En el centro de la imagen, el ex jefe de mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, en los juzgados. Foto: Laura Fraile
En el centro de la imagen, el ex jefe de mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, en los juzgados. Foto: Laura Fraile

14 años de impunidad o, lo que es lo mismo, perjuicios de 2,4 millones de euros para las arcas públicas por la emisión de 1.316 facturas irregulares. Este es el resumen del auto dictado por el Juzgado de Instrucción 4 contra la trama organizada por el ex jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego Conde, su hijo, Luis Javier Samaniego Miguélez, su socio, Miguel Rodríguez Patín, y su primo, Antonio Bernardo Samaniego Fernández, a los que imputa delitos de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.

El auto dado a conocer hoy por el alcalde, Óscar Puente, acompañado del director de la Asesoría Jurídica Municipal, Rafael Guerra, es el resultado de la denuncia presentada por el PSOE ante la fiscalía cuando estaba en la oposición, después de conocerse la apertura de un expediente disciplinario contra el por entonces funcionario de la que informó en exclusiva el 6 de junio de 2014 últimoCero.

El Juzgado entiende “indiciariamente probado” que, durante los 14 años que Luis Alberto Samaniego fue jefe del Centro de Mantenimiento de edificios e instalaciones municipales (desde abril del año 2000 hasta junio de 2014, fecha en que se jubiló, días después de que la trama fuera denunciada), este funcionario público efectuó “diversas adjudicaciones en contratos menores para la realización de obras de edificios municipales o gestionadas por el Ayuntamiento a favor de empresas propias o de familiares suyos, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba”.

Esta trama de empresas, Castellano Leonesa de Mantenimiento S.L., Construcciones Tarifa 2000 S.L., Construcciones Paraíso 2008 S.L., Construcciones y reformas Bullón S.L., Construcciones y Contratas Pintia S.L.U., Construcciones y Reformas Alivia S.L., Excelgestión S.L., Camino de Molendor S.L., Mantenimiento y Consolidación de Inmuebles, Construcciones y Reformas Acuña S.L.U., Obras Valcom 2000 S.L.U, Mantenimiento e infraestructuras urbanas S.L. y Constructora Castellana Industrial S.A, -en total 13 firmas diferentes-, emitieron 1.316 facturas al Ayuntamiento de Valladolid por contratos por los que percibieron, dice el auto, 10,9 millones de euros.

La magistrada entiende que el quebranto económico causado a las arcas municipales ha sido valorado en 2.464.647,95 euros, de ellos, 671.877 como perjuicio por sobrecoste de facturación, 893.268,59 euros como perjuicio derivado de la ausencia de baja, es decir, sobrecoste debido a la ausencia de libre concurrencia, 537.849 euros como perjuicio como beneficio ilícito y 361.653,29 euros de perjuicio por intereses de demora.

Obras no realizadas o ya ejecutadas

La trama funcionaba de tal manera, según se recoge en el auto, que “en varias ocasiones, algunas de las facturas entregadas al Ayuntamiento para su abono por las diferentes empresas señaladas, reflejaban obras que no se habían llegado a realizar, o bien obras ya ejecutadas por operarios municipales, y otras en las que lo facturado no se correspondía con lo realizado, presentando igualmente algunas facturas con sobrecoste en los importes que detallaban”.

En la mayoría de los casos, continúa, en la ejecución de las obras trabajaban las mismas personas, aunque se tratara de diferentes empresas de las indicadas, y, por añadidura, algunos trabajadores que pertenecían a empresas del grupo familiar de Samaniego Conde, tras dejar de trabajar para esas empresas, comenzaron a trabajar como personal del propio Ayuntamiento en labores de mantenimiento.

Absoluta falta de control

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, señaló que “estamos hablando de unos hechos de enorme gravedad y enorme trascendencia económica” y cree que el auto “deja clara una absoluta falta de control por parte del entonces equipo de Gobierno municipal durante 14 años de lo que ocurría en el Servicio de Mantenimiento”, puesto que en ese tiempo “se produjeron hechos muy graves de forma cotidiana y permanente”.

Puente recordó que la intención inicial del equipo de Gobierno de entonces fue solventar el asunto a través de la apertura de un expediente disciplinario que concluyó con la jubilación anticipada del funcionario, prácticamente al mismo tiempo que se daba a conocer lo ocurrido, y fue él mismo, el actual alcalde, entonces concejal del Grupo Socialista, quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, ante la inacción de aquel equipo de Gobierno municipal.

El alcalde recordó, además, que su grupo municipal solicitó la información sobre lo que estaba sucediendo en Mantenimiento a finales del año 2013 y la recibió seis meses más tarde, a mediados de 2014, un día después de que se le abriera expediente al funcionario.

Por último, anunció que el Ayuntamiento reclamará “hasta el último céntimo de esos casi 2 millones y medio de euros en que se calcula el perjuicio de las arcas públicas, recuperándolo mediante la ejecución de los bienes de los imputados”, agradeció el trabajo de Intervención Municipal y los técnicos durante la instrucción del procedimiento, e instó a la actual oposición municipal a actuar en pos del beneficio público.


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