Acceso a la Central Nuclear de Santa María de Garoña. Foto: CSN
Acceso a la Central Nuclear de Santa María de Garoña. Foto: CSN

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha denegado la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. Tras esta denegación, el cese definitivo de explotación, declarado por la Orden IET/1302/2013, de 5 de julio, pasa a considerarse definitivo a todos los efectos.

Este es el anuncio oficial del Ministerio que supone echar el cierre a la central nuclear más vieja del país y poner fin a cuatro años y medio de incertidumbres en los que la Junta de Castilla y León, en manos del PP, se ha quedado sola en la defensa de esta cuestionable fuente de generación de energía que fue inaugurada en 1970 y terminó su actividad el 16 de diciembre de 2012, después de haber operado durante 42 años y medio.

Según el Ministerio, el caso de Garoña se constituye como una excepción, ya que es la única central que lleva más de cuatro años sin funcionar y durante este tiempo se ha constatado que la falta de producción de energía eléctrica de esta central no ha tenido una repercusión significativa en el sistema eléctrico. Se trata de una central nuclear de 466 megavatios de potencia eléctrica, una potencia significativamente inferior a la de las centrales nucleares que se encuentran funcionando en España, todas ellas con una potencia de más de 1.000 megavatios.

Las decisiones relativas a la continuidad de las centrales nucleares que actualmente cuentan con autorización de explotación “se adoptarán teniendo en cuenta el contenido del futuro Plan Integral de Energía y Clima que se encuentra pendiente de elaboración”, explica el Gobierno.

La organización ecologista Greenpeace celebra que el Ministerio de Energía haya denegado la renovación de Garoña, “por falta de certidumbre para operar con seguridad, por falta de interés del operador, Iberdrola y Enel-Endesa, y el impacto nulo en el sistema eléctrico,” dando paso al desmantelamiento de la central nuclear. “Esto ha pasado y todas las personas de Greenpeace que han ayudado para que esto ocurra estamos muy contentas porque se abre la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España. Garoña cierra porque la ampliación de su vida no es rentable para sus dueños, pero lo celebramos porque cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias”, afirman.

Según Ecologistas en Acción, perteneciente al Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), la negativa del permiso de funcionamiento a Garoña pone fin a un largo proceso plagado de oscurantismo, falta de democracia y de decisiones controvertidas del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Francisco Castejón, portavoz de la organización ecologista y coordinador del MIA, afirma que “Garoña ha servido para abrir el camino a la prolongación del funcionamiento del resto del parque nuclear español”.

La no concesión del permiso a Garoña pone fin a “un largo y tortuosos proceso político y económico” donde, para Ecologistas en Acción, “esta central ha sido usada como rehén por las eléctricas frente al Gobierno del PP”. "Ha sido usada también como instrumento para modificar de manera importante la legislación y los reglamentos para prolongar el funcionamiento del parque nuclear español", afirma Castejón.

La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, tras conocerse la noticia, ha urgido al Gobierno la puesta en marcha del plan alternativo para la recuperación económica de las comarcas del entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña- Merindades, Miranda de Ebro y La Bureba-.

La también diputada nacional considera que “hoy se termina la gran mentira del PP”, al que acusa de haber “engañado durante los últimos cinco años” a los habitantes de la provincia y a los trabajadores de la central “por un puñado de votos”. Concluye, además, que el Partido Popular de Burgos ha vuelto a demostrar que “carece de peso político” y urge al Gobierno a ponerse en contacto con los municipios afectados por esta decisión. “Exigimos que se entable el diálogo con ellos para afrontar la gestión de residuos”, apunta.

José Ignacio Delgado, procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, ha asegurado que “la prioridad ahora son las familias que se quedan sin empleo, debemos apostar por generar alternativas y oportunidades de futuro en la zona mientras se realiza el desmontaje de la central”.

“En Ciudadanos apoyamos el diseño e implementación de un plan de reindustrialización local siempre que cuente con la necesaria evaluación del mismo especialmente en materia de creación de empleo” ha señalado Delgado. “Hay que invertir, pero a la vez facilitar actividad alternativa, ser competitivos para generar nuevo tejido y evaluar si lo que se hace con dinero público sirve o no para generar oportunidades dado el escaso éxito que han tenido planes conceptualmente similares en nuestro país”.

Delgado ha criticado que “las políticas improvisadas en materia de energía del Partido Popular en estos últimos años las han pagado los ciudadanos de su bolsillo en la factura de la luz”.

El PP de Castilla y León, solo

El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez ha sido el encargado de poner cara hoy al enfado y verbalizar la pataleta del Ejecutivo autonómico por la decisión adoptada por un gobierno de su mismo color político.

De Santiago-Juárez ha tachado la decisión de “error histórico”, ha reconocido que la Junta “se ha quedado sola” en la defensa a ultranza de la vieja instalación nuclear y no ha tenido reparo al asegurar que el PP regional se siente “decepcionado” con la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy, cargando las tintas contra el ex ministro Soria.

El vicepresidente ha aprovechado la rueda de prensa para anunciar que la Junta implementará un impuesto medioambiental para que los propietarios de la central paguen ahora por el combustible acumulado “ya que a partir de ahora la central se convierte en un depósito”.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha remitido una carta a Rajoy en la que le pide que el Gobierno de la nación lidere un plan para reindustrializar la zona en el que debe participar Nuclenor.

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