El procurador del PP y alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno. Foto: PP
El procurador del PP y alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno. Foto: PP

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Burgos ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas contra el alcalde de Olmedo y procurador del PP en las Cortes, Alfonso Centeno, por los delitos de cohecho y prevaricación a raíz del disfrute de un viaje a Japón en compañía de su mujer y directivos de la empresa Isolux-Corsan.

En un auto con fecha de hoy, 10 de julio, la sala entiende que Centeno, cuando prestó declaración el pasado 7 de junio, “aportó prueba documental acreditativa de que su viaje -y el de su esposa- no lo pagó la empresa que se dice, sino él mismo, quedando solamente en el ámbito del cohecho de complacencia la oficiosidad de la organización y gestión a cargo de aquélla, reflejada en los correos electrónicos que ponen de relieve, quizá, su interés y la importancia de la presencia de Alfonso Centeno Trigos -hasta el punto de que algunos de los mensajes se encabezaban con su nombre, a modo de epígrafe, salvo que fuese un simple orden alfabético u otro igualmente desprovisto de especial significado-, pero que, desde luego, no implican ni reflejan en absoluto el abono de los gastos a él correspondientes por parte de la empresa, porque las facturas pendientes a cargo de ésta y la forma de pago a que alude la agencia de viajes no se dice en ningún momento, ni cabe presumir, que se refieran, entre todas las personas de cuyo viaje se trataba, precisa y concretamente al aforado”.

El tribunal descarta de plano el posible delito de cohecho: “Los correos que levantaron la sospecha de que el viaje al Japón del investigado y su esposa lo había pagado ISOLUX-CORSAN no acreditan ni siquiera indiciariamente que fuesen sus concretos gastos, y no los de algún otro viajero, los que allí se mencionan, sino que la documentación presentada por el inculpado es suficientemente acreditativa de que lo pagó él, y que el haber dejado la organización del mismo en manos de una empresa interesada en adjudicaciones propias de su cargo no alcanza a constituir dádiva, presente o retribución penalmente significativa, ante lo cual hemos de concluir que la instrucción ha quedado circunscrita, efectivamente, a una eventual prevaricación”.

Pese a que la Fiscalía ha solicitado a estos efectos el listado de las operaciones celebradas entre la Diputación de Valladolid, o su sociedad de capital público SODEVA, y la empresa ISOLUX-CORSAN, supuestamente pagadora de la dádiva, con la finalidad de detectar irregularidades o ilícitos vinculados a ella, el tribunal rechaza revisar todos los contratos suscritos por la Diputación con la empresa Isolux-Corsan siguiendo este razonamiento: “El Juez no instruye para ver si hay indicios de delito, sino porque los hay, y esta distinción, aplicada al caso que nos ocupa, condiciona los pasos a dar, teniendo en cuenta que no consta que nadie, ahora ni a lo largo de diez años, haya ejercitado la acción pública, popular o particular por la detección o sospecha de delito en ninguno de los expedientes cuya relación se ha unido a los autos, lo que nos aboca a adoptar una de dos resoluciones: o el sobreseimiento del artículo 637. Io, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o la que entendemos contraria a la naturaleza del procedimiento, según venimos razonando, que sería ordenar la supervisión de todos y cada uno de los contratos del listado -y más que hubiere- con el fin de comprobar si son o no conformes a derecho”.

Es cierto que cabría encontrar sin esfuerzo ejemplos de este tipo de actuación, pero lo serían más bien, a juicio de este Instructor, de un exceso en sus funciones que supondría utiliza el Derecho Penal como una suerte de jurisdicción superfetatoria para el control indiscriminado de las Administraciones Públicas, motivo por el cual no va a acometerse, acordando en su lugar el sobreseimiento libre de las diligencias”, se concluye en la auto.


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