el ex consejero de Economía, Tomás Villanueva.
El ex vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva.

“El objetivo de Endesa es alcanzar una cuota no inferior al 25% de la potencia total eólica en la Comunidad, cuota acorde con la establecida en el convenio suscrito en 1988 entre el presidente de la Junta y el Presidente de Endesa (…) Con esta finalidad, te transmito nuestro interés en alcanzar acuerdos para participar mayoritariamente en las promociones eólicas que están realizando en Castilla y León las siguientes empresas; Ider, Cannon Power, Ibervento, Dersa-Boreas, Preneal y Ecotecnia; así como de cualquier otra empresa que desde la Junta de Castilla y León estimarais de interés”.

Este es el elocuente contenido del fax remitido por Rafael Miranda, consejero Delegado de Endesa, al Consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, el 14 de marzo de 2005, que puede servir para describir cómo se produjo el reparto de la tarta éolica de la Comunidad más extensa de Europa en el que se investigan 81 millones de euros en comisiones.

Más de 20 altos cargos de la administración autonómica y empresarios del sector están señalados en una demoledora querella de la Fiscalía Anticorrupción contra la “trama eólica” que durante años repartió, bajo una figura administrativa puesta en cuestión, el derecho a explotar el viento. Y en el despacho de la juez del caso, también engorda la instrucción de esta causa por corrupción (se imputa la autoría de delitos continuados de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública) el escrito de defensa del principal imputado, el ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado Núñez, que incluye en él comunicaciones, correos y faxes.

El ex alto cargo, intenta demostrar con ellos que él no tenía nada que ver con la supuesta trama de reparto de autorizaciones, apunta a la Dirección General de Energía y Minas de la Junta (primero ocupada por Manuel Ordoñez Carballada y posteriormente por Ricardo González Mantero, también director del EREN) y, directamente a su ex jefe, el otrora todopoderoso hombre fuerte de los distintos ‘gobiernos Herrera’ que se fueron sucediendo hasta 2015, cuando el hombre que también controló durante años el PP provincial, decidió abandonar la política.

Los correos y comunicaciones aportados a la causa muestran a grandes empresas del sector eléctrico dispuestas a ‘tragar’ con empresarios locales, peticiones de autorizaciones de parques de importantes firmas con recuerdo de colaboraciones pasadas y promesas de colaboraciones económicas futuras incluidas, apuntes en correos para dar cumplimiento a los deseos de algún alcalde… todo un argumentario para tratar de desmontar una contundente acusación de Anticorrupción, pero que también consigue mostrar las vergüenzas del sistema de concesión de parques eólicos que imperó durante años en Castilla y León.

Entre la documental de la defensa hay distintos ejemplos.

Correo remitido por Pedro Ballvé presidente del grupo Campofrío, a Tomás Villanueva el 5 de marzo de 2008 con el encabezamiento “Querido vicepresidente”. “Quisiera poner en tu conocimiento cuál es el estado actual de nuestras inversiones tanto en energía termosolar como eólica en Castilla y León, así como pedirte tu apoyo personal en las tramitaciones que los distintos organismos de la Junta deben realizar para no dilatar más los calendarios de la puesta en marcha de las inversiones comprometidas con vosotros” (…) “Te agradecería enormemente que el organismo competente le indique a Red Eléctrica que nuestros seis parques eólicos entren en Planificación, y que se proceda a tramitar la Declaración de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente”, le pide expresamente al consejero antes de recordarle: “Como supongo que ya sabrás, estamos a punto de firmar el Convenio de Colaboración entre nuestra empresa (Ibereólica Solar) y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, por un importe de 675.000 euros, para contribuir económicamente en los programas de conservación, gestión y mejora del Patrimonio Natural de Castilla y León”. “Te informo también que nos hemos comprometido (a petición de José Manuel Jiménez Blázquez) a promocionar, construir y explotar la planta termosolar de 25 MW que se construirá en la Ciudad de la Energía de Soria, y en la que incorporaremos muchas actividades de I+D, a destacar la hibridación con biomasa y la producción de hidrógeno”, apunta antes de despedirse: “En definitiva, Tomás, te pido encarecidamente que nos autorices los seis parques eólicos de Zamora para poder contar con la financiación bancaria necesaria y que podamos liberar fondos propios para seguir invirtiendo y contribuyendo activamente a la generación de energía, empleo y riqueza en Castilla y León, como hemos venido haciendo desde muchos años atrás”.

Otra parte de la documentación aportada son correos que remite el Director del EREN (Ente Regional de la Energía), Ricardo González Mantero, a la secretaría de la viceconsejería, con copia al propio Rafael Delgado, donde se indica cuándo y sobre qué parques se pueden o no firmar las resoluciones de autorización.

En todos los casos, el nombre del parque va acompañado por los nombres de las empresas que lo promueven. Algunas de estas anotaciones resultan cuando menos, llamativas. Es el caso de la que aparece en un correo fechado el 20 de febrero de 2006, donde junto al nombre del parque “Mini Alconada” va entre paréntesis “(Carlos Moro-Forlasa-Ayuntamiento de Ampudia)” y una anotación más: “(es el que nos solicitó el alcalde por escrito)”.

En otros correos, también González Mantero, remite a la secretaría del viceconsejero listados actualizados de los promotores eólicos con algunos comentarios (18 de marzo de 2005): “Iberdrola ha pedido que se desglosen sus adquisiciones de parques a Gamesa una vez construidos. Estamos preparando una nueva versión donde se indica en el resumen de promotores la potencia ya construida y la potencia en promoción”….

Con toda esta documentación, la defensa de Rafael Delgado pretende dejar claro que “ni el Ente Regional de la Energía ni la Dirección General de Energía y Minas dejaban de ser Centros dependientes del Consejero, como no puede ser de otra forma, por el hecho de la existencia de una Viceconsejería de Economía que le apoyaba, pero que no sustituía al Consejero en el ejercicio de las funciones legalmente encomendadas de dirección, coordinación e inspección de su Consejería (en este caso la Dirección General) y de sus entidades adscritas (en este caso el EREN, más aun presidiendo el Consejero su máximo órgano de gobierno, el Consejo Rector), ni aquellos dejaban ser Centros que desarrollaban su función de dirección, programación, planificación, elaboración de normas y de propuesta al Consejero para la resolución de los asuntos encomendados a la Dirección General”.

En su escrito de alegaciones a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el ex viceconsejero Rafael Delgado deja claro que “a tal efecto eran frecuentes las reuniones de despacho que el Consejero mantenía con las Direcciones Generales, en este caso con el Director de la DGEM, primero Don Manuel Ordoñez Carballada y posteriormente con Don Ricardo González Mantero, en el ejercicio de sus competencias de dirección y decisión del primero y de propuesta de los segundos”.

“Nunca mi representado ha elaborado ningún tipo de listado de parques, limitándose en esta fase de planeamiento a trasmitir las órdenes del Consejero, que el Director General ponderaba en cuanto su posibilidad y posteriormente le proponía, y el Consejero decidía”, sostiene el, por ahora, principal imputado en la “trama eólica” de Castilla y León dispuesto a que el viento judicial comience a soplar más arriba.


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