Un momento de la votación. FOTO: Gaspar Francés
Un momento de la votación. FOTO: Gaspar Francés

Cinco socios de la Asociación Vecinal Rondilla -Ángel Ceballos, Manuel Prieto, Rocío Matilla, Ángel Bayón y Rosario Cascajo- han interpuesto una demanda que impugna los acuerdos de elección de Junta Directiva para el año 2017, que fueron adoptados el pasado 5 de marzo.

Los acuerdos impugnados, según el escrito de demanda, son:  "1º.- La decisión de someter a votación la forma de designar a los miembros de la Junta Directiva 2º.- La designación en sí de los miembros de la Junta Directiva para el año 2017 mediante votación porque se excluyó a tres voluntarios y porque, aunque se considerara válida la elección mediante votación, porque no se han preservado las exigencias legales de formación de la voluntad de asambleas".

En el texto de la demanda se exponen los hechos, que tienen su origen el 19 de febrero de 2017, fecha de celebración de la Asamblea general ordinaria de socios/as de la Asociación Vecinal cuyo punto 4º del orden del día era la “Elección de Junta Directiva de la Asociación para el año 2017”.

La demanda recoge, entre otros, datos de la convocatoria y del orden del día, entre ellos un llamamiento a la participación y la posibilidad de adscripción de los asociados.

"Esta convocatoria incluía también el acta de la asamblea general ordinaria de 2016 (numerada erróneamente con el mismo número que la de 2017) para su aprobación, y en su página 9 se hacía referencia a la elección de la junta directiva de ese año 2016 indicando que 'se presentaron 24 candidaturas individuales para conformar la Junta Directiva durante el año 2016'. Ese año cuatro de los ahora demandantes formaron parte de la Junta Directiva", se puede leer en el  escrito dirigido al juzgado.

También se hace constar que "los cargos de la Junta, durante los casi 50 años de vida de la Asociación no han sido nunca elegidos, sino que se considera una forma de participación en la Asociación, de modo que las personas que voluntariamente se ofrecen a formar parte de esa Junta pasan a ser miembros de ella como una forma de colaboración voluntaria con sus fines. Se pretende que esa junta tenga un carácter abierto y participativo, y de hecho se puede acudir a sus reuniones y hablar en ellas, como se ha indicado, solo por ser vecino del barrio".

Sin embargo, en la asamblea de 2017  "un grupo de vecinos rompe con esta forma de actuar, consensuada, consuetudinaria y estatutaria. Antes de dar inicio a la reunión los ahora cinco demandantes habían presentado el escrito para colaborar con la Asociación formando parte de la Junta. Hasta la fecha había sido requisito único y suficiente (además de llevar un año asociado) para entrar en la Junta. Cuando se llega al punto del orden del día Carmen Quintero, Presidenta de la Asociación, textualmente afirma 'Estoy dispuesta a continuar, pero si se excluye a Manuel Prieto de la propuesta presentada”'. Es decir, de forma unilateral exigía la exclusión de uno de los voluntarios para formar parte de la Directiva para mantenerse ella. Esta situación sin precedentes creó tal confusión en los asistentes que ocasionó la suspensión de la Asamblea ordinaria.

Los  5 demandantes aportan entre la documentación la publicación de la crónica de la Asamblea que publicó último Cero de 19 de febrero. "Acompañamos esta documentación periodística ante la falta de elaboración o entrega del acta de la Junta que solo es conocida al año siguiente cuando se presenta en la Junta para su aprobación", dicen los demandantes.

La Junta ordinaria continuó el 5 de marzo de 2017, con el mismo orden interrumpido en la reunión anterior, pasando a ser el punto 'Elección de la Junta Directiva de la Asociación para el año 2017', el primero de ese día, y nuevamente en la demanda se deja constancia de la crónica periodística para acreditar lo que ocurrió en esa asamblea, en la que se dio una situación novedosa.

El artículo 12.2 de los estatutos la composición de la Directiva admite un máximo de 24 vocalías y siempre había sido formada por voluntarios y no por elegidos. No tenía, en principio, razón de ser de la votación.

En la demanda se expresa que las alegaciones "determinan la nulidad de los acuerdos por ser contrarios a la forma de adopción de decisiones por la asamblea, que es por consenso y no por votos. De hecho, como se podrá comprobar en las actas de años anteriores, nunca aparecen números de votos a favor o en contra sino simplemente que los acuerdos se adoptan o no por ese citado consenso".

Asimismo se aluden "otras irregularidades", como no figurar en el orden del día que se iban a realizar esas votaciones, la falta de control sobre las personas que votaban , el recuento fue realizado por dos personas ajenas a la Asociación...".

La demanda, que tiene fecha de 6 de abril de 2017, concluye: "Todo ellos con imposición de costas a la parte demandada".


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