Rafael Delgado, a la derecha, junto a su abogado, camino de los juzgados. Foto: Jorge Ovelleiro
Rafael Delgado, a la derecha, junto a su abogado, camino de los juzgados. Foto: Jorge Ovelleiro

“Todo, absolutamente todo, pasaba por las manos del ex consejero Tomás Villanueva”. Esta es la base de la defensa del ex viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado Núñez a quien la Fiscalía Anticorrupción sitúa en la cúpula de la denominada trama eólica que, durante años, repartió más de 80 millones en comisiones a cambio de autorizaciones para montar parques eólicos en la Comunidad. Hoy, en su declaración de más de 4,5 horas ante la juez, ha apuntado más arriba. Era su jefe, el ex todopoderoso consejero de Economía, quien “conocía, decidía y ejecutaba”. Él solo se limitaba a “seguir las indicaciones” de su ex jefe.

Delgado, a quien se imputa la autoría de delitos continuados de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, relacionados con la tramitación de las concesiones de parques eólicos en la Comunidad que ha supuesto el reparto de más de 80 millones de euros en comisiones, según la Fiscalía Anticorrupción, tras no haber conseguido que se aceptara su petición de archivo por prescripción de los delitos investigados, ha negado tener cualquier responsabilidad en la trama y para ello ha aportado documentación.

Según confirman fuentes del caso, ya están aportados a la causa distintos correos enviados por las propias compañías a la Consejería de Economía en los que se informaba al consejero de los pasos que se iban dando para conseguir la autorización administrativa y que consistían en la elección de determinados empresarios locales para su participación en el negocio.

Toma de posesión de Rafael Delgado en presencia de Tomás Villanueva. Foto: JCYL
Toma de posesión de Rafael Delgado en presencia de Tomás Villanueva. Foto: JCYL

Esos correos, en los que distintos empresarios someten a consulta del consejero sus decisiones empresariales para poder obtener la autorización de la Administración, explican el discurso mantenido hoy ante la juez por el que fuera durante años hombre de confianza del ex consejero Tomás Villanueva: “Hubo orden expresa de la Consejería de que en las empresas que fueran a ser las beneficiarias de las concesiones de parques eólicos tuvieran en su accionariado empresariado local", ha resumido tras la declaración de Delgado el abogado de la acción popular que se ejerce en nombre de Ecologistas en Acción antes de indicar que “se trata de una cuestión que no se compadece con las normas vigentes de contratación, pues en el sector eléctrico se habla específicamente de que eso corresponde a la iniciativa privada, con lo que no se entiende qué hace el consejero diciendo que tiene que estar fulanito o zutanito”.

"El no ha reconocido ninguna responsabilidad penal de ninguna naturaleza", ha explicado el abogado, quien ha manifestado que, del conjunto de su declaración, "se deduce que lleva viviendo de créditos desde hace siete años, ya sean personales, de amigos o bancarios", ya que desde que se hicieron públicos estos hechos “no ha podido desarrollar su labor profesional”.

Sin embargo, la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Delgado es demoledora. En ella se describe al detalle las operaciones desarrolladas por Rafael Delgado para “exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, a ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía fuera próxima al 40%”.

También se indica que se encargó de “seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación, con quienes para ello actuó concertadamente, como Alberto y Francisco Esgueva (San Cayetano), Andrés Martín Paz, Germán José Martín Giraldo (Cronos) o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente Muñoz (Collosa-Inverduero) para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización había proyectado”.

“Ninguno de los empresarios amigos de Rafael Delgado, con la posible excepción de los hermanos Llorente Muñoz, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en las entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas”, apunta la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público también destaca en su querella que “Rafael Delgado ha dispuesto entre los años 2006 a 2015 de bienes y cantidades de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior y que por los motivos que se exponen en cada caso deben atribuirse a la actividad ilícita”.

Rafael Delgado presentó las declaraciones correspondientes al IRPF de los años 2011, 2012 y 2013 declarando como ingresos por rendimiento de trabajo las siguientes cantidades 53.954,54 €; 24.000,00 € y 14.200,00 € respectivamente; los que junto a otros pequeños ingresos por rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario suponían unas bases imponibles de 52.157,93 €; 20.083,11 € y 9.522,59 € que determinaron que el resultado de las declaraciones fuera a devolver en los años 2011 y 2012 (2.963,91 € y 357,40 € respectivamente) y a ingresar 71,65 € en 2013. Sin embargo, la AEAT estima que las cuotas tributarias por su IRPF que correspondían a los verdaderos ingresos de Rafael Delgado en dicho periodo eran 104.332,76 €; 128.647,45 € y 206.700,38 € respectivamente.

A la vista de la declaración prestada hoy por el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, todo parece indicar que alguna de las partes solicitará la comparecencia en el juzgado del ex consejero de Economía, Tomás Villanueva.

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