ENTRADA A LA RESERVA REGIONAL DE CAZA EN EL PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA.
ENTRADA A LA RESERVA REGIONAL DE CAZA EN EL PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA.

La Junta de Castilla y León ha anunciado esta tarde que tiene previsto solicitar una aclaración formal sobre la cuarta Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que evidencia que la administración autonómica ha regulado la caza de aves ilegalmente, ya que no considera su fenología reproductiva ni el estado de sus poblaciones; entre otras muchas cosas, según Ecologistas en Acción.

El Ejecutivo autonómico anuncia ya que “dado que la Sentencia no es firme, se preparará recurso de casación al no compartir la interpretación efectuada por la Sala sobre determinadas cuestiones de carácter normativo así como de índole científica y técnica”. Mientras tanto, “por razones de seguridad jurídica, y en cumplimiento de los artículos 7.1 y 41.1 la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, la Consejería publicará la orden anual de caza antes del 30 de junio, garantizando el aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre y las externalidades que la caza aporta al medio rural y a toda nuestra Comunidad”. “Los cazadores podrán seguir practicando su actividad bajo el amparo de la normativa cinegética vigente. Al mismo tiempo se ponen en marcha los mecanismos jurídicos procedentes para ajustar la situación normativa a los criterios de la sentencia, ante la eventualidad de su firmeza con el mismo sentido”, ha anunciado esta misma tarde a través de un comunicado oficial.

Varios artículos (9.4, 13, 14, 15 y 19.1.a y 19.1.b y anexo I que define el periodo reproductivo de las especies cinegéticas de Castilla y león) del Decreto 32/2015 relativo a la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre han sido anulados por la sentencia 604/2017 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León motivado por un demanda Contencioso Administrativa de Ecologistas en Acción de Castilla y León contra el citado Decreto.

Según Ecologistas en Acción, “es importante destacar, y así lo ha hecho el tribunal, que este proceso judicial tiene precedentes en otras sentencias que anularon la orden de vedas de caza del año 2002 y 2010 por ser contrarias al ordenamiento jurídico. Previamente una sentencia ya había anulado el Decreto 172/1998 que regulaba las especies cinegéticas. Estas sentencias obligaban a la Junta de Castilla y León a aprobar un Decreto que regulase correctamente y específicamente la caza de cada una de las especies cinegéticas. Algo que hizo con la aprobación del Decreto 65/2011 que fue anulado por el TSJCyL en 2015 por carecer de un informe del Consejo Consultivo; no entrando aquella Sentencia en el fondo de la demanda ecologista”.

“La Junta, en vez de reaccionar inteligentemente y elaborar un nuevo decreto que solucionase las irregularidades que los ecologistas mostraban en su demanda, se empecinó en aprobar el mismo texto en un nuevo decreto en el año 2015 (Decreto 32/2015)”, valora el colectivo.

El anterior Decreto 65/2011 y el ahora anulado 32/2015 regulaban la caza de las aves (en especial las migratorias y sobre todo la tórtola y codorniz) de forma contraria a la Directiva Aves (2009/147/CEE) que permite cazarlas en función del estado de sus poblaciones y en unos periodos que no coincidan con su reproducción y cría, que varía según la fenología y geografía.

“Ahora bien, los estudios científicos (Informe Comité Ornis, y los datos del estudio SACRE de la Sociedad Española de Ornitología -SEO-) muestran que las poblaciones de algunas de estas especies están mermadas y que durante su temporada de caza están todavía criando. Cuestiones que han sido inexplicablemente ignoradas por la Junta, que todos los años inicia la caza de la Codorniz el 15 de Agosto (Día de la Virgen) y otorga un cupo de piezas/cazador/día de 30, sin considerar las peculiaridades climáticas de ese año, el desarrollo de la vegetación o el estado de las poblaciones y sus periódicos reproductivos”, recuerda Ecologistas en Acción antes de denunciar que “la contumacia de la Junta es tan supina que aprobó este Decreto 32/2015 sin considerar la Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 24 de enero de 2011, que anulaba la caza de la codorniz y de la tórtola en esa región, y que se basaba en los mismos argumentos que Ecologistas presentó en Castilla y León”.

En la práctica, el mayor efecto de esta Sentencia es que la caza de aves, y especialmente en media veda, carece de soporte jurídico. “En caso de aprobarse un nuevo Decreto”, advierte Ecologistas, “éste deberá venir avalado por rigurosos estudios científicos, que evaluasen el estado de las poblaciones de aves y su periodo reproductivo real”. “Esta correcta regulación permitirá la conservación, actualmente no asegurada, de las poblaciones de codorniz y tórtola y otras aves, y por tanto que su caza se pueda poder realizando en un futuro de forma equilibrada desde el punto de vista ecológico, es decir sostenible”, valoran.

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