Parque eólico en la provincia de Ávila.
Parque eólico en la provincia de Ávila.

Cuando hace tan sólo un par de días el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se atrevió a asegurar, en referencia a lo que estaba ocurriendo en el seno de su partido en Madrid que “la corrupción es una cabronada”, difícilmente se podría imaginar que la propia Fiscalía Anticorrupción iba a confirmarla con un asunto gestado, engordado y desarrollado en la comunidad que él ha dirigido durante casi 15 años y su partido un cuarto de siglo en Castilla y León: la trama eólica

La Fiscalía Anticorrupoción, según ha desvelado hoy El Confidencial, ha presentado una querella por la llamada trama eólica contra altos cargos de la comunidad a los que acusa de cobrar comisiones millonarias durante años por la instalación de parques eólicos. “La querella gira en torno a Rafael Delgado (viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011 y hombre fuerte del poderoso Tomás Villanueva durante 16 años en tres departamentos). Además, se dirige contra otros antiguos altos cargos como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, como cuatro directivos de Iberdrola, los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, una de las mayores de la comunidad, y Carlos Galdón, entre otros. En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Las comisiones destapadas rondan los 80 millones de euros”, recoge el digital en exclusiva.

Según explica El Confidencial, la querella que Anticorrupción ha presentado en Valladolid con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, llega dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara un sistema de comisiones que cifraba en 100 millones de euros en esa comunidad, como adelantó El País entonces. Según Anticorrupción, Rafael Delgado "exigía" a los promotores que desarrollaban parques eólicos "ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%".

Los favorecidos con ese 40% eran "empresas pertenecientes a personas con las que [Delgado] tenía una especial relación". Entre estos están Alberto Esgueva, un antiguo alto cargo de la consejería de Economía que junto a su hermano creó Industrias San Cayetano y que ahora construye edificios en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños de una de las mayores constructoras de la comunidad, el Grupo Collosa. Collosa fue la empresa que tuvo a sueldo primero a Federico Trillo y luego a Vicente Martínez-Pujalte, un caso judicializado en Valadolid porque la entonces fiscal general, Consuelo Madrigal, decidió que no lo investigara Anticorrupción.

En la querella se explica que para conseguir controlar la aprobación de todos los parques eólicos, en 2004 Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta sino que dependiesen de él. "La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición de esta fiscalía". De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa "avocación" a los viceconsejeros. El 71% las resolvió Rafael Delgado y el 23% su sustituta, Begoña Hernández. Esa instrucción "permitió al viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa".

Resulta sin embargo sorprendente que la querella de la fiscalía no alcance a Tomás Villanueva, todopoderoso hombre de los gobiernos de Juan Vicente Herrera -ocupó consejerías entre 1995 y 2005 y llegó a ser vicepresidente-. "En este momento se desconoce si cada autorización avocada por el viceconsejero ha sido puesta en conocimiento del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, como sería lo procedente", señala el fiscal. Villanueva tuvo a Delgado como alto cargo suyo en todas las consejerías por las que pasó, pero la fiscalía señala que presenta la querella "sin que en este momento conste que otros miembros de la Junta conocieran dichas circunstancias", apunta El Confidencial.

Uno de los grandes beneficiados del esquema orquestado por Delgado fue la empresa San Cayetano Wind, que era propiedad de Alberto Esgueva Gutiérrez. Este había sido consejero delegado de ADE Internacional Excal, una empresa pública dependiente de la Consejería de Economía y encargada de la internacionalización de las empresas. Delgado "decidió que a San Cayetano se le asignaran parques cuya potencia eólica sumaran 500 megavatios", el equivalente a la potencia instalada de la nuclear de Garoña. Como se llevaba el 40%, la fiscalía cifra sus megavatios en 200, a un beneficio medio de 230.000 euros, lo que arroja unas ganancias de 47,1 millones de euros.

