Ohihana Barrios, Lluisa Domingo, Jorge del Cura y Carlos Hernández 'Pote', durante la presentación del Informe.
Ohihana Barrios, Lluisa Domingo, Jorge del Cura y Carlos Hernández 'Pote', durante la presentación del Informe.

El informe de la Tortura en el Estado español,  realizado por decimotercer año consecutivo por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) se recogen 117 situaciones -cinco de ellas en Castilla y León- en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 259 personas. Entre las entidades que componen la CPDT se encuentra la castellana Oteando (Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades).

Las agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.).

"Estas cifras", aclara CPFT, "no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales".

"Como en años anteriores", añade la Coordinadora, "no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2016: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.".

La distribución territorial de los datos Territorio Situaciones la encabeza Madrid, con 25 situaciones y 71 personas afectadas, seguida de Catalunya, con 24 situaciones y 41 personas afectadas.En Andalucís tuvieron lugar 18 situaciones y 21 afectados; En Galiza las situaciones registradas son 9 y 11 afectados; en Euskal Herria e Illes Balears, presenta 6 situaciones y 12 y 6 personas afectadas, respectivamente. Aragón y Melilla aparecen con 5 situaciones, y 5 y 10 personas afectadas.  En Castilla y León se registran 4 situaciones y 5 personas. También con 4 situaciones está País Valencià, con 10 personas afectadas. Además están registradas 3 situaciones en Asturias y Ceuta, con 3 personas implicadas y 59 afectadas, respectivamente. Con 2 situaciones está Extremadura (2 afectados) y con una: Islas Canarias, Castilla La Mancha y Murcia, con 3 personas afectadas, una en cada Comunidad.

En Castilla y León

El Informe recoge que el 16 de marzo de 2016 , en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca): "P.E.G., al encontrarse preso en una celda de aislamiento, prende fuego al colchón, perdiendo el conocimiento por la inhalación de humo. Se le traslada al Hospital de Salamanca y, al haber mejorado su estado de salud, se le devuelve al Centro Penitenciario, donde nada más llegar recibe una paliza por parte de varios funcionarios de prisiones. Tras lo mismo, le volvieron a llevar a una celda de aislamiento, en la cual le ataron boca abajo a la cama para, posteriormente, volver a agredirle con diversos golpes. Estuvo unas 36 horas atado a la cama, según el relato del denunciante. Estos hechos fueron denunciados frente al Juzgado de Guardia de Salamanca. Este mismo interno volvió a recibir otra agresión el día 24 de marzo de 2016, consistente en diversos golpes realizados por parte de un grupo de unos 10 funcionarios de prisiones con porras en el interior de su celda".

También aparece recogida la agresión denunciada por el Grupo Municipal de IU de Miranda de Ebro (Burgos), el 7 de septiembre de 2016, por hechos ocurridos en la madrugada del día 2, "en los cuales unos agentes de la Policía Municipal, tras dirigirse a un grupo de jóvenes que se hallaban en los alrededores de un pub local, y sin que mediaran actitudes violentas por su parte, comenzaron a agredirlos". Uno de los jóvenes presentó denuncia con un parte de lesiones.

El caso de Soria, se refiere al fallecimiento el 15 de agosto de 2016, de un interno en la prisión. "A falta de confirmación de la autopsia se barajó como posible causa de la muerte, una sobredosis de barbitúricos", doce el Informe.

Criterios

En este nuevo informe se han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en este Estado.

"En este trabajo presentamos las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU: 'Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento'. Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987".

En los 13 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2016 se relatan 3.378 situaciones en las que 8.071 personas se vieron afectadas.

"Las denuncias aumentan y disminuyen sin que pueda observarse ninguna tendencia reseñable. Lo mismo ocurre con las situaciones de tortura y/o malos tratos, si bien con una menor variabilidad. Esto obliga a reflexionar sobre las distintas coyunturas que se ocultan en estos datos y que habrá que valorar en un análisis más pormenorizado, algo que se hace con profundidad en el informe completo, especialmente a la hora de valorar la disminución de situaciones y, sobre todo, de personas afectadas, en los años 2015 y 2016", dice la Coordinadora.

En el informe completo también se desarrolla un análisis de la distribución territorial de los datos recabados, que son superiores en aquellos territorios donde hay una presencia de asociaciones de la CPDT, por lo que insisten tanto en recordar que las situaciones aquí presentadas son "sólo una parte de la realidad, una parte limitada por varias cuestiones que se analizan en el propio informe".

Distribución según las circunstancias de la persona agredida

La CPDT señala que por segundo año consecutivo no se ha recibido ninguna denuncia por tortura en situaciones de detención Incomunicada: "Sin embargo, la figura de la detención incomunicada sigue existiendo y, puesto que este tipo de detención implica en sí misma un trato degradante y puede que hasta un maltrato, es por ello que exigimos, una vez más, su definitiva abolición".

"En segundo lugar", añade la Coordinadora, observamos que vuelve a aumentar el número de personas migrantes que sufren este tipo de agresiones respecto al informe del año anterior, lo que achacamos a las situaciones de maltrato colectivo ocurridas en algunos CIE tras algunas de las protestas que se han dado en el último año".

