Pilar Vicente de Ciudadano´s. FOTO: Gaspar Francés
Pilar Vicente de Ciudadanos. FOTO: Gaspar Francés

El Grupo Municipal Ciudadanos Valladolid ha solicitado al Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, Vigilancia y Control de la Contratación, Jesús Enríquez (PP), un informe de la Secretaría General o la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid acerca de la legalidad y la compatibilidad de cargos del que fuera al mismo tiempo técnico contable de la Sociedad Municipal de Vivienda, VIVA, y de la Fundación del Museo Patio Herreriano.

En concreto, la concejala se refiere a la situación de J.J.A.A. quien se habría embolsado 25.000,00 €/año por la actividad incompatible y otros 55.000,00 por su primera actividad en el Ayuntamiento, durante los últimos 16 años.

La formación naranja  ha solicitado que dicho informe esté elaborado ya para la reunión del próximo martes en la que se celebrará una nueva sesión de dicha Comisión.

“Es necesario dar total transparencia a este tema y que se sepa el desembolso que ha supuesto de dinero público”, ha comentado la Portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente.

Así mismo, Vicente ha señalado que “este asunto va más allá de una cuestión política” y que su objetivo es “conocer las consecuencias jurídicas de este hecho”.

La situación ha sido denunciada por colectivos de funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid, sin que el consistorio haya iniciado actuación alguna al considerarse, según palabras de la Concejala de Cultura que la actuación del Ayuntamiento es "intachable e Impecable"

Funcionarios recuerdan que en una reciente sentencia del Tribunal Supremo se confirma la suspensión por siete meses por ejercer, sin autorización previa, una segunda actividad por parte de un guardia civil de Zamora (STS 31/2017 de 9 de marzo), colectivo incluido en la misma norma de incompatibilidades del resto de empleados públicos (Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas), considerándose una falta muy grave, sancionada con la suspensión de empleo hasta por 6 años, o incluso con el despido disciplinario, el ejercicio de una segunda actividad sin autorización. Esta es la interpretación que el Supremo ha dado reiteradamente, entre otras muchas la sentencia de la Sala de lo Social del Supremo nº 1486/2013 de 01/07/2014, en la que se confirmaba la legalidad el despido disciplinario de un empleado municipal por ejercer actividades incompatibles.

En este caso, “con mayor motivo la actuación es reprobable si se ejerce con expresa prohibición de su ejercicio, pues en ese caso hay constancia de conocimiento por el afectado”, entienden los funcionarios.

Según las mismas fuentes, “el acuerdo del pleno municipal sobre la compatibilidad del señor J.J.A.A., establece en su punto d) que se estará a lo dispuesto en la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas “muy especialmente a su artículo primero que establece que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por si o mediante sustitución de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público”, añadiendo que no se podrá percibir “más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Publicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellos dependientes””.

La fundación Patio Herreriano es una fundación pública municipal, según figura en el propio portal de transparencia del Ayuntamiento de Valladolid. Su patronato es íntegramente municipal, está presidida por el alcalde de Valladolid y vicepresidida por la concejala de Cultura.

Ejercer una segunda actividad en ella cuando se trabaja en el sector público, está expresamente prohibido. Incumplir esa prohibición supone una falta muy grave prevista en el Estatuto del Empleado público y en el convenio colectivo municipal para la cual la sanción puede llegar al despido disciplinario, el consentimiento o encubrimiento por parte de los superiores de esa situación supone también una falta grave. Sin embargo no va a iniciarse ninguna actuación correctiva, incluso, según las palabras de la concejala Ana Redondo, esa actuación sería "intachable e impecable", lo que llevaría a cuestionarse si se está pensando, más que en una sanción, en algún galardón para el afectado. Ahora, ante el eco de la sentencia del supremo nos preguntamos ¿Cómo es posible que una concejala de Valladolid considere intachable e impecable una actuación aún más grave a la que el Tribunal Supremo considera merecedora de suspensión de empleo?”, se pregunta el colectivo de fncionarios antes de criticar que “el Ayuntamiento de Valladolid primero con el PP y después con el PSOE, ha venido consintiendo el ejercicio de una actividad que estaba expresamente prohibida y ha consentido que dicho trabajador se llevara, sólo por esa actividad prohibida, 25.000,00 euros por año durante 16 años (400.000,00 euros en total), además de 55.000,00 euros anuales por su primera actividad, en total dicho trabajador se ha llevado 1.280.000,00 euros en estos 16 años de total pasividad, consentimiento y complicidad de sus superiores y del Ayuntamiento de Valladolid, quienes no iniciaron ninguna investigación ni proceso disciplinario”.

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