de licencias de 75 para 1.919 viviendas en el año 2008, y de 46 licencias para 506 viviendas en el año 2009, lo que pone de manifiesto la caída de la demanda de nuevas viviendas que se alega por la parte recurrente".

“Obviando en su nueva sentencia la prueba practicada, según la cual el número de nuevas viviendas en Valladolid no ha dejado de caer en los últimos años, hasta menos de 100 viviendas al año (166 viviendas en 2011, 144 en 2012, 130 en 2013 y 2014, y 96 en 2015), siendo la capacidad del suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable vigente de más de 30.000 viviendas y existiendo 19.000 viviendas vacías en una ciudad en la que el número de habitantes no deja de descender, no se entiende como el Tribunal ha podido concluir que en 2017 sí son necesarias las 4.600 nuevas viviendas que en 2017 no lo eran, más allá de constituir el pago a los propietarios de las 70 hectáreas que ocupa el Nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid”, explica el colectivo.

Ecologistas en Acción recurrirá ante el Tribunal Supremo la nueva sentencia del TSJ de Castilla y León, por considerarla “incoherente con numerosos pronunciamientos anteriores de la misma Sala, el último del pasado de diciembre cuando ésta anuló la Modificación del PGOU de Medina de Rioseco para la construcción de 400 nuevas viviendas en otro municipio vallisoletano con abundante suelo urbanizable y que no hace más que perder población. Además, la sentencia omite completamente la valoración de la prueba practicada”.

En opinión de los ecologistas, “Ayuntamiento de Valladolid y Ministerio de Fomento deberían consolidar la situación legal del Nuevo Complejo Ferroviario procediendo a expropiar los terrenos sobre los que se asienta, por su valor actual como suelo rural”. "La especulación inmobiliaria nunca debería ser un método para financiar las infraestructuras de interés general", declara Ecologistas en Acción, en referencia tanto al Nuevo Complejo Ferroviario como al abandonado soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad.

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