"En tercer y último lugar", prosigue la CPDT, "queremos señalar el descenso de las denuncias por agresiones en el transcurso o con motivo de movilizaciones sociales respecto al año anterior. Los motivos de estos descensos son muchos y variados, y se recogen en extenso en el informe completo. Pero sí queremos destacar en estas líneas que la externalización de la violencia respecto a las personas migrantes (pese al incremento coyuntural de los datos de maltrato a esta población en el informe de 2016), así como la disminución de las movilizaciones ciudadanas, en el caso de la categoría de las personas agredidas por participar de movilizaciones sociales, unidos al miedo a denunciar y la creencia en la inutilidad de las denuncias judiciales en todos los casos, son factores muy importantes a la hora de explicar estas cifras y su disminución en los últimos dos años".

Funcionarios denunciados

Denuncias según funcionarios denunciados:Cuerpo agresor: C. Nacional Policía: 35 (103 personas afectadas). Guardia Civil: 10 (69 afectados).  Mossos d’Esquadra: 6 (13 afectados). Ertzaintza:2 (2 afectados).

Policías Locales: 13 (17 afectados). Funcionarios de Prisiones: 48 (50 afectados).  Centros de Menores: 2 (4 afectados) y Otros (Policía Portuaria de Barcelona):1 (1 personas).

"Estos datos confirman la situación vista al hablar de las movilizaciones sociales y las personas migrantes: la reducción de situaciones y de las personas afectadas, en general, conlleva una reducción de los agentes de los CFSE denunciados. Sin embargo, el número de situaciones y personas afectadas en prisión, y por lo tanto de FIIPP denunciados, se mantiene más estable que el de las otras categorías, lo que nos habla del problema endémico que la tortura y los malos tratos suponen en las cárceles, un espacio de especial opacidad e impunidad. La única novedad respecto a informes de años anteriores es la aparición en el apartado 'otros', de una denuncia contra miembros de la Policía Portuaria de Barcelona", señala la CPDT.

Muertes bajo custodia del Estado español

"En el año 2016, tuvimos noticia del fallecimiento de 34 personas mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o del personal de algún otro espacio de custodia público, o por su actuación directa durante intervenciones policiales (por ejemplo, como resultado de un accidente durante una persecución)", apuntan.

Según los datos que constan a la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT): "Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2016, hemos tenido constancia directa de 650 fallecimientos en estas circunstancias, aunque somos conscientes de que muchas de estas muertes no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes inevitables, creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación. Pero con independencia del reproche penal, la responsabilidad moral de todo fallecimiento que ocurre durante la intervención de funcionarios públicos de seguridad, recae ineludiblemente sobre el Estado".

"En nuestro informe", añade la Coordinadora, "distinguimos dos grupos principales de muertes: las ocurridas en privación de libertad (26 personas) y las ocurridas en otros espacios (un total de 8 personas), incluyendo en este último apartado tanto la vía pública, como el mar o el domicilio particular, cuando las muertes son el resultado de una intervención de las FCSE españolas".

Respecto al cuerpo custodio a la hora del fallecimiento, los datos del 2016 son los siguientes:  Fallecimientos Funcionarios de Prisiones:19. CNP: 7. Guardia  Civil:5. Ertzaintza:1. Mossos d’Esquadra:1. Funcionarios de Centro menores: 1. Total: 34 fallecimientos".

Además, en el informe se incorporan una serie de análisis artículos monográficos en los que se estudian los ámbitos de mayor preocupación para la CPDT en el último año, entre ellos sobre las muertes en prisión (sobre las que hay un análisis cuantitativo y un análisis jurídico), sobre los cambios en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en lo referido a la investigación de las denuncias por tortura, sobre el aislamiento penitenciario en las cárceles catalanas, sobre la problemática de la prevención de la tortura en el actual contexto de apoyo social a la misma, y sobre la perspectiva psicosocial en la gestión de las denuncias y el trato con las víctimas de la tortura y otros malos tratos.

Como todos los demás informes, el informe completo del año 2016, junto con este resumen, estarán disponible en la web (http://www.prevenciontortura.org/).
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(*)La CPDT está compuesta por las siguientes entidades: ACAT (Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura) / Alerta Solidaria / APDH Andalucía / Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia / Asociación Apoyo / Asociación Concepción Arenal / Asociación Contra la Tortura / Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid / Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza / Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento / Associaciò Memoria contra la Tortura / Associaciò Catalana per a la Defensa dels Drets Humans / Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos - Euskal Herriko Giza / Eskubideen) / CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) / Campaña por el cierre de los CIE / Centro de Documentación Contra la Tortura / Comissiò de Defensa del Il.lustre Col.legi d’Advocats Barcelona / Comissió de Defensa del il.lustre Col·legi d’Advocats de Girona / Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Balears / Comisión Legal Sol / Comité Anti-Sida de Lugo / Coordinadora Contra la Marginación de Cornellá / Coordinadora de Barrios / Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas / Esculca (Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades) / Eskubieak (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea) / Etxerat! (Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea) / Exil / Federación de Asociacions de Loita contra a Droga / Federación Enlace / Grupo de Acción Comunitaria (CAC) / Grupo de Derechos Civiles 15M de Zaragoza / Grupo 17 de Marzo (Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos) / Independientes / Iridia. Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional / Jaiki-Hadi / Justicia y Pau / Movemento polos Dereitos Civis / Observatori Sistema Penal y DD. HH. / Obra Mercedaria de Valencia / Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades) / PreSOS Galiza /Rescat / Salhaketa Bizkaia / Salhaketa Gasteiz / Salhaketa Nafarroa / SOS Racisme Catalunya/Subcomisión Pènitenciaria del CGAE/ Torturaren Aurkako Taldea/ Xustiza e Sociedade de Galicia.

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