Parque eólico en la provincia de Ávila.
Parque eólico en la provincia de Ávila.

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha cerrado la puerta a la Junta de Castilla y León pueda ejercer la acusación particular en el caso de la trama eólica en el que se investiga el reparto de comisiones millnarias a cambio de la autorización de parques eólicos en la Coimunidad. Así lo ha apuntado la juez en un auto en el que señala, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, que “no ha lugar a tener por personada a la Junta de Castilla y León como acusación particular, sin perjuicio de que pueda solicitar su personación como acusación popular”.

El Juzgado entiende que la Junta carece de la condición de perjudicado por los delitos objeto de procedimiento. “La condición de ofendido o perjudicado – señala la resolución - se determina en atención al bien jurídico protegido en el delito concreto y dado que en el presente caso al parecer los hechos investigados pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, no tendría la condición de perjudicado la Comunidad Autónoma”.

El auto entiende que en los delitos de cohecho y prevaricación, se produce de forma genérica un ataque contra un bien jurídico de titularidad colectiva. “Pertenece [el bien jurídico protegido] a la comunidad en general y por ello la única forma de personarse en unas actuaciones penales en concepto de parte es a través del ejercicio de la acción popular. La defensa de ese interés público corresponde al Ministerio Fiscal quien lo está ejerciendo. Así pues no puede concluirse que la Comunidad tenga condición de perjudicado de conformidad con lo señalado”, dice el auto.

Respecto a los delitos contra la Hacienda Pública, el Juzgado sostiene que “no se vería afectada en principio la hacienda de la Comunidad Autónoma pues los hechos se refieren a tributos o actuaciones de ámbito estatal y no autonómico, actuando ya la Abogacía del Estado personada en defensa de los intereses del Erario Público”. “Si bien es cierto que el bien jurídico protegido en estos delitos es de carácter pluriofensivo, difusa, colectiva o metaindividual, la posible perturbación causada lo es en relación a la actividad recaudatoria del Estado y no de la Comunidad Autónoma, motivo por el cual, tampoco puede entenderse en este sentido que se vean afectada la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma o los intereses que representa”, señala la resolución.

También, en relación al delito de blanqueo de capitales, “no se ve afectado el interés del Comunidad Autónoma por lo que tampoco cabría hablar de perjudicado en relación al mismo”.

La decisión del Juzgado no es firme y cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a su notificación.


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