El ex secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia.
El ex secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia.

Aunque no implica el cierre de la vía judicial, el fiscal jefe de Palencia, Arturo Carrillo Álvarez, ha decidido archivar la investigación abierta sobre el aprobado conseguido por la hija del ex secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia, después de que este presentara un recurso de alzada en contra del criterio mantenido por la profesora que certificó el suspenso obtenido por la alumna y los 9 profesores del departamento que ratificaron su decisión.

Según la resolución del Ministerio Público “no aparece acreditada la existencia de irregularidades que merezcan un reproche penal en la tramitación de la reclamación objeto de controversia”, ya que “se ha tramitado el expediente por los cauces legales y amparándose en las alegaciones e informes recabados lo largo de la instrucción”. “No aparece constatada la existencia de arbitrariedad alguna, por cuanto, tanto la resolución de la Dirección Provincial como la de la Delegación Territorial están amparadas en los informes pertinentes y en una fundación jurídica”, señala el fiscal jefe de Palencia sin entrar a analizar y valorar esos informes que en la práctica han permitido transformar la nota de dos con la que fue calificada la hija de Villarrubia en la convocatoria extraordinaria de septiembre, en un aprobado.

Este pronunciamiento de la Fiscalía palentina se produce tan solo unos días antes de que vaya a celebrarse un acto de conciliación previo a la presentación de una querella criminal por injurias y calumnias en la que Villarrubia pide el pago de 65.000 euros a la profesora del IES Jorge Manrique de Palencia que firmó el suspenso obtenido por su hija.

Según sostiene en la demanda Julio Villarrubia, que no recoge ningún entrecomillado que sirva de base a su acusación, en una de las entrevistas publicadas por últimoCero, la profesora Fátima Zamora “con mala fe y total falsedad, manipuló la realidad y acusó al conciliante (Villarrubia) y a otras personas (como el Director del instituto y el delegado territorial de la Junta en Palencia) de la comisión, entre otros posibles, de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias”.

La resolución que, sin entrar en su análisis ha dado por buena la Fiscalía de Palencia, fue explicada en una inédita reunión celebrada el 17 de mayo en el IES Jorge Manrique por el Director Provincial de Educación, Sabino Herrero, a los profesores del departamento de matemáticas que en su día ratificaron el suspenso para la hija del ex diputado (tres de ellos ya han abandonado el centro).

La ‘fabricación’ del aprobado, según relató la profesora atendiendo a las explicaciones dadas por el director provincial de Educación, se produjo “décima a décima”. “En el informe de un experto se han tenido en cuenta los resultados de los exámenes de recuperación de las tres evaluaciones. En la primera consiguió un 4,25, en la segunda, un 4,5 y en la tercera, un 3 sobre 40. Sin embargo, parece ser que un experto se ha encargado de revisarlas y ahora figura un 5,29 en la primera, un 5,5 en la segunda y, lo que es más sorprendente, un 3,08 sobre 10 en la tercera. Que me llamen cerril, pero que me digan cómo se justifica que un 3 sobre 40 equivalga a un 3,08 sobre 10. Eso no sale ni con calculadora”, asegura la profesora antes de sentenciar: “Quizás el suspenso en matemáticas lo merezca más ese experto que la alumna”.

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2 Comentarios

  1. El fiscal Arturo Carrillo archiva la investigación SIN EXPLICAR los motivos que aduce para justificar su decisión, es decir "sin entrar a analizar y valorar esos informes que en la práctica han permitido transformar la nota de dos, con la que fue calificada la hija de Villarrubia en la convocatoria extraordinaria de septiembre, en un aprobado". En particular, NO nos EXPLICA la eventual licitud de reclamar en septiembre contra la nota de junio a pesar de lo que prescribe la Orden EDU/888/2009 de Castilla y León. Seguimos, pues, como estábamos al principio: sin conocer el contenido del tan citado informe de marras en el que Luis Domingo González dijo basarse para estimar la reclamación de Julio Villarrubia. Y, como ya he manifestado varias veces con anterioridad basándome en el artículo 89.5 de la ley 30/92, dicho informe es público porque forma parte de la resolución estimatoria como componente motivacional que precede argumentalmente (premisas) al componente dispositivo (conclusión) por el que se estima el recurso.
    La reciente sentencia nº 79/17 de 10/02/17 del Tribunal Supremo, que ha dejado paladinamente claro que se prevarica cuando se falsean las calificaciones académicas, me hacía albergar la esperanza de que la fiscalía de Palencia decidiría -¡por fin!-, empezando por este asunto de la hija de Julio Villarrubia, perseguir las documentadas tropelías que se cometen, principalmente, en el IES Jorge Manrique bajo el cetro del sempiterno Jesús Coria. Sin embargo, el fiscal Arturo Carrillo se ha desentendido de este asunto con la misma carencia de motivación (carencia proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución) que han recibido TODAS LAS DENUNCIAS que desde 2007 he interpuesto contra "las documentadas tropelías que se cometen en el IES Jorge Manrique".
    Aún confío en que Ciudadanos consiga revertir la actual situación cuando las Cortes de Castilla y León respondan a las preguntas planteadas por su procuradora Mª Belén Rosado Diago el 5 de mayo de 2017. Quizás, entonces, el fiscal Arturo Carrillo reabra la investigación recientemente archivada y todos terminemos sabiendo indubitadamente si, efectivamente, el procedimiento por el que Luis Domingo González terminó estimando la reclamación de Julio Villarrubia se ajustó o no se ajustó a derecho.

  2. “Últimocero” completa el titular de la noticia diciendo que el fiscal Carrillo concluye que “no aparece constatada la existencia de arbitrariedad alguna. Las resoluciones de la Dirección Provincial de Educación y de la Delegación Territorial están amparadas en los informes pertinentes y en una fundamentación jurídica”.
    El gremio docente no puede compartir esta conclusión por varias razones. Primero, porque, siendo ambas resoluciones contradictorias (mientras la Dirección Provincial de Educación confirmaba el suspenso de la hija de Villarrubia, la Delegación Territorial lo revocaba transformándolo en un aprobado), es muy difícil sostener que ambas sean ajustadas a derecho. Y, segundo, porque la existencia formal de informes y de fundamentaciones jurídicas no implica que, en el fondo, no hayan sido elaborados conculcando la legalidad (en particular la OEDU 888/09 sobre reclamación de notas) ya que es un hecho que los infames y mendaces informes de complacencia son un clásico en la Administración (como el que el dúo Coria & Sabino enarboló en 2009 para prohibirme entrar en la sala de profesores).
    Así pues, considero que el fiscal Carrillo debe hacer públicos los motivos por los que la resolución de Luis Domingo no ha incurrido en ilícito penal. En particular, debe decirnos por qué no hay prevaricación cuando, como claro indicio de la misma, Luis Domingo, Villarrubia, Sabino Herrero y Jesús Coria ocultan impenitentemente una parte de la resolución final, cual es el informe que la motiva. Y también deberá decirnos qué normativa permite reclamar en septiembre la nota obtenida en junio porque la OEDU 888/09, la única que yo conozco, no lo autoriza.

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