María Sánchez durante un pleno en una intervención sobre Aguas de Valladolid. Foto: Gaspar Francés
María Sánchez durante un pleno en una intervención sobre Aguas de Valladolid. Foto: Gaspar Francés

Valladolid ha ganado el primer asalto judicial por la remunicipalización del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha denegado a Agualid S.A., actual adjudicataria del servicio, la paralización del proceso que había solicitado como medida cautelar. La fundamentada decisión judicial abre el grifo para que el resto de recursos presentados por el Ministerio de Hacienda a través de la Abogacía del Estado y la patronal de empresas dedicadas a la gestión del agua acaben corriendo la misma suerte: que se los trague un sumidero.

En el fallo empieza señalando que “no se considera que la ejecución de los actos impugnados, concretamente el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016, haga perder la finalidad legítima del recurso por lo que no se cumple el presupuesto necesario que exige el artículo 130,1 de la LJCA para poder adoptar una decisión favorable sobre la medida cautelar solicitada”, ya que “hay que poner de manifiesto que la ejecución de lo actos recurridos no tiene ninguna incidencia sobre la posición que la entidad demandante tiene como concesionaria del servicio”.

El juez también entiende que “la ejecución de los actos recurridos tampoco crea ninguna situación irreversible para la entidad recurrente como empresa dedicada a la gestión indirecta de los servicios municipales relacionados con el abastecimiento de agua a domicilio, saneamiento y depuración de aguas residuales”.

Además, se señala que “los estándares de máxima calidad que la entidad recurrente ha conseguido en la gestión del servicio no puede ser un criterio del que se pueda deducir que el recurso interpuesto pierda su finalidad legítima de no adoptarse la medida cautelar solicita, que, en definitiva, posibilita la continuidad en esa gestión y el mantenimiento de esos estándares de calidad máxima”.

“El acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016 aprueba la Memoria sobre la determinación de la forma más sostenible y eficiente de gestionar el servicio de la que no se puede deducir que los índices de calidad a conseguir sean inferiores a los actuales. En esa Memoria se destaca, atendiendo a los estudios realizados, la necesidad de realizar unas inversiones a efectos de mantener operativas las instalaciones al haberse producido un déficit de inversión en los últimos años. Esas inversiones, que se cuantifican en 232.000.000 euros, se proyectan en un plazo de 15 años considerando el informe del Interventor General que es un plazo “prudente”. La entidad recurrente no ha aportado datos suficientes de los que se pueda deducir la incidencia que tiene en el mantenimiento de la calidad actual de la prestación del servicio la realización o no de esas inversiones y la forma de financiar las mismas”, se indica textualmente en el fallo.

Además, se indica que “la continuidad de la entidad recurrente en la prestación del servicio no es la forma que mejor garantiza el cumplimiento de los principios de libertad de concurrencia, igualad y publicidad que rigen la contratación pública. La continuidad indicada produce, de facto, una prórroga del contrato que no está prevista expresamente posibilitando la continuidad en la gestión del servicio al margen de lo que resulte de la aplicación de los principios indicados”.

“Además del interés del usuario del servicio está el interés de la Corporación Local de poder elegir el modo de gestión de los servicios de los que es titular. Ese interés se plasma en una decisión administrativa aunque la misma no puede quedar desvinculada de una opción política que corresponde ejercer a quién tiene mayoría en el Ayuntamiento dado que ello es propio del carácter democrático de las Corporaciones Locales, más concretamente de los Ayuntamientos. Desde luego, la opción propugnada por la entidad recurrente pondría en riesgo el interés público al que se acaba de hacer referencia sin que suponga, como se ha dicho, una mejora en el interés del ciudadano”, se afirma en el fallo.


Contenido relacionado:

No hay comentarios