Y sin embargo, empresas de su grupo familiar, como es el caso de Industrias San Cayetano, mantenían deudas millonarias con la propia Junta de Castilla y León, como desveló hace ahora dos años últimoCero: mantenía, a finales del año 2014, una deuda millonaria con la Junta de Castilla y León al no haber devuelto las subvenciones que en condiciones “muy ventajosas” le habían sido concedidas, según fuentes conocedoras del procedimiento habitual. La deuda total que la Junta reclamaba a San Cayetano, propiedad de los hermanos Esgueva, alcanzaba los 5.852.175,35 euros.

Según se apunta ahora en la querella de la Fiscalía Anticorrupción, Iberdrola se quedaba con el 60% de los parques y San Cayetano -es decir, el exalto cargo Esgueva- con el 40%. El acuerdo establece que "es únicamente Biovent [la empresa de Iberdrola] quien selecciona los proyectos" y que la aportación de San Cayetano consiste en "la obtención de permisos, licencias y autorizaciones". La empresa de Esgueva empezaba a cobrar antes incluso de empezar a construir los parques. "Ello supuso que, sin aportar capital propio alguno distinto de la suscripción inicial de las participaciones de la sociedad (24.400 euros), desde el momento de la firma del acuerdo San Cayetano obtuviera un beneficio completamente desproporcionado a su teórica colaboración", algo que Anticorrupción considera "carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial, máxime si se considera que una entidad como Iberdrola, propietaria al 85% de Biovent, no necesitaba en absoluto de este auxilio".

En la información desvelada por El Confidencial se apunta un detalle revelador: “Cuentan en el sector eléctrico que los promotores eólicos se referían a Castilla y León como "Sicilia y León". Quien no pasaba por caja no podía promover parques eólicos”.

La oposición pide a Mañueco que reaccione

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha aprovechado la publicación de esta querella para recordar al presidente de la Junta, Juan Vicente Herera, sus últimas declaraciones sobre que la corrupción del PP en Madrid le parecía una “cabronada”: “¿Qué le parece esta, la suya?”, le ha preguntado esta mañana Tudanca antes de recordar que en la Comunidad están vivos los casos de la Perla Negra por el que va a declarar como testigo la actual consejera de Economía, Pilar del Olmo, o la implicación del ex vicepresidente de la Junta, Jesús Merino, como acusado en la trama Gurtel.

“Herrera debe dar una explicación. Le exijo que de explicaciones en las Cortes y si no va, le pido al señor Mañueco que le obligue si quiere distanciarse. No pueden esperar ni un minuto más. Están avergonzando a Castilla y León y reduciendo las oportunidades de esta tierra. Un presidente que presumía de sacar a Castilla y León del mapa de la corrupción ha demostrado que la ha colocado en el epicentro”, ha declarado Luis Tudanca.

El Procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León José Ignacio Delgado, miembro de la comisión de investigación de la Trama Eólica, ha reaccionado también: “La acción de la Fiscalía demuestra que el PP no va a poder bloquear en los juzgados lo que intenta bloquear en las Comisiones de Investigación de las Cortes de Castilla y León”.

“Ahora tendrán que dar explicaciones de la mayor trama de corrupción de la historia de Castilla y León”, ha afirmado Delgado, quien ha apuntado que “a nadie le extraña que el PP en Castilla y León se pudiese comportar como el PP de Madrid o el PP de Valencia”.

El procurador de Ciudadanos ha pedido “respetar la investigación judicial” para “que llegue hasta el final”, a la vez que ha vuelto a insistir en “agilizar la investigación parlamentaria para que rindan responsabilidades políticas”. 

“Ya le dijimos hace dos días al Señor Mañueco que tiene una oportunidad de marcar distancia con el oscurantismo de Herrera convocando de nuevo la Comisión de las Eólicas y quitándole los frenos a la misma”, ha insistido Delgado. “Veremos si le pesan lo mismo las mochilas de la corrupción”, ha concluido.

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