El salón de actos del Colegio de Psicólogos ha sido bautizado con el nombre del decano Eduardo Montes.
El salón de actos del Colegio de Psicólogos ha sido bautizado con el nombre del decano Eduardo Montes.

Como todo parecía indicar, la última asamblea celebrada en el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, fue de todo menos tranquila. Así lo ponen de manifiesto los distintos escritos de impugnación y denuncias que se han presentado tras su celebración y a los que ha tenido acceso últimoCero.

En ellos, distintos colegiados denuncian no solo violación de su privacidad por haberse hecho públicos datos personales en un acto público, sino también a la secretaria de la Junta de Gobierno por negarse a recibir en la asamblea documentación y votos delegados de algunos colegiados, por lo que piden la impugnación de la asamblea en su conjunto.

En uno de los escritos se relata cómo al inicio de la asamblea celebrada en Burgos el pasado 11 de marzo, algunos colegiados intentaron presentar votos delegados, todos ellos recogidos siguiendo el procedimiento establecido al efecto hasta ese momento, aunque todos ellos fueron rechazados. Sí que se admitieron, según se explica en la denuncia, los presentados por otros colegiados en base al Reglamento Regulador del Voto delegado que estaba previsto que se aprobara en el punto séptimo de esa misma asamblea.

“Es evidente la falta de legalidad que conlleva la aplicación de un procedimiento que va a ser aprobado, asumiéndolo para constituir la propia Asamblea que va a aprobar ese Reglamento”, se apunta en una de las denuncias en las que también se llama la atención sobre que la secretaria del Colegio “aceptó el cargo a sabiendas de que el nombramiento se estaba realizando de forma ilegal”.

A estas denuncias, se suman las referidas a la redacción y aprobación del acta de una asamblea anterior “que no se ajustaba a lo acontecido en el desarrollo de la reunión, adoleciendo de información muy relevante de lo acontecido, especialmente en asuntos que la concernían a ella” (a la secretaria) y otras que tienen que ver con “la negativa a facilitar información y posibilitar la formulación de preguntas por los asistentes con carácter previo a la votación de los diversos puntos del orden del día” o “la dejación de funciones” a la hora de proteger datos personales de algunos colegiados.

La asamblea que se describe en los distintos escritos de alegaciones e impugnación presentados nada tiene que ver con la que cuenta el propio Colegio Oficial de Psicología. En un comunicado oficial difundido solo entre algunos colegiados, la Junta de Gobierno del colegio que encabeza Eduardo Montes, refiriéndose a la asamblea celebrada indica que se “dio respuesta puntual aportando la documentación pertinente para el desmentido de las acusaciones malintencionadas de este grupo”.

La Junta de Gobierno, que entendió la oposición de determinados colegiados como un “boicot”, asegura que días antes “un pequeño grupo de colegiados, como revancha por haber impedido la Junta de Gobierno actual la satisfacción de sus intereses personales, utilizó las redes sociales y un medio de comunicación (por últimoCero) amparándose en el anonimato para ensuciar la imagen del Decano-Presidente y miembros de dicha Junta de Gobierno”. “Este grupo ha asegurado la existencia de irregularidades y dimisiones dentro del Colegio, además de sembrar dudas sobre la gestión y honorabilidad del Decano-Presidente. También ha afirmado que el personal administrativo percibe sueldos desproporcionados, cuestionando las inversiones del colegio y la gestión del presupuesto general”, indica la Junta de Gobierno en su escrito.

“Las numerosas muestras de rechazo de los colegiados durante la Asamblea ante las actitudes y afirmaciones de este pequeño grupo sirven como prueba de la oposición general del COPCYL a este intento de boicot. De hecho, los puntos propuestos por la Junta de Gobierno en dicha reunión fueron aprobados por una mayoría aplastante”, se indica en el comunicado oficial que los colegiados que denuncian irregularidades desmienten categóricamente aportando incluso las grabaciones de la asamblea que contradicen la más que dulcificada versión oficial.

Por si esto fuera poco, la última ‘maniobra’ del presidente del Colegio no tiene desperdicio. Los colegiados que han presentado los escritos de impugnación de la última asamblea celebrada solicitaban en ellos que fueran remitidos al Consejo General, pero el decano se resiste al solicitar aclaraciones, en algunos casos peregrinas, a los denunciantes antes de tramitarlos. En unos casos, en las cartas remitidas a los colegiados denunciantes, se pide que se complete la documentación por haberse extraviado algún anexo (algo hasta cierto punto normal). Sin embargo, en alguno de ellos, se pide una sorprendente aclaración. Se trata de una colegiada que en sus alegaciones expuso textualmente en un apartado: “al atentar al derecho al honor de un servidor, difamando a mi persona”. La respuesta del decano Eduardo Montes, que firma de puño y letra, es la siguiente: “Como no entiendo a quién te refieres, te ruego aclares tu escrito antes de pasarlo a Junta de Gobierno”. Una confusión por una ‘o’ que parece trascender lo que podría ser un mero equívoco en relación con sexo de la persona que firma y encabeza el escrito.


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